El Gobierno sigue pensando que la aprobación del nuevo modelo de financiación autonómica, pactado con ERC, no es ninguna entelequia, por mucho que Junts insista por ahora en su rechazo frontal. Entiende que los posconvergentes tienen que mantener su relato hasta el final, repetir que es una propuesta insuficiente y que ellos demandan un concierto económico para Cataluña, pero, llegado el momento decisivo, cuando toque votar en el Congreso, no se atreverá a tumbar el proyecto de ley orgánica. Rechazarlo sería negar la entrada de casi 4.700 millones de euros más para Cataluña solo en 2027, un no con un enorme coste político. Y para el Ejecutivo apuntala esa percepción que la formación de Carles Puigdemont confirmara de nuevo este jueves que presentará una enmienda de texto alternativo al texto que presente Hacienda antes del parón del verano, que en ningún caso podrá ser votada por PP y Vox. Es decir, que al menos el Gobierno podrá salvar el primer trámite parlamentario de su propuesta.
Ya la semana pasada la portavoz de Junts en la Cámara baja, Míriam Nogueras, y el portavoz económico del partido, Antoni Castellà, avanzaron que la oposición al nuevo modelo de financiación presentado por la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, se iba a materializar a través de una enmienda de totalidad con texto alternativo. Ayer jueves, en el Senado, y ante la propia ministra de Hacienda, la portavoz económica de los posconvergentes en la Cámara alta, Maria Teresa Pallarès, lo ratificó: "No pararemos en nuestro empeño en sacar adelante un concierto económico para Cataluña, porque también es una forma de corrupción del Estado no cumplir con las obligaciones con Cataluña y tenernos sometidos durante muchos años a este déficit fiscal [...]. Presentaremos enmienda a la totalidad con texto alternativo para poder trabajar por y para la ciudadanía".
No pararemos en nuestro empeño en sacar adelante un concierto para Cataluña. Presentaremos enmienda a la totalidad con texto alternativo para poder trabajar por y para la ciudadanía", dice Junts
Montero recibió con alivio las palabras de Pallarès. Para Hacienda, indicaban fuentes gubernamentales, es más positivo que Junts elija ese camino porque remueve un obstáculo muy importante para la tramitación de su propuesta. La razón estriba en los propios mecanismos parlamentarios.
Cuando un proyecto de ley del Gobierno entra en el Congreso, los grupos pueden presentar sus enmiendas de totalidad. Y estas pueden ser de dos tipos: de devolución, que piden que el texto retorne al Ejecutivo (y por tanto no se tramite), o de texto alternativo, que plantea una redacción distinta a la formulada por el Gobierno. Al ser ambas enmiendas de totalidad pero de carácter distinto, se votan por separado, no conjuntamente. Lo previsible es que PP y Vox presenten sendas enmiendas de devolución (y se votarán juntas), y Junts presentará la suya propia con un texto alternativo en el que plantee un concierto económico. Y esta, según los cálculos de los socialistas, podría ser apoyada por ERC, dado que es una demanda compartida por las dos fuerzas independentista, pero nunca por las derechas.
Conclusión: ni la de devolución de PP y Vox tendrá los apoyos suficientes para prosperar, ni tampoco la tendrá la redacción de los posconvergentes. Es decir, que el Ejecutivo y sus socios derrotarán ambos intentos de torpedear la propuesta de Hacienda. Así, el proyecto de ley orgánica podrá seguir su tramitación. El siguiente paso será la discusión y votación de las enmiendas parciales y el paso por ponencia, comisión y pleno del Congreso, para de ahí saltar al Senado y, si este introduce modificaciones, retornar a la Cámara baja y de ahí al Boletín Oficial del Estado.
El Ejecutivo ve como un avance poder superar la prueba del debate de totalidad, porque los siguientes pasos serían más sencillos. Y cree que el coste político de rechazar el modelo es alto
El Gobierno, en consecuencia, considera que es un paso en la buena dirección salvar el primer escollo parlamentario. Está por ver que supere las siguientes pantallas y que el proyecto logre ser aprobado. Pero el cálculo de Hacienda y de la Moncloa es que, si el voto de Junts es decisivo, no podrá tumbar la nueva financiación porque sería privar a Cataluña de 4.686 millones más en 2027, por mucho que le parezcan insuficientes. En definitiva, una vez pasada la prueba del debate de totalidad, que es la más dura, el Ejecutivo entiende que los siguientes exámenes en las Cámaras pueden ser algo más sencillos.
