Miguel Ángel Pareja, presidente de la Audiencia de Córdoba: "El objetivo es satisfacer a las víctimas buscando la verdad"

El magistrado Miguel Ángel Pareja llegó al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Montoro (Córdoba) en el año 2000. Fue su primer destino tras ingresar en la carrera judicial. Más de dos décadas después, volverá a pasear por los pasillos de esta sede judicial, aunque esta vez su papel será de asistencia para la jueza a cargo de las diligencias por el accidente ferroviario de Adamuz.

El actual presidente de la Audiencia Provincial de Córdoba ejercerá un doble papel, por un lado como cabeza del órgano judicial y, por otro, como juez de enlace de la Red Judicial de Expertos en Gestión de Emergencias y Catástrofes. Pareja concede una entrevista a El Independiente en la que desarrolla en qué consiste su labor como parte de la red creada en el año 2023 por el CGPJ para la asistencia en emergencias y catástrofes y cuáles han sido sus primeros pasos de apoyo en el caso de la tragedia de Adamuz, que se ha cobrado ya la vida de 46 personas.

Tras el descarrilamiento del tren Iryo con dirección Madrid, y el posterior choque del tren Alvia con dirección Huelva, la coordinación en las primeras horas entre la unidad policial, el juzgado de guardia y el Instituto de Medicina Legal de Córdoba fue clave para localizar e identificar a las víctimas mortales lo más rápido posible. Una tarea para la que Pareja sirvió enlace y apoyo técnico a la jueza de guardia, gracias a su figura como delegado en caso de Emergencias y Catástrofes.

Pregunta. ¿Cómo es su trabajo en este tipo de emergencias? ¿Qué papel tiene para con los jueces?

Respuesta. Nuestro trabajo es de asistencia técnica. Una vez que tenemos conocimiento de lo que ha ocurrido intentamos por todos los medios ponernos en contacto con el juez de guardia del partido donde haya ocurrido la catástrofe o la emergencia, y le ofrecemos nuestra asistencia técnica tanto al juez de guardia, principalmente, como a los órganos gubernamentales.

Tras contactar con el presidente del Tribunal Superior de Justicia y analizar las necesidades de cada caso, solicitamos al Consejo General del Poder Judicial lo que sea necesario para poder gestionar rápidamente la catástrofe. Por ejemplo, si hay que habilitar más juzgados de guardia, más médicos forenses para el levantamiento de cadáveres o, como ha ocurrido en otras ocasiones, si hay que cerrar la sede judicial al día siguiente porque no se puede acceder a ella o porque sea peligroso.

P. ¿Qué otras funciones desempeña como juez de enlace?

R. También nacimos para asegurar una adecuada coordinación entre la autoridad administrativa que está gestionando la emergencia y la autoridad judicial que está encargándose de la investigación.

Por ejemplo, la Administración está con las familias, quienes les piden agilizar los trámites para la identificación de los cuerpos. Desde el departamento encargado me llaman a mí y yo me pongo en contacto con el juez que lleva el asunto para conocer cómo va el procedimiento. En este caso, la coordinación con la Administración ha sido fantástica.

P. ¿Cuál es el protocolo oficial para activar en este tipo de casos?

R. El problema es que el protocolo de la autoridad civil que gestiona la emergencia y la catástrofe no nos incluye. No se ha considerado hasta el presente conveniente incluir a la red judicial creada por el Consejo General del Poder Judicial en dicho protocolo. Si nosotros no estamos, falta un eslabón esencial entre la Administración y la autoridad judicial.

Quizás si yo no hubiera sido el presidente de la Audiencia Provincial y hubiera sido otro compañero delegado, posiblemente, no hubiese sido avisado, ni hubiera tenido las posibilidades que tenía yo de poder desplazarme a la zona cero. Si estuviéramos dentro de los protocolos, no habría esos problemas.

P. ¿Cómo fueron las primeras horas después del accidente?

R. En este caso existe la suerte o la circunstancia de que el delegado de expertos de la red de emergencias y catástrofes para las provincias de Córdoba y de Jaén soy yo, y a la vez ostento el cargo de presidente de la Audiencia Provincial. Por lo que en este caso no tuvimos ese problema, desde el momento en el que tuve conociminto a través de la televisión de la existencia de esa catástrofe, me puse en marcha.

