La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), la organización mayoritaria dentro del Instituto Armado, ha anunciado que se personará como acusación popular en la causa que instruye la Audiencia Nacional sobre la presunta trama para obtener información reservada y desacreditar a la Unidad Central Operativa (UCO). Además, una vez sea admitida en el procedimiento, solicitará apartar cautelarmente de sus puestos a la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, y del director adjunto operativo (DAO), Manuel Llamas, al considerar que su permanencia en el cargo puede afectar al desarrollo de la investigación.
En un comunicado, la asociación asegura que ejercerá la acusación popular "con la máxima intensidad y rigor, en defensa de los principios y valores de la Guardia Civil" dentro del procedimiento que se sigue en el Juzgado Central de Instrucción. AUGC explica que, cuando pueda actuar plenamente como acusación popular, reclamará "la adopción de las medidas cautelares previstas en el ordenamiento jurídico para evitar que la continuidad en el cargo de la directora general, Mercedes González, y del director adjunto operativo (DAO), Manuel Llamas, pueda condicionar o alterar la investigación judicial que está en curso".
Se suma a la iniciativa de JUCIL
Con este movimiento, AUGC se suma a la estrategia iniciada por JUCIL, que ya anunció su personación en la causa. La asociación mayoritaria da así un paso más al anticipar que solicitará expresamente el apartamiento cautelar de los dos máximos responsables operativos y políticos del Instituto Armado mientras avanza la investigación judicial.
La organización enmarca su decisión en su compromiso con la lucha contra la corrupción dentro de la Guardia Civil. "AUGC no cejará en el empeño de combatir, como ha hecho siempre, la corrupción en el ámbito de la Guardia Civil", afirma el comunicado. La asociación recuerda además que su nacimiento estuvo vinculado al caso Luis Roldán y sostiene que, "tres décadas después, AUGC vuelve a situarse donde siempre ha estado: frente a quienes degradan la institución desde su cúpula".
Mercedes como "comisaria política"
El comunicado contiene también duras críticas a la directora general del Instituto Armado. Para AUGC, el desempeño del cargo "resulta incompatible con cualquier atisbo de actuación al margen de los parámetros deontológicos que rigen la institución". En ese sentido, sostiene que la actuación que se atribuye a Mercedes González "es más propia de una comisaria política que de quien, con absoluto respeto a la imagen y al papel que la Constitución otorga a la Guardia Civil, ejerce el mando de 80.000 hombres y mujeres".
La asociación concluye defendiendo que la Guardia Civil "no puede ser un Estado dentro del Estado" y que su actuación debe ajustarse "al cumplimiento, fiel y estricto, de las previsiones constitucionales y del resto del ordenamiento jurídico". Asimismo, reivindica que fue "la primera en denunciar y la primera en exigir responsabilidades" y asegura que mantendrá esa posición: "Allí donde haya corrupción en la Guardia Civil, AUGC estará enfrente, con la ley en la mano y sin más servidumbre que la debida a los guardias civiles y a la ciudadanía".
La incorporación de ambas asociaciones como acusación popular incrementa la presión sobre la cúpula de la Guardia Civil, después de que el juez haya abierto una investigación que afecta a la directora general, Mercedes González, y al director adjunto operativo (DAO), Manuel Llamas. Mientras JUCIL ya había reclamado la dimisión de ambos responsables, AUGC va un paso más allá al anunciar que solicitará expresamente que se les aparte cautelarmente.
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