Sanidad y Defensa no se ponen de acuerdo sobre las cuarentenas obligatorias y alimentan la confusión con el hantavirus

El hantavirus no sólo ha provocado un choque institucional entre el Gobierno central y el de Canarias, territorio escogido por la OMS para que el crucero MV Hondius atraque, concretamente, en un puerto del sur de Tenerife. El enfrentamiento en el seno del Ejecutivo a cuenta de si los catorce pasajeros españoles deberán guardar cuarentena obligatoria cuando lleguen a España ha continuado este mañana, creando un juego de confusión. La ministra de Sanidad, Mónica García, ha insistido en que existen "instrumentos legales suficientes" para confinar a esos catorce ciudadanos, frente a la lectura que hace su compañera de gabinete y titular de Defensa, Margarita Robles, quien considera que dicho confinamiento sólo puede ser voluntario. Deja así abierta la posibilidad de que, en el ejercicio de dicha voluntariedad, puedan negarse, incluso, a ingresar en el hospital militar Goméz Ulla para ser evaluados.

García ha sostenido su argumentación sobre la ley de medidas especiales en materia de salud pública, de 1986, que en su artículo tres señala que, "con el fin de controlar las enfermedades transmisibles, la autoridad sanitaria, además de realizar las acciones preventivas generales, podrá adoptar las medidas oportunas para el control de los enfermos, de las personas que estén o hayan estado en contacto con los mismos y del medio ambiente inmediato, así como las que se consideren necesarias en caso de riesgo de carácter transmisible". No especifica la posibilidad de una cuarentena, pero tampoco cierra esa puerta si el criterio de salud pública así lo exige, al menos, según la lectura de Sanidad.

Apelación al "sentido común" y a la "responsabilidad" de los pasajeros

En todo caso, y ante la posibilidad de que algunos de esos catorce pasajeros decida no confirnarse, García ha apelado al "sentido común" y a la "responsabilidad". En entrevista a la cadena Ser y tras insistir en que "sí, tenemos los instrumentos legales", ha dicho estar convencida de que "tanto las familias como los pasajeros van a ser responsables y van a querer estar vigilados y controlados en materia de cuidado de su propia salud y también en materia de cuidado de la salud pública".

En todo caso, y como apuntó Robles, los catorce españoles deberán firmar un consentimiento confirmado para poder ser evaluados y confinados en el hospital militar madrileño. La gran incógnita reside en si alguno de ellos se niega a ser ingresado conforme a la ley de Autonomía del Paciente y si, en ese caso, no vale con una decisión sanitaria sino si debe intervenir un juez. Defensa ha mantenido silencio durante el día de hoy después de que Robles martizara el pasado miércoles por la noche a su socia de Sumar.