La Junta abre el plazo para solicitar las ayudas a las víctimas del accidente de Adamuz

Las víctimas del accidente ferroviario del pasado 18 de enero en el municipio cordobés de Adamuz podrán solicitar las ayudas aprobadas por la Junta de Andalucía a partir del próximo 2 de junio. Tras lograr la unanimidad de todos los grupos en el Parlamento andaluz y publicarse en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), se abre de forma oficial un plazo de tres meses para acceder a esta importante línea de apoyo.

Las cuantías contempladas buscan paliar los daños sufridos y varían en función de la gravedad. Para aquellas personas que padecieron lesiones físicas, las ayudas oscilan entre los 481 y los 16.828 euros, mientras que las familias de los fallecidos en el siniestro percibirán una suma de 14.424 euros. Para tener derecho a estas aportaciones económicas, el requisito indispensable es que los solicitantes residieran en Andalucía en el momento en que se produjo la tragedia.

Tras más de cuatro meses desde el suceso, las víctimas continúan enfrentándose a una multitud de gastos ineludibles derivados de su nueva realidad. Entre las necesidades económicas más acuciantes se encuentran la adecuación de sus viviendas para garantizar la accesibilidad tras las secuelas físicas, así como los elevados costes de la rehabilitación y los tratamientos psicológicos. Además, algunos afectados se encuentran en una situación de extrema vulnerabilidad al no cobrar prestaciones por no estar dados de alta en la Seguridad Social en la fecha del suceso, lo que, sumado a la gravedad de sus lesiones, dificulta enormemente su regreso al mercado laboral a corto y medio plazo.

Al impacto físico y emocional se le suma el actual desgaste burocrático. La mayoría de las víctimas y familiares, originarios de la provincia de Huelva, deben asumir continuamente los gastos de desplazamiento hasta el Tribunal de Instancia de Montoro, que es el órgano judicial encargado de instruir el caso. Por ello, el Comisionado creado por el Gobierno andaluz propuso estas ayudas con la intención de proporcionar una atención inmediata que contribuya a mitigar el severo impacto económico en una población en situación de vulnerabilidad.

La tramitación, gestión y resolución de los expedientes recaerá en la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública, que cuenta con un plazo máximo de dos meses para dar respuesta desde la fecha de presentación de las solicitudes. Cabe destacar que estas ayudas económicas se abonarán mediante un pago único y estarán totalmente exentas de tributar en el tramo autonómico del IRPF.

En los dolorosos casos en los que la dotación económica vaya destinada a las familias de las personas fallecidas, la normativa establece un orden de beneficiarios muy claro. Podrán percibir los fondos los cónyuges o parejas con relación análoga y los hijos, con independencia de su edad e incluyendo a los hijos póstumos. En caso de que no existan ni pareja ni descendencia, el derecho pasará directamente a los progenitores y, en ausencia de estos, a los ascendientes de segundo grado o hermanos, repartiéndose a partes iguales si concurren varias víctimas indirectas.

Finalmente, en un intento por agilizar los trámites y evitar una doble victimización administrativa, los afectados que ya hayan sido reconocidos como tales por el Gobierno de España no tendrán que volver a aportar su documentación, ya que estas ayudas autonómicas son completamente compatibles con las estatales. Las peticiones podrán cursarse a través de los formularios disponibles en la Sede Electrónica General, y se podrán presentar de manera presencial o a través del Registro Electrónico Único de la Junta.