Junts ya había adelantado su no al decreto ley de escudo social. Pero hasta este mismo jueves, poco antes de la votación en el Congreso, no confirmó que también rechazaría otro texto del Gobierno que de entrada parecía menos conflictivo, el del tope de precios a bienes y servicios en casos de emergencia. Un doble no que se tradujo en un doble castigo al Ejecutivo y en una doble derrota. Los posconvergentes se alinearon con PP y Vox e hicieron que ambas normas decayesen.

El Gobierno, por tanto, vivió este jueves un doble varapalo en la Cámara baja. Se sometían a convalidación un total de cuatro reales decretos leyes. Ganó dos votaciones: logró sacar adelante la subida de las pensiones —había decaído a finales de enero— y las ayudas para los afectados de los accidentes de Adamuz y Gelida. Perdió, sin embargo, otros dos decretos: el de escudo social (que incluye la prórroga de la prohibición de los desahucios de las familias más vulnerables) y el de tope de precios para productos y servicios en situaciones de emergencia, diseñado para evitar incrementos abusivos de precios en casos, precisamente, como el siniestro ferroviario de Córdoba. El Ejecutivo se anotó, por tanto, dos victorias y dos derrotas —estas, con los mismos números, 172 síes, 177 noes (de PP, Vox y Junts) y una abstención (UPN). Otra prueba más de su debilidad parlamentaria y de la dificilísima relación con Junts. El presidente, Pedro Sánchez, vivió los dos reveses en directo: acudió al Congreso poco antes de las votaciones.

Los dos decretos son derrotados con los mismos números: 172 votos a favor por 177 en contra y una única abstención, la de UPN. Sánchez acude al pleno poco antes de la votación

Los posconvergentes rompieron su relación con los socialistas el pasado octubre y desde entonces les propinan golpe tras golpe. Ayer, en la sesión de control al Ejecutivo, su portavoz, Míriam Nogueras, ya dijo que su grupo cree que el decreto ley fomenta las ocupaciones de vivienda e instó a Sánchez a separar la extensión del escudo social de la moratoria antidesahucios, pese a que el alcance de esta ya había sido rebajada por el pacto con el PNV.

Este jueves, la formación de Carles Puigdemont confirmó su rechazo al otro decreto ley, el defendido por el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, para topar los precios de bienes y servicios en casos muy puntuales. Para Junts, según denunció su portavoz adjunto, Josep Maria Cruset, se trata de una medida de "populismo fiscal". Los posconvergentes no comparten que se pueda imponer un umbral máximo a los precios "sin límite temporal" y sin que tenga que contarse con el visto bueno de la Cámara en cada situación de emergencia. En definitiva, creen que el texto ya derogado era "una salvajada". "Querer intervenir el mercado" es "abusivo" y "temerario" y también "limita los derechos de los ciudadanos", cerró Cruset en el pleno.

Las derechas usan argumentos similares: que el tope de precios da "vía libre" al Gobierno para fijar los importes, que intervenir el mercado es "abusivo" y que viola la "libertad de empresa"

Los populares se reservaron el sentido de su voto hasta el final, una vez que Junts había anunciado su no. La diputada conservadora Pilar Alía expresó argumentos concurrentes: la norma daba "vía libre [al Gobierno] para fijar precios en cualquier momento, y decidirán el principio y el fin", de modo que el margen del Ejecutivo es "muy amplio" y eso es "inquietante". Y para Vox la medida "vulnera la libertad de empresa".

El ministro Bustinduy subrayó que con la caída del decreto se avalarán "prácticas abusivas e indefendibles y protegiendo a quienes buscan lucrarse sin escrúpulos". El titular de Derechos Sociales agregó que el texto no afectaba a los pequeños comerciantes, sino a plataformas multinacionales que han subido los precios "de manera completamente impune" en casos de emergencia, informa EFE. Y es que este decreto ley fue impulsado por el Ejecutivo a raíz de las subidas de precios estratosféricas de los precios de avión o de coches compartidos tras el accidente de Adamuz que cortó durante un mes la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla.

El escudo social cae por segunda vez en apenas un mes. La duda ahora es si el Gobierno buscará llevarlo a la Cámara por tercera vez, en esta ocasión desgajado de la moratoria antidesahucios que no gusta a los posconvergentes

Queda la duda ahora de si la Moncloa volverá a llevar este decreto derrotado. Y qué pasará con el escudo social. Porque, en este último caso, era la segunda vez que llegaba al Congreso. La primera fue en enero: entonces la subida de las pensiones y la prórroga de las medidas para los más vulnerables iban incluidas en un mismo decreto ómnibus. Junts entonces se sumó a PP y Vox y tumbaron el texto, y forzaron al Ejecutivo a trocearlo. Por un lado, el alza de las pensiones —que por fin hoy vio la luz (por 317 votos a favor y 33 en contra, los de la ultraderecha)— y por otro el escudo social. Y en este incluyó medidas distintas: la moratoria antidesahucios, sí, pero también la prohibición del corte de suministros básicos a las familias con menos recursos, el bono social eléctrico, incentivos y beneficios fiscales para los afectados por la dana y los incendios forestales del pasado verano o la actualización de las entregas a cuenta a ayuntamientos y comunidades autonómas.

Al caer este segundo decreto ley, el Gobierno ha de calcular la siguiente jugada: si trocea el escudo social, separando la moratoria antidesahucios, o renuncia a todo el paquete. Junts empuja para que se disocien ambas cuestiones. De hecho, su diputada Marta Madrenas acusó al Ejecutivo de "chantaje político" por volver a llevar a la Cámara un nuevo "decreto ómnibus". Hasta el PNV, que había cerrado un pacto con los socialistas para liberar a los propietarios de una o dos viviendas de la prohibición del desalojo, cargó también contra el Gobierno por ser "incapaz" de reunir una mayoría con la que sacar adelante su agenda social.

El ministro Bolaños recuerda a PP y Junts que ya votaron a favor del escudo social hace un año, y ahora actúan movidos por "intereses políticos, cálculos de toda índole e irresponsabilidad"

A los grupos de la derecha (PP y Junts) el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, les recordó que hace justo un año votaron a favor de un decreto con el mismo contenido. Actúan así, dijo, movidos por "intereses políticos, cálculos de toda índole o irresponsabilidad". ERC arremetió contra Junts por su "electoralismo rastrero" y Sumar calificó a las derechas de "sicarios políticos" de la patronal y las grandes empresas.

Las derrotas parlamentarias del Ejecutivo ya son cada vez menos noticiosas porque prácticamente saltan en cada pleno. En esta ocasión, fueron dos golpes muy contundentes por otros dos triunfos que se daban por descontados: la subida de las pensiones, con el solitario voto en contra de Vox, y las ayudas a las víctimas de los accidentes de Adamuz y Gelida, aprobadas por unanimidad, con el único voto en contra, y por error, de la vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero.