Siete veces en apenas una hora y en dos entrevistas consecutivas y en programas de gran difusión en Cataluña. Siete veces reconoció Pedro Sánchez sus "incumplimientos" con Junts. Siete veces empleaba el presidente una palabra de enorme carga semántica y que hasta este martes no había pronunciado desde que los posconvergentes solemnizaron su ruptura con los socialistas. Es más, antes afirmaba lo contrario, que en las cuestiones que afectaban a su entente con la formación de Carles Puigdemont y que dependían de su "completa competencia", el Gobierno había "cumplido" con ella, y en aquellos que no, trabajaba para que se cumpliera.
Solo una palabra, "incumplimientos", valía para resumir el giro discursivo y estratégico emprendido por Sánchez este martes para intentar salvar la legislatura, muy herida por el bloqueo legislativo impuesto por Junts y por los casos de presunta corrupción que atenazan al Gobierno. El presidente, a través de dos entrevistas sucesivas, en RAC1 y en La 2 Cat, y a primera hora de la mañana, decidió dar un paso adelante para intentar recuperar la iniciativa, asumiendo el lenguaje marcado por los posconvergentes —son ellos los que justificaron su divorcio con el Ejecutivo por sus reiterados "incumplimientos"—, adoptando una actitud casi de contrición, buscando casi la redención de sus antiguos socios. En su claro cortejo a la formación de Puigdemont asumió algunas de sus medidas, algunas de las cuales aprobó justo a continuación el Consejo de Ministros.
Tras el pleno de la semana que viene, llega un parón parlamentario de dos meses en el que el Gobierno espera destensar su relación con Junts
Lo que no tiene tan claro el Ejecutivo es si ese gesto será suficiente o no para recomponer la mayoría de investidura y afrontar el segundo tramo hasta 2027, el término natural de la legislatura al que el líder socialista quiere arribar sí o sí, con cierta cobertura. Dado que las negociaciones están rotas con Junts, no hay inputs. No se sabe, advierten en la Moncloa, "si hay agua en la piscina". "Veremos", indicaba horas después de los anuncios uno de los pesos pesados del Gobierno, cruzando los dedos. Los socialistas necesitan desesperadamente tiempo, y el paso dado por su líder se lo proporciona, porque tras el pleno del Congreso de la próxima semana, en el que de nuevo se rechazará la senda de estabilidad, se abre un periodo de dos meses sin actividad parlamentaria en el que el Gobierno confía en que se destensen las relaciones con la derecha independentista catalana, y el empujón definitivo podría culminar si Puigdemont consiguiera la amnistía tras el visto bueno final del Tribunal Constitucional.
Cuando Junts anunció su ruptura con el Ejecutivo, la Moncloa y Ferraz se afanaron en minimizarla, en insistir en que apenas cambiaba nada, porque en el fondo el partido del expresident nunca había sido un socio estable y exigía negociar "pieza a pieza". La legislatura podía seguir su curso sin problemas, aplicando "diálogo". E insistían en que se había "cumplido" con los independentistas. Esa actitud soliviantó a los posconvergentes. Por eso Sánchez, este martes, comenzó reconociendo la "gravedad de la crisis" abierta con Junts, y enfatizó que el acuerdo de investidura firmado en Bruselas en 2023 supuso "una gran oportunidad" de "negociación" y de un potencial pacto "para resolver un conflicto político que viene de largo". Otra concesión retórica a sus socios. Y otra más: el reconocimiento de los "incumplimientos" y "retrasos" (término que usó cuatro veces) por parte del Gobierno. Una especie de mea culpa, de golpe en el pecho. El tipo de gestos que suelen gustar a los de Puigdemont. Bonus: "Si ha sido percibido así por Junts [que él restaba importancia a la crisis], lo lamento mucho porque no es cierto. Hemos tenido siempre muy en cuenta el planteamiento que hacen todos los grupos, singularmente Junts".
Sánchez asume la "gravedad de la crisis" con los de Puigdemont, los "retrasos", incluso que se haya podido percibir que minimizaba la ruptura
Ese era el envoltorio, muy importante, de la cascada de anuncios que fue desgranando en las dos entrevistas que mantuvo este martes. Entrevistas que buscó cuidadosamente la Moncloa. Un medio estrictamente catalán, RAC1, del grupo Godó —editor de La Vanguardia—, número uno de audiencia en radio en la comunidad, y en concreto su programa líder, El món a RAC1, con Jordi Basté, y otro espacio en catalán, Cafè d'idees, que se emite en La 2 Cat —el canal en catalán de TVE— y Ràdio 4, presentado por la periodista Gemma Nierga. RTVE decidió difundirla también por La 1, para toda España, así que quedó garantizada la visualización del giro del presidente en doble circuito: catalán y nacional. Algo también del gusto de Junts. La exposición le permitía también perseguir un cambio de foco: despegarse al máximo del caso Koldo para situar la mirada en la continuidad de la legislatura. Claro que en su segunda entrevista dejó una frase que probablemente le perseguirá mucho tiempo, y la dijo sobre el exministro José Luis Ábalos, mano derecha suya en el partido y en el Ejecutivo hasta 2021: "Desde el punto de vista personal, era un gran desconocido para mí, porque conocí unas facetas de su dimensión personal que fueron muy desconocidas para mí".
