La directora de la Guardia Civil recibió el aviso de la campaña contra la UCO y al día siguiente abrió expediente a un agente tras hablar con Leire

La cronología de los hechos se ha convertido en uno de los elementos clave de la investigación que instruye la Audiencia Nacional sobre los movimientos de la exmilitante socialista Leire Díez y sus contactos con distintas estructuras del Estado. El 8 de mayo de 2025 se informó a la cúpula de la Guardia Civil de la existencia de una presunta campaña de descrédito contra la Unidad Central Operativa (UCO). Veinticuatro horas después, Leire Díez trasladó información sobre la unidad a la directora general, Mercedes González, en un contexto en el que ya se habían activado advertencias internas sobre esos movimientos, según recogen los informes de la UCO a los que ha tenido acceso El Independiente.

Mercedes González no está investigada y los informes de la Guardia Civil no le atribuyen responsabilidad penal. Sin embargo, su nombre aparece de forma reiterada en la documentación incorporada a la causa por los contactos mantenidos con Leire Díez, por las referencias incluidas en informes internos y por la secuencia de actuaciones que se desarrollaron en la cadena de mando en esos días.

El 6 de mayo ya se alertó sobre Leire Díez

Según la documentación incorporada al procedimiento, el 6 de mayo de 2025 la Unidad Central Operativa elaboró una nota de despacho en la que alertaba de una posible campaña de descrédito contra la unidad. En ese documento se señalaba la participación de personas vinculadas a la empresa Hafesa y a entornos relacionados con el PSOE, entre ellas Leire Díez.

La nota se remitió ese mismo día a la cadena de mando. Posteriormente, el 7 de mayo, el jefe de Policía Judicial la elevó al director adjunto operativo (DAO), Manuel Llamas, antes de la reunión de despacho que éste mantuvo el 8 de mayo. Durante ese encuentro, según consta en la documentación incorporada al sumario, el contenido de la información se trató en el nivel de mando de la Guardia Civil. En ese contexto se incorporó otra nota de la Jefatura de Información, fechada el 29 de abril, que apuntaba en la misma dirección.

De acuerdo con el testimonio del entonces jefe de la UCO, en una de las notas se recogía que Leire Díez presumía de tener influencia sobre distintos niveles del Instituto Armado y, de forma concreta, sobre la dirección general de la Guardia Civil. El mismo mando aseguró en su declaración que dio “total veracidad” a la información y que ordenó medidas de vigilancia preventiva sobre los investigadores mencionados. La relevancia de estos avisos reside en que, según la cadena de mando, la directora general habría sido informada de su contenido por el propio DAO antes del desarrollo de las actuaciones posteriores.

El 9 de mayo, fecha clave

La secuencia continúa al día siguiente. El 9 de mayo, según los informes policiales, Leire Díez recibió información relativa a la UCO y decidió trasladarla a Mercedes González. Los investigadores sitúan este movimiento en un momento en el que ya existía conocimiento interno de la existencia de una campaña de descrédito contra la unidad.

La UCO ha documentado al menos tres reuniones previas entre la directora general y la exmilitante socialista. El 30 de septiembre , el 20 de diciembre de 2024, y el 2 de abril de 2025. Tras este último encuentro, Leire Díez escribió un mensaje en el que afirmaba: “Ayer no estuvo mal la reunión con la directora de la GC. Voy a ver si sigo aumentando esa vía”.

En sus comunicaciones, la exmilitante socialista hacía referencia a una supuesta relación de proximidad con la directora general y utilizaba esa cercanía como elemento de interlocución en distintos ámbitos, según la documentación analizada por los investigadores. Los agentes apuntan que entre ese mismo día 9 de mayo y el 13, después de que la cúpula de la Guardia Civil fuera alertada de la campaña contra la UCO, se activó una información reservada dentro del Instituto Armado relacionada con supuestas filtraciones de conversaciones entre José Luis Ábalos y Koldo García.

Según la declaración del entonces jefe de la UCO, tuvo conocimiento de la apertura de esas actuaciones el 13 de mayo. El testigo señaló que desconocía quién había ordenado formalmente la incoación, aunque consideró que podía derivar de una comunicación del DAO. En el marco de esa información reservada, el instructor llegó a trasladar que existían “presiones políticas” sobre la cadena de mando, según consta en su testimonio. Posteriormente, la actuación se cerró por orden del director adjunto operativo.

Malo y Yuste

La Audiencia Nacional intenta ahora determinar qué conocimiento tuvo la dirección de la Guardia Civil sobre la campaña de descrédito contra la UCO, cómo se gestionaron internamente las advertencias recibidas y qué relación existe entre esas alertas y las actuaciones posteriores dentro del cuerpo.

Las declaraciones de Alfonso López Malo y Rafael Yuste serán claves para reconstruir la cadena de decisiones en un momento especialmente sensible para la Guardia Civil, en el que convergen las advertencias internas, los contactos de Leire Díez con la dirección del cuerpo y la apertura de actuaciones que afectaron directamente a la propia unidad investigadora.