El viernes, 20 de marzo, será el presidente del Gobierno el que dé cuenta del primer "plan integral" para mitigar el impacto de la guerra en Irán. Lo hará, aseguran en la Moncloa, algo antes del mediodía. Las coordenadas ya están bastante claras, pero lo que no quiere todavía dar a conocer el Ejecutivo es la relación de medidas. Lo desvelará el propio Pedro Sánchez ante los medios. Hasta entonces, las señales que lanza el ala socialista es que será un paquete "proporcional", muy medido, que sobre todo vaya dirigido a los sectores más afectados por el alza de los combustibles. Pero también quiere poner en un aprieto al PP, no darle razones para que pueda oponerse. Aunque eso le pueda llegar a costar el choque con Sumar, que sigue presionando para que en ese primer real decreto ley de respuesta al conflicto en Oriente Próximo se sumen medidas sobre vivienda o se recupere la moratoria antidesahucios, tumbada ya en dos ocasiones en lo que va de 2026 en el Congreso por la oposición de Junts, que ha unido su no al de PP y Vox. La previsión es que el texto se someta a debate y convalidación de la Cámara baja el próximo 26 de marzo.

PUBLICIDAD

Tras la reunión ordinaria de este martes del Consejo de Ministros, ni la vicepresidenta tercera, Sara Aagesen, ni el titular de Economía, Carlos Cuerpo, quisieron bajar al detalle, porque las concreciones se las queda Sánchez para su comparecencia del viernes, que además será posterior al importante Consejo Europeo de la víspera en Bruselas. Será un plan, avanzó primero la portavoz, Elma Saiz, "proporcional, perimetrado y focalizado en limitar el impacto de la subida de los combustibles y la electricidad", aunque también contará "con la flexibilidad suficiente para ir adaptando y adoptando las medidas a la evolución de la situación". Es decir, que detrás de este primer paquete pueden venir más: todo dependerá de cómo evolucione la guerra.

PUBLICIDAD

Cuerpo insistió en que, como en anteriores crisis, el Gobierno prepara un conjunto de iniciativas diseñadas para "proteger a ciudadanos y a empresas en el corto plazo ante el impacto de esta guerra", pero también busca el medio y largo plazo, medidas estructurales, que permitan prepararse para "protegerlos ante futuros shocks, ante futuros impactos de manera inmediata".

El Gobierno, por tanto, con su real decreto ley del viernes pretende levantar una "protección" frente al "incremento de los costes de la energía" —tras el comienzo de la guerra de Irán, el 28 de febrero, los precios de la gasolina han subido un 16%; el del gasóleo, un 28%, y el de los fertilizantes, entre un 40% y un 50%, precisó el ministro—. En ese capítulo se incluye también el alza de los carburantes o de algunas materias primas como los fertilizantes. Cuerpo recalcó que se pondrá "especial atención" a los sectores "más expuestos", como el campo, la pesca o el transporte, junto con las empresas más intensivas en el consumo de energía.

El texto al que dará luz verde el Consejo de Ministros el viernes "bebe" de la experiencia anterior, de los instrumentos desplegados en la guerra de Ucrania, aunque corregidos, con el objetivo de "maximizar" el efecto y de aplicarlos "de manera ágil y proporcional" al impacto que ya se está observando. Lo que también incluirá el decreto ley es el "refuerzo del escudo social", que también decayó en la Cámara baja en dos ocasiones antes por la oposición combinada de Junts, PP y Vox. El ministro también avanzó que se incorporará una "vigilancia reforzada del sistema de formación de precios" en las estaciones de servicio, escrutinio que se está llevando a cabo desde los ministerios de Economía y Transición Ecológica y desde la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), para asegurarse de que no hay abusos.

En todo momento, Cuerpo enfatizó que se ha buscado un diálogo "intenso" con los sectores, agentes sociales y grupos parlamentarios, para presentar un completo paquete de medidas. Pero también resaltó que se busca el máximo "consenso" para lograr la convalidación del Congreso.

Y esta es una de las claves. Los socialistas no quieren arriesgarse a que este primer paquete pueda ser derrumbado en la Cámara baja. No quieren jugar con fuego. A Cuerpo se le preguntó de manera insistente si el decreto incorporaría la moratoria antidesahucios, como pide Sumar. Él no quiso cerrar la puerta del todo, y en absoluto quiso colisionar con el socio minoritario de la coalición, aunque tampoco dio por seguro que finalmente se incluyan medidas sobre vivienda. Rubricó que la vivienda es una "preocupación compartida" de toda la coalición, un "área prioritaria para casi todos los ministerios" que se ven afectados por la necesidad de "reforzar el acceso en condiciones asequibles a una vivienda para los ciudadanos".

Fuentes del Ejecutivo señalaban que la intención es que salga adelante un real decreto ley que quede desprovisto de elementos controvertidos. "No habrá motivos para que el PP no pueda apoyarlo", apuntaron. Y precisamente lo más polémico son las medidas de vivienda. Junts se alinea habitualmente en esta materia con la derecha y la ultraderecha.

Informe del Gobierno sobre el impacto económico de la guerra de IránDescarga

No obstante, la negociación proseguirá hasta el viernes. Según avanzaba EFE, el Gobierno contempla la posibilidad de topar al 2% la actualización del precio de los alquileres residenciales firmados antes de la entrada en vigor de la ley de vivienda (26 de mayo de 2023). Los socialistas han ofrecido a Sumar esta posibilidad para intentar responder a su presión. La formación de Yolanda Díaz lleva meses batallando para que se prorroguen de manera automática los contratos de arrendamiento que vencen este año, una línea que no comparte el PSOE. Este tope extraordinario del 2%, sin embargo, entró en vigor con la guerra de Ucrania y estuvo en vigor, mediante prórrogas, hasta finales de 2023, y sí cuenta con el aval del Supremo, como dejó dicho en una sentencia del pasado enero.

En todo momento, Cuerpo dejó claro que el paquete de medidas será "proporcional" al impacto que se está observando, y que por ahora es menor al del conflicto en Ucrania, aunque se actuará con flexibilidad en función de cuál sea la evolución de la guerra. También añadió que además de tirar de "recetario" de las políticas puestas en marcha tras la invasión de Rusia sobre Kiev, se ha intentado aprender de las lecciones de entonces. Así, el descuento de los 20 céntimos por litro de combustible "podría no ser una de las medidas adecuadas", precisó el ministro, ya que tuvo efectos "regresivos" y un "impacto negativo en el sector", sobre todo en las gasolineras más pequeñas". Otra lección aprendida es la rapidez: este primer real decreto ley se aprobará unos 20 días después del estallido de la guerra, cuando con Ucrania el Gobierno tardó en torno a un mes.