Estas horas previas al Consejo de Ministros del próximo martes son determinantes. De intensa negociación bajo el radar, de búsqueda del acuerdo que permita al Gobierno salvar en la medida de lo posible su escudo social, de intento de cierre de un pacto con Junts sin hablar directamente con Junts. Mucho está en juego. Tanto a corto plazo, ya que lo que está sobre la mesa, lo urgente, es la forma y los contenidos que tendrá el siguiente real decreto ley que incluya la revalorización de las pensiones, como a medio y largo, porque Pedro Sánchez trata de ir restituyendo la confianza con el partido de Carles Puigdemont una vez que ha logrado recomponer la relación con todos los demás socios. Dicho de otro modo, el objetivo es rearmar la mayoría de investidura, Junts incluido, para afianzar el tramo final de la legislatura, pero la siguiente meta volante es obtener la convalidación del Congreso, ahora sí, a las medidas de apoyo a los más vulnerables.

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El Gobierno, por tanto, se mueve en dos tiempos. Ambos igual de relevantes. Pero la pieza central del tablero es Junts. Lo ha sido siempre, a lo largo de todo este difícil mandato, antes y después de la renuncia del exministro José Luis Ábalos a su escaño. Todo pasa por los posconvergentes. Podemos también ha mostrado distancias con el Ejecutivo, le ha hecho sufrir, ha agotado en ocasiones su paciencia, se ha atrevido a tumbar alguna medida —como la delegación de las competencias migratorias a Cataluña, el pasado septiembre—, pero no ha dado el paso de situarse enfrente de Sánchez: sabe que su parroquia electoral no lo entendería. Junts sí rompió de manera oficial con los socialistas el pasado octubre, aunque en realidad nunca fue un socio fiable, ni estable, ni cómodo.

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Los independentistas presumen de su divorcio con el PSOE y de cuando en cuando lucen como trofeos los hachazos al Gobierno, combinados con apoyos a medidas cruciales. El martes ocurrió

Desde entonces, como dicen ambas partes, el diálogo y la negociación no existen, están interrumpidos. Los independentistas, de hecho, se encargan de presumir de su divorcio con el presidente y de cuando en cuando lucen como trofeos los hachazos asestados al Gobierno, combinados hábilmente con apoyos a medidas cruciales. El pasado martes, tumbaron en el Congreso con PP y Vox el real decreto ley de subida de las pensiones y de escudo social —con un argumento, por cierto, calcado al de la derecha: "No a las okupaciones"—, pero unos segundos después votaron a favor de otro decreto ley, este de prórroga de las ayudas al transporte y de creación del abono único, en un momento en el que podían haber sentido la tentación de castigar al ministro Óscar Puente por el accidente de Adamuz y la crisis de Rodalies. Eso sí, a los dos días, le pegaron fuerte en el Senado.

El Gobierno se deshace desde hace semanas en gestos de acercamiento hacia Junts. El propio presidente, en un giro insólito, reconoció los "incumplimientos" de su Ejecutivo a primeros de diciembre, y a partir de entonces se aprestó a sacar del cajón carpetas pendientes con los de Puigdemont. El último, este pasado lunes, cuando Gobierno y Govern sellaron el acuerdo para dar a Cataluña un asiento en dos organismos internacionales, la Unesco y Organización Mundial del Turismo (OMT). También está en vías de desbloqueo el traspaso de las competencias de inmigración a la Generalitat, un empeño absoluto de Junts, una vez que la Moncloa cerró con Podemos un pacto para regularizar a medio millón de inmigrantes. Pero, probablemente, la normalización con los posconvergentes no se materializará, calculan en el entorno de Sánchez, hasta la vuelta de Puigdemont a España, cuando el Tribunal Constitucional le otorgue su amparo y se le pueda aplicar la ley de amnistía.