Poco que ver con el pacto PSC-ERC
No deja de ser una presunción, porque Junts ha subrayado que lo que ofrece Hacienda, acordado con el líder de ERC, Oriol Junqueras, no deja de ser una "actualización" del sistema actual, que en nada se parece al concierto económico que los republicanos vendieron cuando firmaron el pacto que hizo posible la investidura como president del socialista Salvador Illa. Lo que pretenten los posconvergentes, de hecho, es embarcar a ERC en su cruzada a favor del cupo, para tender a la formación de Junqueras una celada y afearle que ha tragado con una mera revisión del modelo vigente. La guerra entre las dos fuerzas soberanistas sigue siendo brutal. En Hacienda sí reconocen su sorpresa por haber convencido a Junqueras de que abandonase su planteamiento inicial y abrazase uno más realista y a la baja: se le persuadió, cuentan, "innovando mucho y con muchos meses de trabajo".
Los socialistas calculan que el clima con los de Puigdemont cambiará cuando él regrese a España. Antes seguirá cumpliendo compromisos como el de publicación de las balanzas fiscales
Desde que Junts decretó la ruptura de sus relaciones con el Gobierno, no hay negociaciones en marcha, pero los socialistas insisten en que los de Puigdemont no podrán votar cuestiones que sean positivas para Cataluña. Y añaden que, cuando el expresident pueda regresar a España —previsiblemente, en los primeros meses de 2026, cuando resuelva el recurso de amparo el Tribunal Constitucional—, el ambiente cambiará. Junts "no puede continuar así", valoran fuentes muy próximas al presidente, Pedro Sánchez. Dicho de otro modo, que cuando Puigdemont retorne a Cataluña, el clima con el PSOE virará y podrá retomarse el diálogo y la vía de los acuerdos. Entre ellos, sobre financiación autonómica y quizá también sobre los Presupuestos de 2026, los que concederían al jefe del Ejecutivo el pasaporte hasta el final de legislatura, en 2027, con más garantías. Entretanto, el Gobierno promete seguir cumpliendo sus compromisos con la derecha independentista. Pendiente tiene, por ejemplo, la publicación de las balanzas fiscales: Hacienda aún lo prepara y las divulgará según las diferentes metodologías, porque no hay una única aceptada, aunque antes quiere ver las que publique la Generalitat cuando tenga listo su proyecto de presupuestos autonómicos.
No sería la primera vez, con todo, que Junts gire. Ya ocurrió, de hecho, con la quita de la deuda. Cuando ERC anunció su acuerdo con Montero, el que suponía la asunción por parte del Estado de 17.104 millones de pasivo de la Generalitat, los posconvergentes avisaron de que les parecía insuficiente: ellos demandaban una condonación no parcial de la deuda catalana, sino total. Es decir, no de poco más de 17.100 millones, sino de los 75.000 millones que debe al Estado.
"La experiencia nos demuestra que puede ser otra tomadura de pelo, que no nos quieran vender gato por liebre, porque este pacto consolida el café para todos", aseguró primero, en febrero de 2025, la presidenta del grupo de Junts en el Parlament, Mònica Sales. Pero luego el expresident pegó el volantazo —"Que ahora se perdone una parte es mejor que no se perdone ninguna"— y su partido está ahora dispuesto a analizar un cambio de voto, según avanzó el pasado miércoles la misma Sales, tras unas jornadas de la formación en las que participaron por videoconferencia tanto el propio Puigdemont como el exconseller Lluís Puig.
No es la primera vez que Junts vira: también aseguró que la quita de la deuda pactada con ERC era insuficiente, pero luego pasó a admitir que era mejor esa condonación parcial que nada
El proyecto de ley de condonación de la deuda del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) ya está en el Congreso, listo para que arranque su tramitación parlamentaria. La nueva financiación no está tan madura: Montero presentó el viernes pasado su propuesta, la llevó este miércoles pasado al Consejo de Política Fiscal y Financiera —solo la respaldó Cataluña, el resto de CCAA, también Asturias y Castilla-La Mancha, ambas socialistas, la rechazaron, como hicieron los gobiernos del PP— y ahora emprenderá Hacienda una ronda bilateral con todas las comunidades para profundizar en los asuntos más técnicos del sistema. En paralelo, el ministerio irá redactando el proyecto de ley orgánica, a fin de que el Consejo de Ministros lo pueda enviar al Congreso antes de que concluya junio. El Gobierno espera que en el segundo periodo de sesiones, entre septiembre y diciembre, pueda tramitarse y aprobarse el nuevo modelo para que así entre en vigor en 2027.
