—No, no quiero hablar. Estoy haciendo un ejercicio de autocontención para no calentarme. Prefiero contar hasta cien. No quiero hablar, no quiero hablar. Me pillas muy cabreado.

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Al otro lado de la línea telefónica, habla un miembro muy destacado del Gobierno, del núcleo duro de Pedro Sánchez. Su voz representa un sentimiento muy extendido en la Moncloa y en la cúpula del PSOE. La irritación máxima, la desazón, hasta la ira. Los socialistas no pueden ni quieren esconder su enojo mayúsculo con el Tribunal Supremo. Este jueves, adelantó el fallo de la sentencia condenatoria contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por el delito de revelación de datos reservados. Dos años de inhabilitación especial para desempeñar el cargo y 7.200 euros de multa más la indemnización de 10.000 euros a Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso. Una sentencia que no está redactada aún y que fue adoptada no por unanimidad, sino por una mayoría de cinco magistrados —los cinco de sensibilidad conservadora— frente a dos juezas progresistas, partidarias de la absolución y que emitirán dos votos discrepantes. No se saben, por tanto, los argumentos que hacen culpable al fiscal general.

El TS firmó la muerte profesional de García Ortiz horas antes de que se cumpliese una semana del final de la vista oral. Un tiempo récord. Y lo anunciaba en otro 20 de noviembre para la historia, en una jornada en la que España conmemoraba la muerte del dictador 50 años atrás. Porque histórica es una condena al jefe del Ministerio Público. Nunca había ocurrido en democracia. Nunca un fiscal general se había sentado en el banquillo, nunca un fallo lo había tumbado. Hasta ahora.

El Gobierno no descartaba que pudiera haber una condena, entraba dentro de sus cálculos, sobre todo por la composición de la Sala, mayoritariamente conservadora. Pero había resuelto que apoyaría al fiscal general hasta el final, hasta sus últimas consecuencias. Un cierre absoluto y sin fisuras que había encabezado el propio presidente, Pedro Sánchez. Él mismo había manifestado en una entrevista en El País, cruzado el ecuador del juicio, que "visto lo visto" en las primeras cuatro sesiones, seguía teniendo claro que era "inocente". "La verdad se acabará imponiendo", vaticinó.

Pero este jueves, a las 14 horas, se conocía el fallo, demoledor para el Ejecutivo, para el propio Sánchez. El PP volvió a pedir la dimisión del presidente por "abuso de poder". "Me voy a morder la lengua", se limitó a advertir, de manera muy expresiva, el ministro para la Transformación Digital y líder de los socialistas madrileños, Óscar López, al que los medios pillaron a la salida de un acto y le trasladaron el impactante titular de la noticia. Poco después, la Moncloa, primero a través de un breve comunicado y luego a través de una declaración sin preguntas del titular de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, manifestaba su posición, evidenciando el choque absoluto con el Supremo.

"El Gobierno tiene el deber legal de respetar el fallo, pero también el deber moral de decir públicamente que no lo compartimos —solemnizó el ministro, con la gravedad dibujada en su rostro—. El Gobierno siempre ha creído y ha defendido la inocencia del fiscal general del Estado. Sin embargo, hoy [por este jueves] el Poder Judicial ha hablado y ha resuelto esta causa. Por ello les anuncio que en los próximos días pondremos en marcha el mecanismo legal para nombrar a un nuevo o a una nueva fiscal general del Estado. Será una persona con una trayectoria profesional y una cualificación jurídica que garantice que ejercerá con solvencia esta función".

El recurso al Constitucional

Bolaños también agradeció a García Ortiz su "compromiso en defensa del servicio público, de la defensa de la ley y de la verdad". Y trasladó una "reflexión" a los que, como el Ejecutivo, no comparten la sentencia: la "discrepancia" con ella "no puede conllevar una desconfianza generalizada en las instituciones y particularmente en la Justicia". "España es un Estado de derecho con garantías y recursos para dirimir las discrepancias con una decisión judicial", remachó, apuntando al siguiente paso: el Tribunal Constitucional. A él podrá acudir una vez que se haya resuelto el incidente de nulidad ante el propio Supremo —un trámite imprescindible pero que rara vez suele fructificar—. Y en él, en el tribunal de garantías, el órgano que deberá pronunciarse sobre su recurso de amparo, la mayoría es progresista.

Sánchez no compareció ante los medios. Pero sí intervino durante la presentación en el Congreso de la serie de Movistar Plus+ Anatomía de un instante, basada en la novela de Javier Cercas sobre el 23-F. El presidente no hizo referencia directa al fallo, pero sí de manera lateral. Elogió el trabajo de los "periodistas valientes" —el testimonio de los informadores en el juicio no ha servido para exonerar a García Ortiz— y advirtió de que la democracia no es una conquista "permanente", sino un "privilegio" que se debe "defender cada día". Defenderla de "nostalgias infundadas, de intereses económicos, de ataques que van cambiando su forma". "Hoy son campañas de desinformación y también abusos de poder. La amenaza, por tanto, sigue ahí, pero también permanece", siguió. Defenderla, a la postre, de "aquellos que se creen con la prerrogativa de tutelarla o de amordazarla". El mensaje era evidente.