La inquietud de Junts con los caseros no es nueva: ya hace un año forzó la creación de una línea de avales para cubrir impagos, pero ha tardado casi un año en desplegarse y en ser dotada con 300 M€

Pero antes de ese momento la Moncloa tiene que despachar lo urgente. Y lo urgente es ahora garantizar la actualización de las pensiones —un incremento general del 2,7% en 2026, un 7% para las mínimas y del 11,4% para las no contributivas y el ingreso mínimo vital (IMV)—, sin sacrificar, si es posible, el escudo social, que es la panoplia de medidas que se prorrogan año a año diseñadas para las familias con menos recursos: prohibición del corte de suministros básicos, el bono social de electricidad o la suspensión de los procedimientos de desahucio en los casos de hogares vulnerables.

Esta última es la medida más conflictiva para la derecha, porque Junts (igual que el PP) considera que favorece las ocupaciones de vivienda. Pero, y esta es la clave, los posconvergentes comparten con PNV y Coalición Canaria que hace falta rediseñarla para proteger a los pequeños propietarios, aquellos que cuentan con una vivienda en alquiler con la que complementan sus ingresos y se sienten indefensos cuando su inquilino no puede pagar la renta: en ese caso se activa la moratoria y se paraliza el lanzamiento.

La inquietud de Junts no es nueva. Hace justo un año, después de que tumbara, también con PP y Vox, el primer decreto ley ómnibus, negoció con el Gobierno sacar de él varias medidas de carácter económico e incorporar, a su vez, una línea de avales por cuenta del Estado para cubrir los impagos en el alquiler de vivienda de jóvenes y familias vulnerables. Sin embargo, esa línea de avales, aprobada en el segundo decreto ley ómnibus —y convalidado por el Congreso, ya con el voto de Junts, pero también del PP, el 12 de febrero de 2025—, no fue desarrollada reglamentariamente hasta el pasado 9 de diciembre. Y fue el último Consejo de Ministros, el del pasado 27 de enero, el que la dotó con 300 millones de euros. Este mecanismo, que ha tardado un año en ponerse en marcha y que es gestionado por las comunidades autónomas, se complementa con otro que ya existe desde 2021 y con el mismo fin, aunque las formaciones de la derecha se quejan de que no funciona: el de la compensación a los propietarios por la suspensión de los desahucios. De hecho, la lentitud de este procedimiento fue el que impulsó la creación de la línea de avales.

Los mecanismos que "no funcionan"

Pero, ¿en qué se diferencian y por qué es importante esta cuestión para Junts, PNV y CC? Primero, se distinguen los dos mecanismos por los tiempos: las compensaciones se piden después del impago y paralización del lanzamiento, ahí se empieza el procedimiento, mientras que con la línea de avales se tienen los datos desde la firma del contrato, por lo que el pago es más ágil. Además, la provisión de fondos depende en el primer caso de las CCAA y en el segundo es ilimitado y contrafactura (es decir, que el arrendador pasa el coste y se le abona), como explican en el Ministerio de Vivienda. Lo que sostienen las formaciones de la derecha es que los dos mecanismos, compensación y línea de avales, se han probado insuficientes para resguardar a los pequeños propietarios, porque para muchos es una odisea legal y burocrática cubrir el agujero que le procura la suspensión del desahucio de su inquilino.

Una primera vía sería eximir a los pequeños propietarios de la aplicación de la moratoria, como pide el PNV, y una segunda es introducir mejoras en los mecanismos de compensación y avales. "Todo está ahora abierto", aseguran en la Moncloa

El Gobierno negocia ahora con los grupos, especialmente con el PNV, cómo ayudar a esos pequeños arrendadores, tal y como confirman a este diario fuentes de primer nivel. Una primera vía sería eximirles de la aplicación de la moratoria, que es la fórmula que han planteado los nacionalistas vascos, y una segunda introduciendo mejoras en los mecanismos de compensación y de avales para que la cobertura de los impagos sea más directa. "Todo está ahora mismo abierto", aseguran desde el primer anillo de poder del presidente.

