Se acabó lo que se daba. El juicio del 'caso Koldo' tocó a su fin este miércoles en el Tribunal Supremo, en una jornada marcada por el informe final del fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, que se mantuvo firme en su petición de condena para el exministro de Transportes José Luis Ábalos, su exasesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama. No obstante, si algo evidenció la última sesión del juicio es que esta ha sido la primera batalla de una guerra judicial mucho más larga, cuyos próximos capítulos se librarán en la Audiencia Nacional.
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El representante del Ministerio Público defendió ante el tribunal presidido por Andrés Martínez Arrieta la existencia de una prueba de cargo "demoledora" contra los acusados. Según sostuvo, los tres integraban una "estructura criminal que nace en el Ministerio de Transportes", en la que quien tomaba las decisiones era el entonces ministro y en la que el empresario, ahora convertido en colaborador de la Justicia, recompensaba con comisiones a cambio de favores.

También era muy esperado el informe del abogado de Aldama, José Antonio Choclán, después de que se hiciera público que la fiscal general, Teresa Peramato, intervino para que Luzón no solicitara la aplicación de la atenuante máxima de condena. El letrado remarcó la colaboración de su cliente con la Justicia, aseguró ante los jueces que el empresario se incorporó a una organización criminal que ya existía cuando él llegó y que, por tanto, nunca pudo ser su líder, y subrayó que gracias a Aldama se han abierto varias líneas de investigación que ahora instruye la Audiencia Nacional.

En este punto, cabe recordar que el 'caso Koldo' continúa instruyéndose en tres piezas separadas: una sobre las irregularidades en la compra de mascarillas; otra sobre los presuntos amaños en adjudicaciones de obra pública; y una tercera relativa a la supuesta financiación irregular del PSOE. Sintetizando, se puede decir que este juicio ha versado sobre una parte de la primera pieza, por lo que aún queda mucho camino por recorrer.

Choclán remarcó también ante la Sala de lo Penal que fue el señalamiento del exsecretario de Organización socialista Santos Cerdán por parte de Aldama lo que orientó al juez instructor y a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, impulsando unas pesquisas que, a su juicio, no habrían avanzado con la misma rapidez de no mediar esa colaboración. Pero el abogado fue más allá y situó ese testimonio como origen de nuevas derivadas judiciales en las que, según deslizó, "próximamente se conocerá la suerte" del ministro Ángel Víctor Torres y de la presidenta del Congreso, Francina Armengol.

"A Santos Cerdán, la primera vez que se le menciona es el señor Aldama. Que no se olvide esto", enfatizó el letrado, que insistió en que su cliente "ha reconocido ser instrumento para financiar personal o incluso orgánicamente al PSOE y a miembros del Gobierno", al explicar que parte de sus comisiones "se destinaron a financiar al PSOE a través de un sistema de donaciones".

Igualmente, Choclán sacó a relucir el informe que la Guardia Civil entregó al Supremo en junio de 2025, en el que se detallaba un rosario de irregularidades en la concesión de obra pública por parte de Transportes y que provocó el ingreso en prisión provisional de Cerdán. Aunque esos hechos no forman parte de este procedimiento, su sombra se ha proyectado sobre todos los rincones del Salón de Plenos del alto tribunal. Porque el juicio celebrado no es sino un preludio de los que están por llegar en la Audiencia Nacional con el paso de los meses y de los años.

Sobre un posible pacto de conformidad con la Fiscalía, el abogado insistió en que no se ha firmado ninguno, aunque subrayó la relevancia de la colaboración de Aldama, también destacada por el Ministerio Público, y volvió a defender que su declaración aportó hechos desconocidos hasta entonces, lo que justificaría aplicar la atenuante de confesión muy cualificada. Choclán sostuvo finalmente que su cliente, que ha luchado "frente al aparato estatal", ha renunciado a su propia defensa y se autoincriminó, lo que, a su juicio, merece "un premio".

Ábalos y Koldo mantienen su inocencia

El abogado de Ábalos, Marino Turiel, centró buena parte de su informe final en desacreditar a Aldama. El letrado cuestionó la credibilidad del empresario, al que situó como un colaborador interesado en evitar la cárcel mediante una estrategia consistente en reconocer parcialmente los hechos e incriminar al resto de acusados. En esa línea, repasó las contradicciones que el empresario ha incurrido en sus distintas declaraciones y sostuvo que su versión no reúne la solidez suficiente para sustentar una condena.

Turiel cargó además contra la "hipersensibilidad de la Fiscalía" y, especialmente, de la acusación popular que coordina el PP por promover una rebaja de pena al empresario. Tras subrayar que no mantiene afinidad ideológica alguna y que ha defendido tanto a cargos del PP como del PSOE, el abogado sí deslizó un trasfondo político en la posición de la acusación popular. Consideró "absolutamente controvertible" que se favorezca a Aldama después de que éste llegara a situar a Pedro Sánchez como el "número 1" de la supuesta organización criminal, una tesis que no ha sido asumida por Luzón, y que de hecho rechazó explícitamente.

En términos similares se expresó previamente la defensa de Koldo, que negó con rotundidad que su cliente integrara organización criminal alguna. No obstante, añadió que, "si nos creemos" el relato de la Guardia Civil, quien debería soportar una mayor condena sería precisamente Aldama, al que definió como el verdadero "jefe" de la trama. La abogada Leticia de la Hoz sostuvo que resultaba "fundamental destruir la credibilidad" del comisionista y se preguntó ante el tribunal: "Si a Aldama le pillamos en una o dos mentiras, o tres o cuatro, ¿por qué lo que dice es verdad?".

A su juicio, el empresario incurre en múltiples contradicciones y actuó movido por un "ánimo espurio" al acusar para salir de prisión provisional, donde permaneció poco más de un mes por el fraude millonario de hidrocarburos que sigue bajo investigación. La letrada solicitó la absolución de Koldo y defendió que, en el peor de los escenarios para su cliente, su papel habría sido el de un "cooperador totalmente prescindible" y "no necesario" dentro de la supuesta trama.

En los turnos de última palabra, Koldo cargó contra el PP, que dirige la acusación popular, al asegurar que le ofreció colaborar a cambio de mentir para evitar la cárcel. El exasesor ministerial sostuvo que ha rechazado esa posibilidad porque no piensa "engañar a todos los españoles" y negó haber recibido "un solo euro" de Aldama. También lamentó que, pese a haber ayudado "en todo lo que ha podido" a varios ministros del Gobierno, le hayan dejado "de lado".

Ábalos, por su parte, cerró el juicio denunciando una "causa predeterminada" y un "proceso inquisitorial" contra su persona. El exministro rechazó de plano haber cobrado comisiones del empresario y ridiculizó la acusación sobre supuestos pagos de 10.000 euros mensuales: "¡Qué barato que soy!". Según defendió ante el tribunal, no existe prueba alguna de esas entregas y consideró inverosímil el relato de Aldama sobre supuestos pagos en efectivo delante de terceros.

Visto para sentencia.