Fue Sánchez el que adelantó que el Consejo de Ministros aprobaría minutos después un real decreto ley del que nada se sospechaba hasta ahora. Un texto "con algunos de los acuerdos" que el Ejecutivo había ya "asumido" con Junts. Con él, comunidades autónomas y ayuntamientos podrán emplear el superávit obtenido en sus cuentas durante 2024 para destinarlo a inversiones financieramente sostenibles en 2025, 2026 y 2027. ¿Qué se consigue? Que alcaldes y presidentes de diputación tengan más "facilidad para invertir en proyectos que no impliquen un gasto corriente", como la "construcción de vivienda", la gestión del agua, la recogida de residuos, centros docentes, asistencia social primaria o el alumbrado público, aprovechando los remanentes de tesorería en estos últimos años. El Ejecutivo busca aliviar así a los alcaldes de Junts, el último bastión de poder institucional que tiene el partido de Puigdemont, desalojado de la Generalitat, y que más presionaban a favor de la ruptura.
Otra medida que se incorpora es el aplazamiento hasta 2027 de la adaptación de pymes y autónomos a los requisitos que establece el llamado reglamento Verifactu para la digitalización de los procesos de facturación. Era algo que reclamaba el empresariado catalán y de lo que se hacía eco Junts, subrayó.
El texto también devuelve a la Generalitat la "gestión de la oferta pública de empleo y procesos de selección" de los habilitados nacionales
Se añade asimismo otro punto que no contó Sánchez en sus dos entrevistas, pero que sí detalló el titular para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros: se incluye una modificación de la ley reguladora de bases del régimen local para devolver a la Generalitat de Catalunya la "gestión de la oferta pública de empleo y procesos de selección" de los habilitados nacionales (los funcionarios de la administración local que ejercen como interventores, tesoreros y secretarios municipales). Es una competencia, explicó el Ejecutivo, que se dio ya a Euskadi en 2022 y que todas las autonomías tuvieron entre 2007 y 2013 y con la que el Govern de Salvador Illa podrá convocar de forma "coordinada con el Estado los concursos para las plazas vacantes, resolviendo la asignación del primer destino y las situaciones administrativas pertinentes".
Ayudas a los propietarios por impago
Además, en otra próxima reunión del Consejo de Ministros, se aprobará vía real decreto —sin necesidad de convalidación parlamentaria— una partida que "ayude a los propietarios ante los impagos en caso de arrendamiento a jóvenes o a familias vulnerables". La ponencia sobre la proposición de ley para atajar la multirreincidencia, planteada por Junts, se halla "en el buen camino", hacia un acuerdo con los grupos, y se reunirá el próximo jueves en el Congreso, señaló el presidente. El Gobierno también pretende publicar las balanzas fiscales, como le piden los posconvergentes, y trabaja en una "metodología" de una cifra "cierta o aproximada a la real sobre cuál es la relación fiscal" que tiene Cataluña y el resto del Estado. Ahí hay una "discrepancia" con el partido independentista clara, sobre esa "metodología".
Los grandes asuntos seguirán pendientes, porque no dependen del Ejecutivo solo: la aplicación de la amnistía, el catalán en Europa, la delegación de las competencias migratorias a Cataluña
Los asuntos de más calado político, sin embargo, seguirán pendientes, porque no dependen solo del Ejecutivo. La aplicación de la ley de amnistía a Puigdemont depende de la resolución de los recursos por parte del Constitucional y, posteriormente, de que el Supremo levante las medidas cautelares que pesan sobre él y que le impiden regresar a España. La vía de la negociación con Alemania para que el catalán sea reconocido en las instituciones comunitarias se mantiene operativa, pero Sánchez admitió la fuerte acción de lobby en contra del PP sobre sus colegas europeos. La delegación de las competencias en inmigración a Cataluña solo podría ser reactivada si Podemos se aviniese al acuerdo.
Este miércoles, la portavoz de los posconvergentes en el Congreso, Míriam Nogueras, comparece a primera hora desde Barcelona en rueda de prensa, pero fuentes del partido adelantaron este martes que no ven creíble el "giro de 180 grados" de Sánchez respecto a los incumplimientos de los compromisos contraídos y le exigieron que materialice "todo lo pendiente". "Hasta entonces seguimos igual. Hechos, y no solo palabras", apuntaron, informa EFE.