Escaso margen para negociar
La vicepresidenta primera ya dejó claro el pasado miércoles que hay poco margen para aumentar el tamaño de la tarta. Es decir, que los 20.975 millones más que el Estado inyectará en 2027 a las CCAA es una propuesta de máximos. Este jueves, tras comparecer en el Senado, señaló a los periodistas que confía en que fructifique el diálogo con los posconvergentes: "Yo espero que Junts se lo piense y si plantea alguna cuestión, sea asumible", porque el partido de Puigdemont "sabe lo que el Gobierno no va a hacer" y "tiene que ser realista y ver exactamente qué es lo que quieren pedir para apoyar el modelo". Lo que el Ejecutivo "no va a hacer", ya lo saben los posconvergentes, es aceptar un cupo, sacar a Cataluña del régimen común. Montero indicó que ve "muy complicado" que una formación "nacionalista" rechace que Cataluña obtenga 4.700 millones de euros más.
Yo espero que Junts se lo piense y si plantea alguna cuestión, sea asumible", porque el partido de Puigdemont "sabe lo que el Gobierno no va a hacer", advierte la vicepresidenta primera
Al tiempo que el Ejecutivo fía la suerte de su nuevo modelo al apoyo de todo el bloque de investidura, presiona al PP, insistiendo en que la propuesta supone que el Estado renuncia a recursos para dárselos a las CCAA y que, con ese dinero, ellas puedan robustecer el Estado del bienestar: la sanidad, la educación pública, la dependencia, los servicios públicos que de ellas dependen.
Así, Montero volvió a retar a Alberto Núñez Feijóo a que, si se opone al plan de Hacienda, proponga uno alternativo, y con números por delante, porque "los ciudadanos tienen derecho a elegir". Pero el Gobierno adelanta que el PP no lo hará porque "no tiene modelo", así que su líder utilizar su reunión del lunes con Sánchez para "descalificar, que es lo que siempre hace".
Esta es la "mejor" oportunidad
A juicio de la vicepresidenta, "nunca se van a dar mejores condiciones para poder de verdad reformar el modelo que ahora", por lo que si esta oportunidad se deja pasar, el PP no hará una revisión del sistema, ya que dependerá de Vox, formación que no cree en la España autonómica, y el PSOE, "en las alianzas que tenga que establecer en el futuro, puede que lo tenga más complicado de lo que lo tiene ahora". Por tanto, si ahora no se acomete la renovación de un sistema que lleva caducado desde 2014, las CCAA "no van a contar con un nuevo modelo de financiación en los próximos cinco o diez años, y esto es una un drama para los servicios públicos".
Montero alerta de que si ahora no se consigue revisar el sistema, las CCAA no contarán con un nuevo modelo "en los próximos cinco o diez años, y esto es un drama para los servicios públicos"
Lo que evitó Montero de nuevo (ya lo hizo el miércoles tras el Consejo de Política Fiscal y Financiera) fue entrar al choque con los gobiernos socialistas de Asturias y Castilla-La Mancha. Su negativa se explica, dijo, por el hecho de que "esperaban más". Al final, "esto es siempre un juego de expectativas", señaló, y se remitió a lo que ocurre con Andalucía, la comunidad en la que ella será la candidata del PSOE en las elecciones de mayo o junio frente al popular Juanma Moreno. El jefe de la Junta, recordó, pidió 4.000 millones más y el Gobierno ha diseñado una arquitectura que permitiría a la comunidad ingresar 4.846 millones más, y pese a eso Moreno "dice que no".
La financiación autonómica va a ser —es ya— motivo de contienda electoral, pero el Gobierno insiste en que es mucho más que eso, porque cree que su propuesta sí puede salir a flote. Necesita los siete votos de Junts, y cree que, pese a todo, los puede tener. Por ahora, no hay señales que le descuadren y le hagan ver que el plan descarrile.
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