El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los Diputados anunció la solicitud de comparecencia de la ministra de Inclusión Social, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, y del titular de Interior, Fernando Grande-Marlaska, para conocer qué impacto tendrá y cómo se está afrontando el proceso de regularización extraordinaria de inmigrantes impulsado por real decreto ley y pactado con Podemos. Sobre todo, después de que las solicitudes hayan superado en el doble las previsiones del Gobierno.
Los populares se refieren a esa regularización como "masiva", en los mismos términos que Vox, y definen estas solicitudes de intervención como una "ofensiva parlamentaria" contra el Gobierno. Temen que con esta regularización no se cumpla la legislación europea, el Pacto Europeo sobre Migración y Asilo en España. El proceso estima la regularización de residencia de en torno a medio millón de extranjeros que ya residen en España y trabajan en b, sin cotizaciones.
En ese ataque contra el Ejecutivo, los populares también han registrado varias medidas parlamentarias en beneficio, dicen, de la transparencia. Una de ellas busca "garantizar la correcta implantación" del acuerdo migratorio europeo, "para su debate y votación" en el pleno del Congreso. Los populares, en ese escrito, en su exposición de motivos, indican que Sánchez, "mantiene una preocupante opacidad" sobre la implantación de esta legislación y más "sobre los recursos necesarios para garantizar" el cumplimiento de los nuevos compromisos y "plazos" establecidos por Bruselas.
Ya en sus demandas, en seis puntos, se exige a Moncloa una rápida implantación con los requisitos necesarios para adaptar el marco español a esa norma migratoria europea, especialmente "el ordenamiento jurídico". Se quiere un informe jurídico sobre esta adaptación, y "reforzar los recursos humanos, materiales y tecnológicos" para hacer frente a la inmigración ilegal. También que haya colaboración para ello entre las Administraciones y que el Gobierno apoye el acuerdo del Parlamento y el Consejo Europeo sobre el Reglamento de Retornos. Que garantice su aplicación nada más entrar en vigor.
A ello, se une una batería de 22 preguntas parlamentarias al Ejecutivo. Se quiere conocer al detalle todos los pormenores de un proceso de "regularización masiva marcado desde el inicio por la improvisación, la falta de planificación y el colapso de numerosas oficinas encargadas de tramitar las solicitudes". Esa saturación, "las imágenes de largas colas, la insuficiencia de medios habilitados inicialmente y la necesidad de adoptar medidas de refuerzo apenas iniciada la campaña evidencian que el ejecutivo ha puesto en marcha un procedimiento enorme sin disponer de una estructura adecuada para poder gestionarlo". El PP quiere conocer los datos precisos. "El número de solicitudes a fecha", el porcentaje de demandas por territorios y cuál es "el perfil de los beneficiarios y el impacto sobre la Administración y los servicios públicos".
Esas preguntas oscilan entre la solicitud de datos sobre estudios de impacto realizados, especialmente en cuestiones de Sanidad, Educación y Vivienda, y sobre los peligros de una incorporación amplia al sistema, limitado. También se quiere información precisa sobre en qué zonas tendrá más impacto, con Madrid en el foco. Otras de las preguntas buscan que Migraciones e Interior determine, en su caso, por qué no se han aprobado los expedientes rechazados, si los ha habido, el tipo de antecedentes penales conocidos, las principales nacionalidades de a quienes afecta el proceso en general, y todo lo recabado sobre "falsedad documental, empadronamientos fraudulentos o certificados falsos".
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