"Las empresas públicas no pueden ser espacio para la colocación discrecional, el refugio, aparcamiento de políticos y sustento de familiares o amigos, o donde se incluye a las sobrinas". Con esta crudeza se expresó el fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, durante su informe final este miércoles en el Tribunal Supremo, en la última jornada del juicio del 'caso mascarillas'.
El representante del Ministerio Público diseccionó ante la Sala de lo Penal el problema que, a su juicio, está "carcomiendo" el tejido institucional español y minando la confianza de los ciudadanos en las instituciones públicas: la corrupción política. No obstante, Luzón también tuvo palabras de reconocimiento a los funcionarios y empleados públicos honrados que denuncian irregularidades mientras temen sufrir represalias de sus superiores.
"Se va descendiendo por una corte servil hasta que aparece una empleada íntegra que alerta de lo que está sucediendo, normalmente sin éxito, y rogando por no ser represaliada", afirmó. Esa "empleada íntegra" fue Virginia Barbancho, que compareció como testigo en el Supremo. Se trata de la trabajadora de Tragsatec que puso en conocimiento de sus superiores que la expareja de José Luis Ábalos, Jéssica Rodríguez, ni siquiera fichaba cuando teletrabajaba y que, como respuesta, recibió que lo mejor sería que "la dejara en paz".
Luzón, que se refirió al exministro de Transportes y a su antiguo asesor Koldo García como "delincuentes", reiteró su petición de 24 años de cárcel para el exdirigente socialista, 19 años y medio para su mano derecha y siete años para el empresario Víctor de Aldama. Finalmente no aplicó a este último la atenuante muy cualificada de confesión, aunque dejó abierta la puerta a que el tribunal pueda apreciarla.
Especialmente vehemente en este punto, el fiscal jefe Anticorrupción describió indignado la dinámica de favores e influencias que operó desde la cúpula del Ministerio de Transportes desde que Ábalos asumió la cartera en junio de 2018, tras la moción de censura: "Se coloca a un asesor claramente incompetente en una empresa porque es una tradición; ese es el contexto asumido: que los deseos del ministro se convierten en decisiones ejecutivas".
Luzón también reprochó que Koldo hubiera "alardeado" en su declaración de haber "ayudado" a colocar a otra persona del entorno de Ábalos —en este caso, Claudia Montes en Logirail— en un puesto de trabajo público. El fiscal sostuvo que los acusados practicaron una "corrupción organizada continuada" que no solo causó "daño" a la libre competencia, sino también al recto y normal funcionamiento exigible a la Administración pública.
Las conclusiones de Luzón fueron tan contundentes que, como reconoció Alberto Durán, el abogado que ha llevado la voz cantante de las acusaciones populares e intervenía a continuación, "destrozaron" su turno de palabra.
Luzón pide una "reacción contundente"
Al justificar la elevada petición de penas, el fiscal admitió que lo tres acusados se enfrentan "a penas graves" porque "graves son las conductas que se les imputan". Y volvió a insistir en la dimensión institucional del caso.
"Nos encontramos con una corrupción orgánica, organizada, nada menos que desde un ministerio del Gobierno", afirmó el jefe de Anticorrupción, lo que "está disminuyendo la confianza de los ciudadanos en unas instituciones democráticas que estos delincuentes pervierten poniéndolas a su servicio".
Pero Luzón, consciente del alcance mediático de sus palabras, fue un paso más allá y lanzó un mensaje dirigido al conjunto de la sociedad: "La corrupción política está carcomiendo nuestro sistema democrático y solo una reacción contundente contra ella puede frenarla".
Además, reivindicó la "función preventiva" de las sanciones penales para reclamar al Tribunal Supremo que se impongan las penas solicitadas para Ábalos y Koldo por presuntos delitos de pertenencia a organización criminal, cohecho, aprovechamiento de información privilegiada, tráfico de influencias y malversación.
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