Ábalos y Koldo deberán devolver los 34.450 euros que Jessica Rodríguez cobró en Ineco sin haber ido a trabajar

El Tribunal Supremo ha fijado que el exministro de Transportes José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García deberán indemnizar de forma conjunta y solidaria a la empresa pública Ineco con 34.450 euros, el "salario" percibido por Jessica Rodríguez —expareja de Ábalos— pese a no haber acudido "ni un solo día" a trabajar, según declaró ella misma al tribunal durante el juicio. La resolución, a la que ha tenido acceso El Independiente, ha condenado a 24 años de prisión al exministro, mientras que el que fuera su 'mano derecha' ha recibido una pena de 19 años y ocho meses de cárcel por las mordidas en los contratos de mascarillas adjudicados durante la pandemia.

El tribunal del 'caso mascarillas' hizo público este lunes su sentencia del juicio celebrado en abril. La resolución, de 224 páginas, describe un "claro plan criminal" articulado entre los acusados, en el que Aldama aportaba el tejido empresarial, Koldo García ejecutaba las gestiones y Ábalos ocupaba la posición institucional clave para facilitar la contratación pública.

Los 'enchufes' en Ineco y Tragsatec

En este sentido, el Supremo da por acreditado que Ábalos y Koldo 'enchufaron' a Jessica en dos empresas públicas vinculadas al ministerio en el que ambos entonces trabajaban. Concretamente, los magistrados de la Sala de lo Penal señalan que Rodríguez fue contratada en Ineco y posteriormente en Tragsatec "con la finalidad de que percibiera un sueldo" y sin llegar a desarrollar "ninguna actividad laboral" efectiva.

"Jessica Rodríguez no llegó, con conocimiento y plena aceptación del acusado José Luis Ábalos, a desempeñar trabajo o función alguna durante el tiempo que permaneció empleada en Ineco (...) Recibió la cantidad neta de 34.450 euros de la empresa en concepto de salario", apunta el tribunal.

Por ello, los togados han aceptado la petición de la Fiscalía Anticorrupción y acordado que tanto el exministro como su exasesor indemnicen "conjunta y solidariamente" a Ineco y Tragsatec con 34.450 y 9.500 euros, respectivamente.

También el 'enchufe' de Claudia Montes

La sentencia también da por acreditada la "privilegiada" contratación de Claudia Montes —exMiss Asturias— en LogiRail por su "relación personal" con el exministro. "Es esa relación la que explica la disciplinada intervención de Koldo García con el fin de remover cuantos obstáculos pudieran presentarse para la incorporación laboral de Claudia Montes en esa entidad y para neutralizar cualquier exigencia de sus superiores a fin de que cumpliera con los deberes derivados de su función como contratada laboral", recoge la sentencia.

Por otra parte, la resolución considera probado que Ábalos percibió pagos periódicos de Aldama. En concreto, el tribunal da por acreditado que el exministro recibió 10.000 euros mensuales desde octubre de 2019 hasta junio de 2022 destinados a sufragar sus "gastos fijos". Dichas cantidades constituían, según la resolución, contraprestaciones derivadas de los favores y gestiones realizadas en beneficio de las empresas vinculadas a la trama.

La Sala también incluye dentro de esas ventajas el alquiler del piso en la Plaza de España de Madrid en el que residió Jessica Rodríguez, entonces pareja del exministro. Según el tribunal, el inmueble fue sufragado por un testaferro de Aldama y constituyó una ventaja patrimonial concedida a Ábalos. El coste total asumido por la organización ascendió a 82.295 euros.

Por ello, la sentencia también acuerda para los tres condenados el decomiso de las ganancias procedentes del delito de cohecho, que ascienden a 430.298 euros. Esa cantidad se desglosa en 340.000 euros abonados por Víctor de Aldama —10.000 euros mensuales durante 34 meses—, 82.295 euros correspondientes a la renta del piso de Plaza de España y 8.000 euros por el alquiler del chalé de Villa Parra (Marbella).

Sobre este último, el Supremo considera que se trató de una contraprestación de Aldama para Ábalos y Koldo por las gestiones relacionadas con la emisión de una nota de prensa para el rescate de Air Europa, compañía de la que Aldama era asesor. El tribunal ha concluido que la organización intervino para favorecer los intereses de la aerolínea en pleno proceso de rescate por parte de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).