La jueza cita a 15 investigados por la adjudicación de viviendas protegidas en el residencial Les Naus

La investigación judicial sobre la adjudicación de viviendas de protección pública (VPP) en el residencial Les Naus, en la Playa de San Juan, ha entrado en una fase de especial intensidad tras la decisión de la magistrada instructora de citar como investigadas a 15 personas durante los próximos meses de mayo y junio. La causa, que examina presuntas irregularidades en la gestión y adjudicación de estas viviendas, avanza ahora hacia un escenario clave con la toma de declaración de responsables políticos, técnicos y beneficiarios.

Entre los encausados figuran perfiles de alto nivel dentro de la administración y el ámbito técnico. Destacan la exedil de Urbanismo, Rocío Gómez, la exdirectora general de Contratación, María Pérez-Hickman, así como un arquitecto municipal y el administrador único de Fraorgi, empresa gestora vinculada a la cooperativa promotora del residencial. A ellos se suma el jefe de la Sección de Vivienda Protegida de la Conselleria, funcionario que ya había sido suspendido previamente por la Generalitat Valenciana tras la detección de presuntas irregularidades en los visados del proyecto.

El procedimiento, impulsado a instancias de la Fiscalía Anticorrupción, también incluye a diez personas en calidad de investigadas por su condición de beneficiarias en la adjudicación de nueve viviendas. Paralelamente, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha confirmado la citación de siete testigos clave procedentes tanto de la Conselleria de Vivienda como del Ayuntamiento de Alicante, entre ellos altos cargos técnicos relacionados con planificación, gestión patrimonial y control de obras.

La jueza ha rechazado además la petición de la acusación popular —ejercida por Ciudadanos— de que uno de los principales funcionarios implicados declarara únicamente como testigo, alineándose con el criterio de la Fiscalía, que considera que su participación podría ser directa en los hechos investigados. El caso se mantiene bajo seguimiento de Anticorrupción, que insiste en la necesidad de esclarecer el procedimiento completo de adjudicación y supervisión del proyecto.

En paralelo a este frente judicial, el contexto político valenciano ha estado marcado por la agenda institucional del Consell. El president de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, ha puesto el acento en la apuesta por la energía solar como eje estratégico de la política económica y energética autonómica.

Durante la inauguración del huerto solar de Albatera, promovido por la Cooperativa-Benéfica Albaterense, el president destacó que la Comunitat Valenciana ha multiplicado por 20 su producción de energía solar en los últimos años, una evolución que calificó como “factor de estabilidad, progreso y seguridad” para ciudadanos y empresas. La instalación cuenta con una potencia de 3,078 MW, más de 6.156 módulos fotovoltaicos y un centro de transformación de 3.150 kVA, y se enmarca en la expansión de proyectos renovables en el territorio.

El jefe del Consell defendió que, bajo la gestión actual, se están desbloqueando iniciativas energéticas gracias a una normativa más “simple, ágil y pragmática”, en contraste con etapas anteriores. Asimismo, subrayó la necesidad de reforzar la soberanía energética en un contexto internacional de incertidumbre marcado por tensiones geopolíticas y su impacto en los precios de la energía.

En este sentido, Pérez Llorca abogó por incrementar la capacidad de generación propia combinando energías renovables con otras fuentes como la nuclear, al considerar “vital” garantizar el suministro energético. Recordó además el peso de la central nuclear de Cofrentes, que aporta aproximadamente la mitad de la electricidad consumida en la Comunitat Valenciana y abastece a decenas de miles de empresas.