El nuevo modelo de financiación autonómica, el que sustituya al vigente, el aprobado en 2009 y caducado en 2014, dista de ser una realidad. Mucho. Este miércoles, no pasó oficialmente el filtro del Consejo de Política Fiscal y Financiera, no porque la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda no dispusiera de los votos necesarios, que los tenía, sino porque quienes realmente tienen que alumbrarlo son las Cortes. Congreso y Senado. Y aún no existe un proyecto de ley orgánica, se comenzará a redactar a partir de ahora, ni se ha discutido con los grupos parlamentarios.

El sí de ERC, con quien María Jesús Montero ha diseñado el nuevo sistema, está asegurado, y es probable que el resto del bloque de investidura también respalde al Ejecutivo. Pero la duda era y es la misma de siempre: qué harán los siete diputados de Junts. Solo vale su voto afirmativo, no bastaría con su abstención. Por el momento, los posconvergentes reiteran su oposición frontal, pero el Gobierno cree que al final no tendrán más salida que apoyarlo, porque no podrán resistirse al maná de 4.686 millones más solo para 2027. Hacienda está dispuesta a negociar, aunque ya avisa de que el margen es estrecho. Y, sobre todo, tiene claro que las bases del modelo no se pueden tocar. Ni, por supuesto cabe desmontarlo para dar vida a lo que querría la formación de Carles Puigdemont: un cupo para Cataluña. Esa opción está descartada.

Montero se queda sola, con Cataluña, en la defensa del modelo: las CCAA del PP hacen frente común y también lo rechazan las dos socialistas, Asturias, que se abre a negociar, y Castilla-La Mancha

La reunión, este miércoles, de Montero con los consejeros de Hacienda en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) concluyó a las cuatro horas como se esperaba: con la imagen del Gobierno defendiendo su nuevo sistema de financiación con el solitario respaldo de la consellera catalana, la socialista Alícia Romero. No encontró el apoyo del resto de comunidades. Las gobernadas por el PP hicieron frente común, pero tampoco lo avalaron las dos que sí están dirigidas por el PSOE, Asturias —que no obstante sí se mostró dispuesta a negociar— y Castilla-La Mancha, una de las más duras, y cuyo titular de Hacienda, Juan Alfonso Ruiz Molina, aseveró que salía "más decepcionado" de como entraba y cargó contra el "chantaje" de los independentistas. Montero no llevó a votación su propuesta, pactada previamente con ERC, porque a partir de ahora el ministerio emprende una ronda bilateral con todas las CCAA de carácter más técnico para profundizar en el diseño del modelo e incorporar las "mejoras" que se planteen.

Habría podido superar el trámite sin problemas, porque Hacienda dispone del 50% de los votos del órgano, por lo que le era suficiente el sí de una comunidad autónoma. De Cataluña. Pero la vicepresidenta presentó el nuevo sistema y añadió, eso sí, que las CCAA podrán acogerse a él de manera voluntaria, como ocurrió con anteriores diseños en el pasado. Pero el Gobierno cuenta con la baza de que ha puesto más recursos sobre la mesa, 20.975 millones de euros más en 2027, el primer año de vigencia del modelo, si es que se aprueba, y que por lo tanto todas las autonomías "ganan", "ninguna pierde". Las dos que no se verán regadas con más dinero, Cantabria y Extremadura, mantendrán el volumen de recursos actual gracias a la cláusula statu quo.

En paralelo a la ronda bilateral que Hacienda va a emprender con las CCAA, irá redactando el proyecto de ley orgánica, para que entre en el Congreso antes de que acabe el actual periodo de sesiones, el 30 de junio, con la intención, reiteró Montero, de que quede aprobado a finales de año para entrar así en vigor en 2027. La vicepresidenta insistió en que el modelo gozará de toda la "legitimidad", porque son las Cortes las competentes para darles el visto bueno, dado que se trata de una ley orgánica que requiere de la mayoría absoluta del Congreso. Es decir, que no le importa que el sistema de financiación tenga el rechazo, de entrada, de todas las comunidades del régimen común —quedan fuera los regímenes forales de Euskadi y Navarra—, salvo Cataluña, porque quien decide es el Parlamento.

