El presidente del Gobierno ya lo avanzó. Ya anticipó el miércoles pasado en el pleno del Congreso cuál sería el marco, la narrativa en la que los socialistas quieren encajar el próximo ciclo electoral, el que arranca el 21 de diciembre en Extremadura y el que seguirá, previsiblemente, en Castilla y León en marzo y en Andalucía en junio, si es que no se convocan más comicios, ciclo que pasará por una segunda etapa ya en 2027 —siempre en teoría— con las generales y las municipales y autonómicas. Pedro Sánchez quiere confrontar la gestión de su Ejecutivo, el que patrocina el papel "protector" del Estado, con la de las comunidades autónomas que lidera el PP, que a su juicio no invierten los ingentes recursos que el Gobierno les transfiere —300.000 millones más en los últimos siete años— en el refuerzo de los servicios públicos, sino en "regalos fiscales" a los más ricos.

Ese relato que asomó en la Cámara baja hace menos de una semana fue nutrido este lunes por la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, con la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera, ante los consejeros autonómicos del ramo, a los que presentó la nueva senda de estabilidad y a los que anunció que pretende tener listo, entre enero y febrero, el nuevo modelo de financiación para las comunidades del régimen común. Ambas decisiones se traducen en más dinero para los territorios que el PP, incidió ella misma, rechaza. Un poderoso argumento que utilizarán los socialistas en las convocatorias electorales por venir. Y que ella misma podrá emplear como candidata en Andalucía frente al presidente de la Junta, Juanma Moreno.

El Ejecutivo intentó en la legislatura pasada ir diseñando el nuevo modelo "por trozos", por variables, pero no logró el consenso, y ahora por presentar un plan global, integral

A esos dos elementos se sumarán al menos otros más: el proyecto de quita de la deuda —por la que el Estado asumiría 83.252 millones del pasivo de las CCAA y les liberaría del pago de 6.700 millones del pago de intereses— y los Presupuestos Generales del Estado de 2026, que Hacienda podría llevar al Congreso a primeros de año. Las cuatro medidas (senda, reforma de la financiación autonómica, condonación de la deuda y Presupuestos) tienen, sin embargo, muy difícil aprobación parlamentaria, dada la ruptura de relaciones con Junts.

El modelo de financiación vigente se aprobó en 2009 por otro Gobierno socialista, el de José Luis Rodríguez Zapatero, y caducó en 2014, hace 11 años. Ese diseño ha sido criticado de forma generalizada por las CCAA, por el desequilibrio territorial y su mal desempeño en tiempos de vacas flacas. El Ejecutivo de Sánchez ya intentó la legislatura pasada alumbrar un nuevo sistema, ofreciendo a los gobiernos autonómicos una participación en su diseño, debatiendo "por trozos" cada variable —población ajustada, dispersión poblacional...—, pero fue "imposible que hubiera una aproximación de los territorios a un consenso" de cada uno de esos parámetros. Ahora, Hacienda ha seguido un procedimiento completamente distinto: componer un plan "global". Es decir, que el modelo que ella misma presente a últimos de enero o en febrero en una reunión exclusiva del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) será íntegro, completo, con todas las piezas encajadas, por lo que no cabrá que las CCAA participen en el dibujo. "¿En qué quedamos?", se preguntó la vicepresidenta, tras recordar que el PP se negó a aportar ideas en la primera fórmula de debate, "por trozos", por lo que ahora entiende que no puede protestar.

La reforma se abordará en un Consejo de Política Fiscal y Financiera monográfico a principios de año, pero al ser una ley orgánica tiene que ir a las Cortes y requiere de la absoluta en el Congreso