La Moncloa baraja ahora mismo tres posibles salidas. Una primera, la más sencilla técnicamente y la más segura, que es trasladar al Congreso un real decreto ley solo con la revalorización de las pensiones. Tendría su aprobación garantizada porque PP y Junts es lo que han reclamado. El problema para el Gobierno es que se quedaría sin la otra pata, que considera tan importante como las prestaciones a los jubilados: el escudo social. La segunda solución sería aprobar el decreto ley con la actualización de las pensiones y con la prórroga del escudo social pero sin las medidas de vivienda, que son las que menos gustan a los partidos de la derecha. Y la tercera es salvar con pequeños cambios el decreto ley que derogó el Congreso el pasado martes, pero eso supondría alcanzar un pacto global con Junts (a través de la mediación del PNV). La idea del Gobierno es que ese nuevo decreto ley, con la forma que sea, pase por Consejo de Ministros o este próximo martes, 3 de febrero, o el siguiente, el martes 10. No más allá, porque el texto aún tendría que ser convalidado por el Congreso y se pretende dar tranquilidad a los pensionistas cuanto antes. "No vamos a esperar hasta el último minuto para presionar al PP. Las pensiones son demasiado importantes", señalan en el complejo presidencial. El año pasado, el Gobierno dejó pasar apenas una semana entre la caída del primer decreto ómnibus y el pacto con Junts del segundo texto. Claro que entonces las relaciones entre los dos socios estaban simplemente congeladas, y no rotas. Sánchez además aceptó que se tramitara la petición de una cuestión de confianza presentada por los posconvergentes que, finalmente, nunca se llegó a llevar a pleno.

La intención es que el nuevo decreto ley, solo con pensiones o con más contenidos, salga aprobado este martes o el siguiente. Es Bolaños quien negocia con los grupos, pero decidirá el presidente

Las negociaciones sobre el nuevo decreto ley, que por la parte del Ejecutivo capitanea (como siempre) el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, vivirán su máxima intensidad este domingo y lunes y prácticamente hasta el arranque de la reunión del Consejo de Ministros, el martes a las 9.30. Como insisten en la Moncloa, la decisión última sobre qué camino tomar y cuándo la adoptará el presidente, con toda la información sobre los avances de las conversaciones que le proporcione su hombre fuerte. Aprobar el decreto ley este martes ayudaría, admiten en el Ejecutivo, a la candidata socialista en Aragón, la exministra Pilar Alegría, en el tramo final de una campaña muy complicada para ella por la debilidad del partido y la consolidación (aunque sin avance significativo de escaños) del presidente regional, el popular Jorge Azcón.

Vivienda está dispuesta a ceder

Que la clave de bóveda del diálogo con los grupos es el cable que se eche a los caseros lo atestiguaban las palabras de los últimos días de la portavoz del PNV en Madrid, Maribel Vaquero, y sobre todo de la representante de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras. La primera pidió sacar a los pequeños propietarios de la moratoria y la segunda fue la que confirmó, en una entrevista en Las mañanas, en RNE, que eran conscientes de que el Gobierno había trasladado una propuesta a los grupos. En estos seis años, desde que se puso en marcha la moratoria antidesahucios, que se ha ido prorrogando año a algo, quienes han estado "pagando" el escudo social son los pequeños arrendadores, protestó, no el Gobierno, y encima "el problema no se ha solucionado".

Nogueras reveló en RNE que el Ejecutivo estaba hablando con otros grupos. Ella insistió en que hay que "hacer el trabajo bien, y no se ha hecho", y los impagos "dejan atrás a miles de familias"

Nogueras subrayó que "solo el 1,5%" de los pequeños propietarios ha cobrado las compensaciones. "Entonces, ¿por qué nos quieren imponer una medida que el Gobierno mismo reconoce que no está funcionando? Lo que decimos nosotros es de sentido común. Hay que hacer el trabajo bien, y no se ha hecho. Este decreto está dejando atrás a miles de familias en Cataluña que lo están pasando muy mal por estos impagos". Para Junts, dijo, lo fácil habría sido votar sí al texto del pasado martes. "Nos habríamos ahorrado los ataques", esgrimió, aludiendo a las manifestaciones de los colectivos ante su sede en la última semana. Pero esa no era la solución, no la más justa. Según el análisis de la portavoz de los posconvergentes, muchos caseros sienten que no hay seguridad jurídica y prefieren "vender aunque sea a un fondo" antes de poner "en riesgo su estabilidad, su vida, su futuro y el de su familia" y la consecuencia es que el mercado del alquiler se retrae.