Montero subraya que este no es un sistema "ideado para contentar a Cataluña" o que contenga "privilegios" para ella: es un modelo "más solidario" y no hay ningún "cupo separatista"

Son, por tanto, los grupos. La vicepresidenta no dio datos nuevos durante la reunión del CPFF ni en la comparecencia posterior ante los nuevos, pero sí hizo una defensa netamente política de su propuesta, buscando desmontar las "mentiras" de los gobiernos del PP y procurando no confrontar con las comunidades socialistas que también se oponen a ella, Castilla-La Mancha —o sea, Emiliano García-Page— y Asturias —Adrián Barbón—.

Así, Montero subrayó que es "falso" que este sea un modelo "ideado para contentar a Cataluña". Las formaciones independentistas querían un concierto y lo que se pone encima de la mesa es un sistema "más solidario" que el anterior, y es por tanto "mentira" que se haya pactado con ERC "un cupo separatista". No hay "ningún tipo de privilegio" o de "trato de favor" hacia ninguna comunidad, repitió Montero, y lo que sí hay es un plan que aporta casi 21.000 millones de euros más para que las CCAA los puedan destinar a reforzar su sanidad, educación o dependencia, "para el colchón del bienestar de los ciudadanos". El objetivo es achatar las diferencias de financiación por habitante entre regiones: de los 1.500 euros actuales a 700 (o 477 antes de la aplicación del statu quo para que Cantabria y Extremadura no pierdan respecto a su situación actual).

La vicepresidenta recuerda que más de 15.000 millones de los 21.000 adicionales irán asignados a gobiernos autonómicos del PP

Además, recordó, más de 15.000 millones irán asignados a gobiernos autonómicos del PP (el 70%), el más "beneficiado" por su propuesta. Tampoco se pretende "trocear" la Agencia Tributaria, sino que se apuesta por un "trabajo en red" al que en todo caso podrán adherirse solo los territorios que quieran.

No contiene el principio de ordinalidad

Y es "falso", remarcó, que el plan respete el principio de ordinalidad, pero sí es cierto que "se cumple para algunas comunidades como Cataluña", y esta era una exigencia clara de ERC. "La ordinalidad que contiene el modelo de financiación que presentamos es la misma que tenía el que abandonamos", arguyó, "porque la construcción está hecha sobre los mismos parámetros, y es que las CCAA se quedan con el 25% de su capacidad tributaria y vuelcan el 75%. Pero ahora es más transparente el flujo monetario".

Reta a los conservadores a "confrontar" su propuesta con la del Gobierno, y con "números", no vale, dice un "pseudocumento" con "palabras huecas" y con "literatura"

Como son los partidos que se sientan en el Congreso aquellos que tienen que votar la arquitectura financiera, adujo, Pedro Sánchez ofreció a Alberto Núñez Feijóo pactar unas nuevas bases, pero este respondió con su "negativa permanente". Y por eso el Gobierno, siguió, se dirigió a ERC, su socio de investidura y el partido que había firmado con el PSC una financiación singular para Cataluña. "Si el PP no quiere este modelo, ¿dónde está su alternativa?", se preguntó la vicepresidenta, retando a los conservadores a "confrontar su modelo" con el del Ejecutivo, pero con "números", que no sea un "pseudocumento" como el que ha presentado que no contiene más que "palabras huecas", "literatura" y "principios".

Durante su comparecencia ante los medios, se le preguntó a Montero qué margen tiene para negociar. Porque ahora comienza lo más complicado. El conseguir apoyos. La ministra da por hecho que el PP no se sumará en ningún caso, y por eso aunque agradeció la disposición de territorios como Baleares que se mostraron proclives a hablar, se preguntó si serían suficientes esos gestos para mover la actitud de Feijóo. Es decir, que la cuestión es si llegando a "acuerdos" con esas CCAA más favorables "comprometen el voto" del PP en el Congreso. Porque Hacienda, dijo, debe velar por la "viabilidad" del modelo. Primar que salga adelante en el Parlamento.