En todo caso, recordó, la reforma no solo tiene que aprobarse por el CPFF —órgano en el que Hacienda dispone del 50% de los votos, con lo que le basta el apoyo de una comunidad socialista para sacarlo adelante—, sino que es una ley orgánica que ha de respaldar por mayoría absoluta el Congreso. Una cifra, 176 diputados, que la coalición de PSOE y Sumar solo alcanza o con todo el bloque de investidura (incluido Junts) o con el PP, al que Montero no ve "dispuesto a posicionarse" con un nuevo modelo de financiación, ya que su planteamiento en Andalucía "no es el mismo" que el de Madrid, Galicia o Aragón. Así que espera que el hecho de no participar en el diseño del nuevo sistema "no sea excusa" porque "antes tuvieron la oportunidad y no fue posible". Lo que permitirá el camino elegido por Hacienda es que cada comunidad podrá comprobar cómo se comporta el nuevo modelo en su territorio. "Vamos a hacerlo en su totalidad, de forma que uno pueda ver el resultado global para Extremadura, para Galicia, para Andalucía, para Cataluña, para Madrid, para el conjunto de comunidades autónomas", explicó.

Reducir la brecha hoy existente, de 1.005 euros por habitante

La vicepresidenta no dio detalles acerca de los cambios que traerá el próximo modelo. Sí contó las líneas maestras que lo guiarán. Entre ellas, la reducción de la brecha en financiación por habitante ajustado —que hoy es de 1.005 euros por habitante, y el objetivo es "achatar" esa diferencia entre la región mejor financiada y la que menos—, la reformulación del sistema de entregas a cuenta o el despliegue de un modelo en red entre las comunidades (con más poder para las agencias autonómicas). Montero explicó que el futuro modelo será aplicable a todas las CCAA del régimen común —es decir, todas menos los dos territorios forales, Euskadi y Navarra—, aunque se contemplarán "singularidades". Además, la solidaridad interterritorial será un aspecto clave y se recogerá de forma "explícita, transparente y basada en criterios objetivos". También habrá una mejora sustancial de recursos para todas las comunidades, por lo que se podrán seguir reforzando la educación, la sanidad o la dependencia. Es decir, que el Gobierno pondrá más dinero encima de la mesa.

Se introducirá un elemento relevante: previsiblemente, se aumentará el porcentaje cedido a las comunidades de algunos impuestos que forman parte del sistema financiero. La ley vigente cede el 50% de la recaudación del IVA y del IRPF y el 58% de los impuestos especiales. De nuevo, no hubo concreciones: "Hemos dicho a las comunidades que de algunas figuras tributarias vamos a aumentar la gestión, no me pregunte cuál y cuánto", respondió a los periodistas. No se habló en la reunión de este lunes de la incorporación de nuevos impuestos para sostener el nuevo modelo, sí de la posibilidad de ceder alguno ya existente, como el de la banca.

La previsión de Hacienda es la de aumentar el porcentaje de los impuestos cedidos a las CCAA (como IVA o IRPF), y se combinará el "debate multilateral" con la posibilidad de discutir ciertos temas de modo "bilateral"

El PP, que lidera los ejecutivos de 11 autonomías (cogobierna también en Canarias) y de las dos ciudades autónomas, avanzó a través de sus consejeros que no cree que Montero cumpla con los tiempos de una propuesta basada en la "bilateralidad", porque se negocia una financiación singular para Cataluña, y eso es "incompatible con la multilateralidad" del sistema de régimen común, informa EFE. Pero la vicepresidenta recordó que en el actual modelo "ya existe cierta bilateralidad", y lo lógico es que las competencias que no son homogéneas se discutan en un marco "bilateral". Es decir, que "se puede incorporar una bilateralidad sin que compita con el resto de las bilateralidades del sistema". O expresado de otro modo: será "un debate multilateral con posibilidad de abordar determinadas materias de manera bilateral".

A la titular de Hacienda se le preguntó si cabía suponer que queda fuera del nuevo sistema el principio de ordinalidad. "No deis por hecho nada. Podría contemplarlo", respondió. Y es que esa una cuestión muy relevante. Porque Montero está negociando la nueva arquitectura de la financiación autonómica con la Generalitat de Catalunya y con ERC, el partido que posibilitó que Salvador Illa se convirtiera en president en agosto de 2024. Para los republicanos es un principio irrenunciable, y en el acuerdo que alcanzaron el Govern y el Gobierno el pasado mes de julio simplemente se decía que esa era la posición del Ejecutivo catalán, sin que Hacienda la asumiese. ERC continúa presionando y el Gobierno se resiste, pero las palabras de la vicepresidenta este lunes buscaban aplacar a la formación de Oriol Junqueras y acercar el pacto. Cerrar un acuerdo con los independentistas ayudaría a desbloquear los presupuestos de 2026 de Illa. Porque la partida se juega en Madrid, con Sánchez, pero también en Barcelona, con el president.

