El Gobierno, cerca de salvar su decreto anticrisis gracias al apoyo de Junts y a falta de cerrar un acuerdo con CC

El Ejecutivo ya tiene prácticamente garantizado que su real decreto ley de medidas por la guerra de Irán, en vigor desde el pasado domingo, recibirá la convalidación del Congreso este jueves. Los números siempre son precarios y hasta que no culmina la votación en la Cámara baja el Gobierno nunca da nada por hecho, pero en principio los grupos se le están alineando a su favor. Este lunes se produjeron movimientos por parte de dos fuerzas habitualmente dudosas: Podemos confirmó su abstención y Junts su respaldo. Aún faltan por decantarse partidos como el BNG o Compromís, que ven insuficiente el paquete aprobado el pasado viernes por el Consejo de Ministros, pero lo previsible es que se unan a PSOE y Sumar. Coalición Canaria cuenta con un valioso escaño en el hemiciclo y está a la espera de negociar con la Moncloa fórmulas para compensar la "singularidad" del archipiélago. Este aval del conjunto de los socios a Pedro Sánchez haría innecesario el voto del PP, cuya dirección no ha confirmado todavía qué hará en el pleno.

Para el presidente, era fundamental que el decreto anticrisis pasara el filtro parlamentario sin rasguños. Por eso desechó la demanda de Sumar de que la prórroga automática de los alquileres se incluyera en ese texto principal, el que contiene todas las medidas de mitigación de impacto de la subida de los precios por el conflicto en Oriente Próximo.

El ala socialista se afanó en la redacción de una norma transversal, que contuviera propuestas de todos los grupos —incluido el PP— y que fuera difícilmente rechazable. Al final, el paquete incorpora 80 medidas y moviliza 5.000 millones de euros: rebaja del IVA de la electricidad (del 21% al 10%, suspensión temporal del impuesto de generación eléctrica, rebaja del impuesto especial sobre la electricidad del 5,11% al 0,5%, bajada del 21% al 10% del IVA de los carburantes, refuerzo del bono social eléctrico y del bono social térmico, garantía de suministro de agua y energía, ayuda directa abonada para los transportistas y trabajadores del campo, nuevas capacidades de supervisión y sanción a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, bonificación en un 80% de los peajes eléctricos para la industria electrointensiva o deducciones en el IRPF para la instalación de placas solares, puntos de recarga y bombas de calor...

El Ejecutivo, por boca este lunes del ministro de Economía, Carlos Cuerpo, volvió a pedir un consenso mayoritario. Todavía es pronto para saber si será muy amplio o no, porque el PP pidió este lunes por carta el Gobierno más ayudas, como la deflactación del IRPF, porque la consideran una "medida eficaz, directa, que ayuda más a quien menos tiene", aseguró la vicesecretaria de Regeneración Institucional del partido, Cuca Gamarra, sin aclarar si su partido finalmente apoyará el decreto.

Los populares piden por carta al Gobierno más medidas como la deflactación del IRPF, y entretanto no aclara qué votarán el jueves

Pero, de entrada, puede que el voto del PP sea finalmente innecesario. Por el momento, el Gobierno toca ya con la punta de los dedos la convalidación, que llegará el próximo jueves, 26 de marzo. Además de los 121 votos de PSOE y los 26 de Sumar, contaría con ERC (7), Junts (7), Bildu (6) y PNV (5). 172 votos a favor por ahora. Es probable que al sí se sumen el BNG (1) y la diputada de Compromís que está en el Grupo Mixto, Àgueda Micó (1). En la abstención se sitúa Podemos (4). Coalición Canaria (1) decidirá en el último momento, en función de cómo discurran las conversaciones con el Ejecutivo, y Unión del Pueblo Navarro (1), por ahora, no tiene previsto oponerse al texto. En el no, con seguridad, está Vox (33), pero aunque finalmente también el PP (137) se quedara en el rechazo, no impediría que la convalidación saliera adelante. Simplemente se requiere mayoría simple. Esto es, más votos a favor que en contra, de ahí que las abstenciones en este caso sean muy relevantes.

Podemos adelantó este jueves su abstención vía comunicado remitido a los medios: no le gusta este real decreto ley porque las rebajas de impuestos "no son la vía para hacer frente a la escalada de precios". Cree que el texto se queda corto, y pide al Gobierno "topar precios para evitar que las grandes empresas se apropien de los 5.000 millones movilizados". La formación morada quiere que el Ejecutivo limite los precios de los carburantes, de la energía y de los alimentos. Y recuerda que registró a comienzos de marzo una proposición de ley en el Congreso donde reclamó topar esos precios, "además de recuperar medidas como el transporte público gratuito".

En Junts ratifican que votarán a favor, "si no hay sorpresas". Ya el pasado viernes los posconvergentes aseguraron que el presidente había "comprado" todas sus rebajas fiscales

Fuentes de Junts, por su parte, ratificaron a este diario que sí votarán a favor del decreto ley, "si no hay sorpresas". Ya el pasado viernes, cuando Sánchez dio a conocer el contenido de la norma, los posconvergentes aseguraron que el presidente había "comprado" todas las rebajas impositivas que ellos mismos planteaban, y que por tanto el Ejecutivo se acercaba a su sí. Un voto a favor que ya estaría confirmado y que permite a Podemos irse a la abstención sin que el texto peligre.

Coalición Canaria decidirá su voto "en el último momento", cuando el Gobierno halle la vía, en coordinación con el Ejecutivo canario, que lidera el nacionalista Fernando Clavijo, de compensar a los ciudadanos de las islas. "La mayoría de las medidas son rebajas de IVA", un impuesto que no existe en el archipiélago, recuerdan fuentes de CC, por lo que los canarios no se benefician de esas medidas".

CC pide una vía de "compensación" a Canarias, porque en las islas no existe el IVA, sino el IGIC, que grava el consumo al 7% y que recauda el Gobierno del archipiélago. La negociación está en marcha

Para que estos se pudieran beneficiar, cuentan, habría que bajar el tributo específico canario, el IGIC —el que grava el consumo con un tipo más bajo, del 7%—, que recauda el Gobierno canario y que financia sus servicios públicos, "mientras que ninguna otra comunidad ha de sacarlo de su presupuesto". "Tienen que encontrar una vía de compensación para que el Gobierno canario pueda establecer medidas que beneficien a los canarios de manera equivalente a lo que el Estado hace en la Península. No será en el real decreto ley, que ya no se puede modificar, pero tienen formas de compensar. La pena es que aunque se repita mil veces siguen sin acordarse de la singularidad canaria", lamentan desde el partido nacionalista. Aunque el IGIC está mucho más bajo que el IVA general (21%), en CC subrayan que "con los precios tan disparados es muy difícil que los canarios acepten que no haya bajada". El preciado voto de CC, que hasta ahora ha apoyado al Gobierno en las votaciones más difíciles (y de hecho respaldó la investidura de Sánchez en 2023), depende ahora mismo de las conversaciones entre los dos gobiernos. El Ejecutivo central, dicen en CC, "debe encontrar la forma" de satisfacer a Canarias. Quedan tres días para hallarla.