No cree que el tamaño de la tarta se pueda agrandar mucho más, porque la propuesta debe ser viable: "Hemos ido al máximo, 21.000 millones. Es muchísimo dinero. No se nos puede ir la olla"

Y ahí es donde cuenta el margen de negociación. Que, por lo que avanzó Montero, es un desfiladero muy estrecho. Ella misma reconoció que no puede hacer mucho más grande "el tamaño de la tarta". Dicho de otro modo, que no cree que los casi 21.000 millones de euros adicionales puedan ser más. "No podemos hacer una propuesta inviable", razonó, porque entonces esos recursos se dejarían de emplear para desplegar otras políticas que también son necesarias. "No es que sea una cantidad cerrada, pero los límites para poder incrementarla mucho van disminuyendo. Hemos ido al máximo. 21.000 millones de euros es la cantidad más importante que ha puesto nunca un Gobierno sobre la mesa. Es muchísimo dinero. No se nos puede ir la olla", sostuvo gráficamente.

Junts: aprovechar la "debilidad" de Sánchez

Montero insistió en que está dispuesta a negociar con los grupos, para buscar "puntos de encuentro", manteniendo, eso sí, unos "límites", que son los obvios, como salvaguardar los "principios" del modelo y que sea viable. ¿Pero entonces, qué diálogo cabe con Junts? Durante la rueda de prensa, la vicepresidenta no quiso entrar en detalles, aunque fuentes muy próximas indicaron posteriormente que el margen es pequeño. Puede aumentarse algo la cantidad, Hacienda es proclive a estudiar las "propuestas" y "mejoras" que los posconvergentes puedan hacer, pero no cabe desvirtuar el modelo. "No habrá cupo", zanjaron. Es decir, que si la formación de Puigdemont persigue que se destruya el plan actual para sustituirlo por un concierto con Cataluña, no sucederá. No será Montero, en todo caso, quien remate esa presunta negociación, porque ella tendrá que abandonar como tarde el ministerio en abril para competir contra Juanma Moreno como candidata socialista en Andalucía. Una cita a la que ella acudirá con el reclamo de los 4.846 millones de euros más que recibiría su comunidad si la propuesta del Ejecutivo prospera.

El Ejecutivo está dispuesto a hablar de "mejoras" del sistema con Junts, pero no a desvirtuar el modelo. Los posconvergentes se mantienen, por ahora, en su 'no': solo ven una "actualización" del vigente sistema

Hacienda cree, como la Moncloa, que llegado el momento de la verdad, cuando se acerque el momento de votar la nueva financiación, Junts no podrá apretar el botón del no. Sus siete diputados son vitales y rechazarla supondría negar a Cataluña esos casi 4.700 millones más. Montero, señalan en su entorno, está convencida de que los posconvergentes no podrán renunciar a esa visible mejora para Cataluña, aunque la crean insuficiente y aunque sigan reivindicando el cupo. La tentación, estima, será muy poderosa. Por la misma razón que el Ejecutivo entiende que las CCAA del PP se acabarán adhiriendo al nuevo modelo, aunque el grupo de Feijóo vote en contra y aunque lo combatan. Se trata de más recursos y decir que no, creen, tiene un coste.

Por ahora, eso sí, Junts se aferra al no. Este miércoles, tras unas jornadas de trabajo de su partido en Tarragona en las que participaron el expresident Puigdemont y el exconseller Lluís Puig, la presidenta del grupo parlamentario, Mònica Sales, volvió a expresar la oposición total de su formación al plan de Montero, porque el modelo de financiación es "una simple actualización del que ya hay". "El Estado continuará tratando a Cataluña como una comunidad más dentro del régimen común. Seguiremos recaudando menos de lo que generamos y dependiendo del Estado, sin capacidad para decidir cómo y cuándo se gastan nuestros impuestos", rubricó, añadiendo que Junts se mantendrá firme con la petición de un concierto económico para Cataluña, como hizo con la amnistía, que finalmente fue aprobada, informa EFE. "Aprovecharemos la debilidad que Pedro Sánchez tiene hoy para seguir trabajando en esta dirección", apuntó.

Pero el Gobierno cree que la vuelta de Puigdemont, prevista para estos primeros meses de 2026, pueden cambiar el paisaje y ablandar la postura de su partido. El Ejecutivo no da por perdidos aún ni los Presupuestos, que llevará al Congreso en este primer trimestre del año, ni el nuevo sistema de financiación. Son expectativas. Los votos, por ahora, están lejanos.