Al día siguiente, viernes, la ministra Isabel Rodríguez, en la Comisión de Vivienda del Congreso, admitió que el mecanismo de las compensaciones no estaba funcionando y por eso se pactó con Junts un aval dotado de más recursos, y "a contrafactura". "Lo que necesitan estas personas es un sistema público de vivienda social que las CCAA no están atendiendo", aseveró Rodríguez. Las que más han pagado en compensaciones han sido Cataluña (8,1 millones), Baleares (740.000), Aragón (312.000), Madrid (250.000) y Galicia (33.000 euros). Cantidades muy pequeñas y lejos de lo que sería necesario, y eso ha ocurrido, sostuvo, no porque no tengan recursos, sino porque no han activado el procedimiento.

La ministra Rodríguez reconoce que el sistema de compensaciones no está funcionando por las trabas de las CCAA, pero se abre a ayudar a los dueños. Podemos pide "pagar el alquiler" a los vulnerables

En el transcurso de la comisión, la líder de Podemos, Ione Belarra, planteó que sea el Estado el que directamente "pague el alquiler" a las 60.000 familias vulnerables afectadas por la derogación de la moratoria antidesahucios. La representante de Junts en el órgano, Marta Madrenas, dio la "bienvenida" a la propuesta. Maribel Vaquero, la portavoz del PNV, apuntó que su grupo también aceptaría "un fin gradual de la moratoria, con un plan de actuación". Los representantes de Sumar y Bildu acogieron con recelo las propuestas y remarcaron que no se puede exonerar de su "responsabilidad social" a los pequeños propietarios. El dirigente de la izquierda abertzale Oskar Matute advirtió que los seis votos de su grupo valen tanto como los siete de Junts.

La ministra no anticipó ninguna salida —Vivienda apunta que no sería prudente con una negociación en marcha"—, pero sí pidió no argumentar "con falacias, con demagogias y metiendo el miedo a la gente". Dos días antes, Rodríguez admitió que su ofrecimiento a PNV, CC y también a Junts era promover medidas que ahonden en la "eficacia". Se trata, arguyó, de "acertar en la respuesta, atender de verdad a quien lo necesita, cuestionar también cuándo se hace un uso perverso de esta situación y, por tanto, limitar los jetas que se puedan aprovechar y atender la situación de los arrendadores con estos avales". En la Moncloa, eso sí, rechazan la idea planteada por Podemos, porque el Estado no se puede hacer cargo del alquiler de las familias vulnerables: "Tu obligación como Estado es procurar que se proporcione una solución habitacional, no dar dinero, porque además todo el mundo dejaría de pagar el alquiler. No podemos prometer aquello que no podemos hacer".

La estrategia del Gobierno es triangular con PNV y CC. Pero son cautos: que una fórmula la "compren" los nacionalistas vascos "no significa que lo compre Junts". La salida ha de ser aceptada por la izquierda

La estrategia es, como reconocen desde el núcleo duro del presidente, triangular con PNV y Coalición Canaria. Es decir, cerrar una redacción con ambas formaciones con la esperanza de que Junts se alinee con ellas, sin que la izquierda parlamentaria se eche atrás. En la Moncloa previenen contra el automatismo: "Que lo compre el PNV no significa que lo compre Junts. Imaginamos que el PNV habla con ellos, pero a nosotros no nos lo dicen". Es decir, que no hay garantía de éxito. Los equilibrios son delicados y contentar a grupos a izquierda y derecha para formar una mayoría es más que difícil. Así, la salida menos problemática, no la más satisfactoria, es sacar adelante el aumento de la paga a los jubilados y apartar el resto de temas.

Despliegue de gestos para galvanizar la mayoría

En lo que sí se ha afanado Sánchez en las últimas semanas es en amarrar a sus socios. Con gestos y concesiones para todos. Con ERC, el Gobierno ató la nueva financiación autonómica, que proporcionaría casi 4.700 millones a Cataluña, aunque no está claro que salga aprobada por el Congreso. Con el PNV, selló el traspaso de cinco nuevas competencias y se comprometió a pactar dos transferencias más antes de Semana Santa. Con Bildu, selló la prórroga del escudo social. Con Podemos, cerró esta semana el real decreto de regularización administrativa de medio millón de inmigrantes, un acuerdo tejido durante meses y cuyo cocinero ha sido, de nuevo, Bolaños.