La vicepresidenta señala que el nuevo sistema "podría contemplar" el principio de ordinalidad, que exige ERC. Porque la partida se juega en Madrid y en Barcelona. También habrá un modelo tributario en red

La reforma debe también, para Hacienda, reordenar las reglas del juego del sistema. Las CCAA verán aumentada su capacidad normativa, tendrán mayor autonomía, pero a la vez mayor corresponsabilidad fiscal. El nuevo modelo en red tributario implicará que los gobiernos autonómicos puedan asumir mayor competencia en la gestión de los tributos sin que eso vaya "detrimento de la Agencia Tributaria", como precisa Hacienda. Algo que persigue dotar de más peso y más competencias a la Agència Tributària de Catalunya, como demanda ERC. El pacto con el PSC también incluía tener en cuenta el llamado dumping fiscal. Montero apuntó que su posición es que deberían introducirse desincentivos para esa competencia fiscal a la baja entre CCAA, por la que siempre se señala a Madrid. "No está definido todavía y es algo que tendremos que discutir mucho con las comunidades autónomas", advirtió la ministra.

El PP no querrá ni siquiera "discutirlo"

¿Qué tiempos maneja el Gobierno? Montero indicó que el primer paso será esa reunión monográfica del CPFF para enero o febrero. Luego, el nuevo modelo será aprobado por el Consejo de Ministros, y de ahí el texto será enviado al Congreso para que arranque su tramitación parlamentaria. "Mi idea es que antes de que acabe la legislatura esté aprobado", añadió, precisando que su deseo es que la reforma esté en vigor en 2027. Año electoral.

Montero quiere que el modelo esté aprobado antes de que acabe la legislatura y pueda entrar en vigor incluso en 2027. Pero todo dependerá de Junts

La aprobación será prácticamente imposible. La propia vicepresidenta dio por hecho que el PP lo rechazará. Por lo expuesto por los consejeros populares en la reunión, entiende que no cabe "ilusionarse" con la posibilidad de que la formación de Alberto Núñez Feijóo "quiera siquiera discutirlo". El Ejecutivo entonces tendría que sacarlo adelante con todo el bloque de investidura. Ahí el primer obstáculo es Junts, que con su ruptura con los socialistas advirtió de que vetaría todo proyecto llegado del Gobierno.

Pero al PSOE le es suficiente, en realidad, con que el modelo sea presentado. Como ya informó este periódico hace un mes, la intención de Montero era tener listo el nuevo modelo antes de que ella misma arrancase su campaña como candidata en Andalucía. Y, salvo que Juanma Moreno adelante los comicios —algo muy improbable, dado que los populares quieren alejar todo lo posible las urnas de la crisis de los cribados de cáncer de mama—, ese objetivo estaría conseguido. La vicepresidenta primera (y secretaria general de los socialistas andaluces) podrá defender una reforma que proporciona recursos extra a Andalucía y que el PP rechaza. Para rebatir el discurso del "agravio", ella misma incidió en que ninguna comunidad saldrá perjudicada.

Falta por remitir al Congreso el proyecto de quita de la deuda, que supondrá que el Estado asumirá 83.252 millones de las CCAA del régimen común y les liberará de 6.700 M€ del pago de intereses

Es el mismo argumento que había rubricado cuando, en febrero, presentó ante los consejeros autonómicos el proyecto de condonación de la deuda de las CCAA, proyecto que llegó al Consejo de Ministros en septiembre y que aún tiene que regresar de los órganos consultivos para que el Gobierno lo envíe al Parlamento. Montero ha insistido siempre en que aunque era un compromiso de investidura contraído con ERC, su propuesta sería extensible a todos los territorios. Y eso fue lo que planteó este año: la asunción, por parte del Estado, de 83.252 millones de euros de deuda de las CCAA de régimen común (un ahorro de 6.700 millones en intereses). La gran beneficiada, en términos absolutos, sería Andalucía (18.791 millones), seguida de Cataluña (17.104) y Comunidad Valenciana (11.210). Hacienda pretende enviar la ley de la quita al Congreso a principios de 2026.