El titular de Justicia lanzaba la "reflexión" de que no hay que desconfiar de la Justicia, pese a la discrepancia, consciente del terremoto que se estaba produciendo en las filas de la izquierda. Del enfado mayúsculo que latía en ella. "Nuestra gente está incendiada, está hasta los huevos. ¿Tú sabes lo que nos están diciendo los militantes, y que encima el Supremo hable un 20-N? Hay una parte de la población que está muy indignada", apunta un ministro que se reconocía en llamas.

Misma irritación en Ferraz. "Es una auténtica vergüenza. Viendo como se han podido ver las seis jornadas del juicio, es una vergüenza", señala una integrante de la cúpula de primer nivel que admite que no se esperaba una condena a García Ortiz. "Y lo hacen un 20-N para que nos acordemos bien. A ver cómo montan la sentencia", continúa esta misma fuente. "Nos sentimos resistentes, ya ves que no tenemos tregua. Así celebramos que Franco no ha muerto", manifiesta mordaz otro miembro destacado de la ejecutiva federal de Sánchez.

En la Moncloa creen que la lectura es clara: "El PP se ha puesto del lado de un defraudador fiscal [González Amador], Ayuso se cargó a [Pablo] Casado primero y ahora al fiscal general del Estado para defender sus corruptelas, y la derecha mediática y judicial se pone de su parte". El hecho de que el fallo haya estado listo tan pronto, una semana después del "visto para sentencia", que haya sido adoptado por un 5-2, no es más que una señal, para un alto cargo del Ejecutivo, muy cercano al presidente, de que a los magistrados conservadores "les ha dado igual todo". Que no se han parado en barras. Porque ya tenían decidido de antemano qué tenían que resolver.

La sombra de Marchena

Este responsable mira directamente a Manuel Marchena, juez conservador que presidió antes la Sala de lo Penal y que sigue ejerciendo una enorme influencia entre los magistrados de su sesgo. "Nos tiene odio porque le torcimos el brazo con la ley de amnistía", recuerda este mano. Marchena fue postulado en 2018 como presidente del TS y del Consejo General del Poder Judicial, pero se apartó de la carrera cuando trascendió el mensaje que el entonces portavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosidó, mandó a sus compañeros: con él el partido podría controlar "por detrás" la Sala Segunda del Supremo, la que juzgaría a los líderes del procés.

Pero en el Gobierno y en el PSOE se ha impuesto, también ahora, la máxima de la resiliencia. Sostener el golpe y entrar al combate. "Si creen que nos van a hacer algún daño, se equivocan. La gente nuestra ve a quién tenemos enfrente, ve que los que tienen el poder, la derecha madrileña, quieren mandar sobre todo. Pero no van a poder con nosotros", afirma un alto cargo monclovita. Un ministro rechaza la idea de que esta muesca pueda llegar a debilitar a Sánchez, dada su total implicación en el apoyo a García Ortiz. "Es lo contrario, le refuerza. ¿Que nos quieren tumbar? Pues defenderemos la democracia", responde este peso pesado del Ejecutivo.

En público, los socialistas dejaron ver también su profundo malestar. Patxi López, el portavoz parlamentario, tachó el fallo de "auténtica vergüenza". En las antípodas de Juan Lobato, líder caído del PSOE madrileño muy alejado de la órbita de Ferraz, que pidió a "todos los actores e instituciones políticas" que respeten la condena al fiscal por "el buen funcionamiento de la democracia y del Estado de derecho". Para la titular de Sanidad, Mónica García, máxima responsable de Más Madrid, la sentencia deja "a los pies de los caballos" a toda la ciudadanía frente al ordenamiento jurídico. "Cincuenta años de democracia merecían algo más que dejar todo atado y bien atado". Sumar habló directamente de "golpe judicial" y "la prueba más clara de que algunos sectores del Poder Judicial han decidido entrar en combate político contra el Gobierno".

"Ayuso no se toca"

Los socios de izquierda del Ejecutivo se alinearon en la defensa de García Ortiz y cargaron duramente contra el Supremo. Ione Belarra, secretaria general de Podemos, acusó a la "derecha judicial y mediática" de "asesinar" al fiscal para "tapar la corrupción" de Ayuso y su pareja. "Golpismo judicial, mediático y político" es para su compañera Irene Montero la sentencia, una condena para "proteger a Ayuso y demostrar quién manda aquí".

También Gabriel Rufián, portavoz de ERC, cree que el mensaje que se manda es diáfano: que "Ayuso no se toca". No se tocó, alegó, cuando Casado denunció las comisiones por la compraventa de mascarillas de su hermano —y Casado cayó— ni ahora que se sabe que su pareja pudo defraudar a Hacienda más de 350.000 euros, y por ahora el que cae es García Ortiz. "La primera impresión es de perplejidad", aseguró por su parte la portavoz del PNV en la Cámara baja, Maribel Vaquero, "¿impunidad para quien reconoce haber mentido? La judicialización de la política nos perjudica a todos".

Los socialistas afirman que no se van a arrugar por mucho que aumente la presión tras esta enorme bofetada. El siguiente paso será nombrar a un nuevo fiscal general —"espero que nombremos a uno o una rojo, rojo. Ojalá les entre el sarampión", confiesa un mando del Gabinete— y aguantar la tempestad. Lo dicen desde Ferraz: "Resistir es vencer. Solo te tumban los ciudadanos".

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