El Ejecutivo ha cerrado acuerdos en las últimas semanas con ERC (financiación), PNV (traspasos), Bildu (escudo social) y Podemos (regularización), y este último gesto podría empujar con Junts

En realidad, al Ejecutivo no le hacía falta consensuar un texto con los morados, porque el reglamento no necesita de refrendo parlamentario, pero les permitió colgarse el tanto a cambio de que se sienten a negociar con Junts la delegación de competencias migratorias para Cataluña. Ese momento todavía no ha llegado. Precisamente el jueves Nogueras se quejaba en RNE de que Podemos aún no se ha puesto en contacto con su partido para arrancar el diálogo. Lo primero que pide Junts es que los morados se retracten de sus acusaciones de "racismo" hacia ellos. Y lo segundo que pone por delante es que no se toque "ni un pelo" del articulado, que es puramente "técnico", aunque sí está dispuesto a revisar el preámbulo, en el que se afirma que la inmigración es un "riesgo para la convivencia y la cohesión social". La cúpula de Belarra responde que no pondrá problema a iniciar las negociaciones, aunque no tiene prisa: antes quiere que se ponga en marcha el decreto de normalización administrativa de inmigrantes —la ventanilla se abrirá para primeros de abril, según estima el Ejecutivo—, y quiere que se introduzcan modificaciones no solo en la exposición de motivos, sino también en el articulado.

(Foto de ARCHIVO) La portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, durante una sesión plenaria extraordinaria en el Congreso de los Diputados, a 27 de enero de 2026, en Madrid (España). El pleno del Congreso vota la convalidación o derogación de los decretos leyes que incluyen, por un lado, la prórroga de las ayudas al transporte público, y por otro, las medidas de 'escudo social' y la revalorización de las pensiones para 2026. El Gobierno afronta esta cita sin apoyos asegurados, ya que tanto el PP como Junts no dan por hecho su voto a favor y, junto con VOX, suman mayoría absoluta. Eduardo Parra / Europa Press 27/1/2026
La portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, pasa delante del ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, en el pleno extraordinario del Congreso del pasado 27 de enero de 2026. | EUROPA PRESS / EDU PARRA

La Moncloa confía en que ese acuerdo para la cesión de las competencias migratorias llegue pronto, aunque no sea inminente. Pero asume que, por sí mismo, no bastará para rehacer el vínculo con la formación de Puigdemont. Ya lo dijo Nogueras en RNE: "Si alguien cree que por cumplir lo que se nos debe vamos a cambiar nuestra posición, entonces no han entendido nada de la posición de Junts". Quienes en el PSOE conocen a fondo la interlocución con los posconvergentes lo ratifican: en el partido independentista siguen "duros" y "no hablan" con el Gobierno.

Con los posconvergentes "todo une", dicen en la Moncloa, pero la recomposición se espera que llegue cuando vuelva Puigdemont. El gran desafío para Sánchez son los Presupuestos de 2026

Con los posconvergentes, el despliegue de guiños por parte del Gobierno es continuo. Pero no ha servido aún para recomponer por completo la relación. Eso solo se conseguirá, creen en la Moncloa, cuando vuelva Puigdemont. Claro que de momento le sirve para ir sembrando: "Todo son gestos, todo une, y cumplir con nuestros compromisos contribuye a ir restituyendo nuestra relación con Junts, pero no es automático, y ellos lo han dejado muy claro. De momento, eso sí, estamos rearmando el bloque de investidura". Sánchez galvaniza a sus socios, con vistas al objetivo estratégico más importante de este año: los Presupuestos de 2026. La vicepresidenta primera, María Jesús Montero, debería presentarlos en los próximos dos meses, antes de partir como candidata a Andalucía. Pero, al menos por ahora, su aprobación se vislumbra lejana. Muy lejana.