Este lunes, el Gobierno presentó a las CCAA la nueva senda de estabilidad para el periodo 2026-2028, que fue aprobada con el voto de los gobiernos autonómicos socialistas, el no rotundo de los del PP y la abstención del Ejecutivo canario —que comparten CC y los populares—. La meta de déficit para las comunidades será del 0,1% del PIB en los ejercicios 2026, 2027 y 2028, lo que les ofrece un margen presupuestario de 5.485 millones adicionales para todo el periodo.

La meta de déficit para las comunidades será del 0,1% del PIB en los ejerciciios 2026, 2027 y 2028, lo que les ofrece un margen presupuestario de 5.485 millones para todo el periodo

El Consejo de Ministros aprobará este martes la senda y la remitirá al Congreso junto con el techo de gasto (que no se vota). Junts, según ha adelantado ya, votará en contra, al igual que PP y Vox, como ocurrió en julio de 2024. Esa primera votación se producirá, si todos los grupos en la Cámara están de acuerdo, la semana que viene, la última de noviembre. Entonces, el Ejecutivo tendrá que volver a validar esos objetivos de déficit y deuda y mandarlos otra vez al Congreso, que Montero espera que vote en el único pleno programado para diciembre, el de los días 9 a 11. Con ese doble rechazo, ¿qué ocurre? Pues que el Ejecutivo tendrá que elaborar los nuevos Presupuestos de 2026 con la senda anterior, ya que "nunca el Reino de España se queda sin objetivos de estabilidad". Se aplicarían los objetivos del plan fiscal estructural (2,1% de déficit en 2026), con la diferencia de que comunidades y ayuntamientos tendrían que cerrar con estabilidad presupuestaria. Sin poder incurrir en déficit, por tanto.

Una "orden", y de Génova

Dicho de otro modo, la propuesta del Gobierno, esgrimió Montero, es generosa con las CCAA, puesto que la Administración central "se desprende de una capacidad de gasto para darla a los territorios", así que si esa senda no resulta aprobada, ese margen "pasará a engrosar a otros subsectores". O sea, que quienes tendrán más desahogo serán el Gobierno central y la Seguridad Social. Por eso la vicepresidenta interpreta que rechazar la senda es "tirarse piedras contra su propio tejado". Vamos, que si las CCAA votaron este lunes en contra de unos objetivos con los que se abstuvieron en el CPFF anterior es porque "ha habido una orden". Una orden, siguió, de Génova. O sea, de Feijóo.

La ministra cargó contra los populares, por ser ellos los que impedirán que salgan adelante los nuevos objetivos de estabilidad, pese a que a ellos se opondrán también los posconvergentes

El camino diseñado por Hacienda indica que el conjunto de las administraciones deben registrar un déficit del 2,1% en 2026, del 1,8% en 2027 y del 1,6% en 2028. El grueso de la reducción recaerá en el Ejecutivo central, que deberá reflejar un desvío del 1,8% en 2026, del 1,5% en 2027 y del 1,4% en 2028. La Administración central, por tanto, asume "el 90% de la reducción del déficit de España en todo el periodo".

En todo momento, Montero se fijó en el PP. Es decir, no cargó la culpa de que la senda pueda ser rechazada en Junts, a quien el Ejecutivo no quiere soliviantar. Cargó contra los populares por ansiar tumbar unos objetivos más generosos y con los que permitirán gastar más para reforzar el Estado del bienestar. Otra herramienta para las campañas que vienen. La vicepresidenta resaltó así una y otra vez que las CCAA podrían contar con 5.485 millones extra si se aprobara la senda.