Por el momento, los posconvergentes adelantan que no ven creíble el "giro de 180 grados" de Sánchez y le piden que materialice "todo lo pendiente"
En la Moncloa aseguraban que habían decidido el salto sin saber "si hay agua en la piscina". Sin conocer realmente si esto bastará para Puigdemont o al menos permitirá ir reconstruyendo puentes. Sánchez aseguró que confía en ir reiniciando el diálogo "en un futuro próximo". El Gobierno tiene puesta la mirada en la vuelta del expresident, un seguro punto de inflexión de la legislatura que podría traducirse, cree, en un acercamiento a sus posiciones. Incluso dando el visto bueno a los Presupuestos de 2026. Pero eso aún es mucho decir.
Sí "merece la pena"
"Lo que no tiene efecto es lo que no se hace. Yo sí que creo que esto se puede reconducir con Junts", aseveraba un ministro de peso en los pasillos el Senado. "Dale tiempo a esto", apuntalaban por su parte en la dirección parlamentaria. Es decir, que ahora hace falta que las cosas se asienten y que este giro de guion del presidente vaya produciendo efectos. Si es que los tiene. Lo que no se prevé es un volantazo de la formación de Puigdemont en el corto plazo. Un ejemplo: el Gobierno aprobó este martes por segunda vez la senda de estabilidad para el periodo 2026-2028 después de que fuera tumbada por el Congreso el jueves pasado. La semana próxima será debatida de nuevo por la Cámara baja y la Moncloa espera el mismo resultado: que decaiga por el no conjunto de PP, Vox y Junts. Dicho de otra manera: no esperan cambios de cara al último pleno del año, pero el Congreso no volverá a tener sesiones ordinarias hasta febrero, y ahí se abre un cierto margen para el Ejecutivo. En febrero también es cuando se calcula que se resolverá la amnistía el TC.
Lo que no tiene efecto es lo que no se hace. Yo sí que creo que esto se puede reconducir con Junts", asegura un ministro. El Gobierno necesita tiempo
En el equipo del presidente justificaron el viraje por la "maduración" del contexto. Es decir, que cuando Junts solemnizó la ruptura, el Gobierno necesitó tiempo parara analizar cómo gestionarlo y para tomar decisiones. De camino, se produjo el llamamiento de Alberto Núñez Feijóo a Foment del Treball, la patronal catalana, para que presionara a Junts y convencerla de una moción de censura contra Sánchez. Una invitación que los posconvergentes rechazaron al segundo y que en el Ejecutivo consideran una "desfachatez", una "actitud de desprecio de los populares". "¿Hasta dónde vais a seguir tragando para mantener lo vuestro?", les preguntó el líder del PP a los independentistas en la manifestación del pasado domingo en el madrileño Templo de Debod, en el que reunió a unas 80.000 personas (40.000, según la Delegación del Gobierno). "El mensaje del presidente pretende dejar clara nuestra posición, nuestra visión de lo que pasa y de que claro que merece la pena", adujeron. Ese argumento, el de que "merece la pena" continuar con la legislatura hasta el final para seguir aprobando medidas que permitan avanzar al país, lo utilizó Sánchez repetidamente en sus dos entrevistas de este martes. Era su forma de decir que no dará por perdido ningún balón hasta el final.
"El mensaje es más importante que las medidas que se han anunciado", insistieron desde la Moncloa. Es decir, que la voluntad es nítida, reconstruir los puentes con Junts y la prueba es que se han sacado del horno cuestiones pendientes, aunque realmente la gran medida que sí se ha cumplido y que ha permitido "normalizar" la situación en Cataluña es la ley de amnistía.
Los socios de izquierda recelan porque contentar a Junts supondría a Sánchez abrazar medidas de derechas, especialmente en materia de vivienda
A falta de la respuesta oficial que dé este miércoles Junts, el giro de Sánchez ha tensado a los socios de izquierdas porque creen que supondrá abrazar las tesis de un partido de derechas. Empezando por el compañero de coalición, Sumar, cuya portavoz parlamentaria, Verónica Martínez Barbero, aseguró que su grupo teme que el PSOE adopte medidas "equivocadas" en materia de vivienda para contentar a los posconvergentes. Así, analizará "la letra pequeña" de las ayudas a los propietarios que sufran "impagos en caso de arrendamiento a jóvenes o familias vulnerables". También Ione Belarra, líder de Podemos, advirtió al presidente de que las "concesiones" en vivienda a los de Puigdemont son "muy peligrosas": "Comprar la agenda antiderecho a la vivienda que quiere imponer Junts es un error". Gabriel Rufián, portavoz de ERC, pidió al presidente que no se deje utilizar por la derecha independentista catalana: "Junts no rompe con el PSOE por incumplimientos, Junts rompe con el PSOE por intereses empresariales e ideológicos. Y eso no lo va a cambiar ni leyes ni buenas palabras. He aquí el error de Sánchez". Pero el presidente ha decidido tomar un camino y jugársela a recomponer los platos rotos con el expresident para salvar la legislatura de muerte prematura.
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