Primero se puso en contacto conmigo el director del Instituto de Medicina Legal. Acto seguido, contacté con la jueza de guardia, quien me informó de que la policía judicial ya estaba trabajando sobre el terreno. Desde ese momento, me puse a su disposición para resolver cualquier duda de carácter técnico. A la mañana siguiente, me desplacé junto a la jueza de guardia y el fiscal encargado a la zona cero. Las autoridades llevaban toda la noche levantando cadáveres y atendiendo a los heridos. Todavía había cuerpos sin rescatar, ya que hacía falta que llegase la maquinaria pesada para que los bomberos pudieran llevar a cabo la extracción de los mismos.

P. ¿Con qué autoridades se encontraron allí?

R. En el lugar del accidente también estuvimos con el consejero de Interior de la Junta de Andalucía, el presidente Juanma Moreno, el consejero de Justicia, la delegada del Gobierno de España y el ministro de Transportes. Más tarde, llegó la vicepresidenta, la señora Montero, el presidente del Gobierno y el ministro del Interior. La verdad que vi una buena coordinación entre ellos y entre ellos con nosotros, siempre muy interesados en la investigación judicial.

P. Cómo es su trabajo en los días siguientes para coordinarse con funcionarios, letrados, jueces de guardia...

R. Lo primero que hicimos, el presidente del Tribunal Superior de Justicia y yo, fue desplazarnos hasta el Tribunal de Instancia plaza número 2 de Montoro para ver en qué estado se encontraba la sede judicial y si tenían algún problema en cuanto a la investigación que les pudiera yo técnicamente asesorar o algún problema de personal.

Afortunadamente, nos encontramos con que la Junta de Andalucía ya había reaccionado y había enviado a dos funcionarios para reforzar el registro civil, para que se pudieran llevar a cabo las inscripciones cuanto antes, y a dos funcionarias para reforzar con personal la instrucción de esta causa. También se les dotó de dos impresoras que eran necesarias.

P. ¿Cómo avanza la investigación?

R. La investigación avanza a buen ritmo. Por el momento, la policía judicial ya ha entregado un primer informe preliminar. El siguiente paso será la apertura de las cajas negras de ambos trenes, que ocurrirá en las próximas semanas. Este paso se ha retrasado porque la Fiscalía entendía que debía de ser o la comisión judicial de Montoro, o bien la policía judicial que está investigando el asunto quienes estuvieran presentes cuando se proceda al desprecinto de las mismas.

También se le ha autorizado a Adif para que pueda iniciar las obras de reconstrucción de la vía, pero con carácter previo se ha garantizado la recogida de todo tipo de muestras por parte de la policía judicial. Y también, esto es muy importante, el juzgado se ha puesto en contacto con todas las familias de las víctimas para informarles de la apertura del procedimiento judicial y explicarles que tienen derecho a personarse en el mismo.

P. ¿Se puede hablar de plazos de instrucción?

R. Es imposible. Lo que sí le digo es que la jueza de instrucción hará todo lo posible por agilizar la misma y que no se eternice. Nosotros, yo como presidente de la Audiencia Provincial y juez delegado, el presidente del Tribunal Superior de Justicia y la Sala de Gobierno, estaremos pendientes de ayudarle en todo lo que precise, pidiendo todos los medios que necesite.

Lo que pretendemos es que esto no se eternice, que esto marche a la velocidad adecuada y hacerlo bien. Es necesario dar cada paso cuando corresponda para llegar a buen puerto. Hay que cerrar el accidente adecuadamente, no podemos dejar heridas abiertas y evitar que vuelva a ocurrir. Nuestro objetivo es satisfacer a las víctimas, llegar hasta final de la investigación, buscando la verdad.

P. ¿Cuál es la situación actual del juzgado a cargo de las diligencias?

R. El juzgado se ha reforzado, además de los dos funcionarios nombrados ya por la Junta, se ha solicitado un funcionario más para la causa y también se ha incorporado una letrada de la Administración de Justicia como refuerzo. Desde la Sala de Gobierno también hemos publicado la comisión de servicios para la incorporación de un juez de apoyo que deberá ser nombrado por el Consejo General del Poder Judicial. Desde el Ministerio Fiscal también se ha designado a tres fiscales para la causa. Además, hay tres letradas de la Administración de Justicia y tres funcionarios más para dedicarse solamente a este caso.