Porque otro dato que destacó ella misma es que las CCAA recibirán en 2026 un récord de las entregas a cuenta, por valor de 157.731 millones, una ligera mejora respecto a la cifra comunicada en julio por el mayor dinamismo de la economía española. Las entregas son un 7% superiores a las de 2025. Si además se suma la previsión de liquidación para 2024, se llegaría a una nueva cifra tope. Los recursos del sistema de financiación previstos para 2026 serán de 170.300 millones, un 7,7% más que lo que ingresaron las comunidades en 2025. "Nunca antes había puesto el Estado tantos recursos a disposición de los territorios", enfatizó la vicepresidenta. A su vez, los ayuntamientos y corporaciones recibirán 29.246 millones en 2026, un 8,7% respecto a este año. Si se agrega la liquidación para 2024, las entidades locales percibirán del sistema de financiación 30.216 millones, un 4,6% más que en 2025.

Otra herramienta de campaña: los 170.300 millones que recibirán las CCAA en 2026, sumando las entregas a cuenta y la previsión de liquidación para 2024, un 7,7% de lo que ingresaron en 2025

El círculo del Gobierno se redondearía con los Presupuestos de 2026. Los socialistas ya reconocen que no llegarán a presentarse antes de fin de año, como se comprometió Sánchez en octubre. En Ferraz ya se apunta a enero o febrero. Igual que hace la Moncloa. Es decir, justo antes de las campañas en Castilla y León y Andalucía. En el cuartel general, la portavoz del partido, Montse Mínguez, señalaba tras la reunión de la ejecutiva federal —presidida por Sánchez—, que la idea del Gobierno y del PSOE es seguir trabajando para que más iniciativas salgan adelante. Los socialistas celebraban este lunes los dos años cumplidos desde la investidura de su secretario general como presidente, las 46 iniciativas legislativas aprobadas, la expectativa en que continúe la negociación y el diálogo, pese a la negativa de Junts. "Porque detrás de nuestras decisiones está el de proteger o no proteger a la mayoría social de nuestro país", avisó.

Aprobación de Cataluña, recelos de Castilla-La Mancha

Mínguez desplegó ese marco de la precampaña, que vale ahora para Extremadura pero que seguirá para Castilla y León y Andalucía: el PP ha rechazado los 7.000 millones de euros del plan estatal de vivienda, no quiere la condonación de la deuda que les ahorraría el pago de intereses, calificó de "paripé" la reunión de este lunes del CPFF. "¿Para qué quiere el PP gobernar las comunidades autónomas si renuncia a ejercer sus competencias y a mayores recursos? La pregunta que se tienen que hacer los españoles es para qué sirve votar al PP", señaló.

El marco que el PSOE quiere instalar en la campaña es el contraste de los modelos de gestión: el del Gobierno, de "protección" del Estado del bienestar, y el del PP, de "regalos" a los más ricos

La suma de cifras y proyectos de Hacienda proporciona, por tanto, importante munición a los socialistas en plena precampaña electoral. "Discurso", resumen en la dirección. Combustible para poder atacar al PP. Los consejeros populares rechazaron tanto el reparto de los objetivos de déficit por "asimétrico" a favor del Estado como la reforma del modelo de financiación, por entenderla precipitada y sesgada a favor de Cataluña y su demanda de "bilateralidad". Otra opinión manifestaron las CCAA del PSOE. La consellera catalana, Alícia Romero, salió "satisfecha" con la senda y reconoció que le sonaba "bien" la reforma del modelo porque "se alinea mucho con lo que quiere Cataluña". El rechazo del nuevo diseño por la parte socialista llegó por parte del consejero castellanomanchego, Juan Alfonso Ruiz Molina, sobre todo por la bilateralidad, que solo concibe para las competencias propias de la comunidad, porque si no, "es imposible soplar y sorber al mismo tiempo".

España arranca un largo ciclo electoral. Y los socialistas quieren ir a la guerra en las urnas con ese choque de modelos de gestión como marco de debate. Y en él las grandes cifras avanzadas este lunes por Montero, y las que llegarán cuando presente el nuevo sistema de financiación, serán capitales para el combate con el PP.