Génova 1-0: el Supremo avala sus dudas sobre la regularización de inmigrantes, pero pincha con la ley de nietos

La semana comenzó bien para el Partido Popular tras conocerse que el Tribunal Supremo abre la puerta a llevar al TJUE la regularización extraordinaria de inmigrantes, pero conforme pasaban los días, tuvo que deshacerse en explicaciones en torno a la llamada 'ley de nietos'. Un asunto y otro poco tienen que ver, pero Génova y el PP de Madrid vincularon ambas cuestiones lanzando la sospecha de una supuesta "ingeniería electoral" diseñada por Moncloa que, a juicio de Isabel Díaz Ayuso necesitaría incluso de observadores internacionales para verificar la limpieza de los procesos electivos del país. Además ha lanzado advertencias sobre la actuación de los cónsules, encargados de tramitar las peticiones, en una estrategia que no han seguido otros barones autonómicos.

La dirección popular se han enredado con las nacionalizaciones de los descendientes de los exiliados, cuando han sido sus grandes defensores. Que Manuel Fraga, primero; Mariano Rajoy, después, y ahora Alberto Núñez Feijóo, sean gallegos tiene en este debate un significado de largo alcance. De hecho, fue el presidente fundador de AP el primero en hacer campaña en Argentina para las elecciones a la Xunta gallega, modelo que copió Feijóo con el mismo objetivo. Rajoy también cruzó el charco en varias ocasiones con extensión a Uruguay, en su caso dentro de su campaña camino a la Moncloa. Los tres eran conscientes de la importancia de este voto y los tres reivindicaron el derecho de los descendientes a recuperar la nacionalidad de sus padres o abuelos.

"Opacidad absoluta"

Ante la polémica, Génova convocó a los medios de comunicación para explicarles las causas últimas de sus sospechas, no tanto sobre el fondo como sobre la forma. Unas dudas que la portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Ester Muñoz, explicó de viva voz en una desayuno informativo de Europa Press. Acusó al Gobierno de hacer una interpretación extensiva de la ley de memoria democrática a través de una instrucción y de "opacidad absoluta" a pesar de las veces que se les había requerido información al respecto. Y ahora, "de repente, dos millones y medio de personas más pueden votar en las próximas elecciones porque han adquirido la nacionalidad. Muchos sin haber pisado ni una sola vez en su vida España", adujo.

Los populares evitan pronunciar la palabra "pucherazo" pero lo han regado todo de sombras, al igual que ha hecho Vox. Reivindican en este sentido su derecho a sospechar de un procedimiento que parece haberse acelerado, sin garantías ni controles. Lo cierto es que hay un trecho muy largo entre que haya 2,5 millones de personas solicitantes de un pasaporte español y que puedan ejercer su derecho al voto de forma inmediata. De dar por buena la petición, para llegar hasta ahí hay que completar varias etapas y algunos años -proceso con muchos desistimientos- y no parece que Pedro Sánchez tenga un margen tan grande para esperar a entonces antes de convocar elecciones.

La política migratoria del PP, en manos de 'duros'

La vicesecretaria de Coordinación Sectorial, Alma Ezcurra, es la responsable de la política migratoria en Génova, asistida por su coordinador Rafael Núñez Huesca. Considerados del sector 'duro' en materia de inmigración, hay quien apunta también al portavoz del PP en el Parlamento Europeo, Esteban González Pons, como el inspirador de esta estrategia. El presidente de la Asociación de Diplomáticos Españoles (ADE), Alberto Virella, ha estado estos días por distintos medios de comunicación defendiendo la labor de los cónsules, aunque coincide en que el proceso de nacionalizaciones de la mal llamada 'ley de nietos' adolece de "una gran improvisación" que tiene los consulados desbordados, pero nada que ver con manos negras.

No obstante, el PP insiste en esta estrategia, convencido de recoger el sentir de amplios sectores de la población respecto a que el inquilino de la Moncloa "es capaz de cualquier cosa con tal de no abandonar el poder", dicen fuentes del primer partido de la oposición. Feijóo volvió a ello este mismo viernes, pues anda encadenando una serie de actos con cargos y cuadros del partido con intención movilizadora de cara a la próxima campaña de las generales.

"Siempre hay un interés, siempre hay una búsqueda del beneficio propio, ahora con las nacionalizaciones masivas y la alteración del censo", dijo a modo de premisa ante presidentes de Diputación, de cabildos y de consells. Agregó que "no hay un español, ni viejo ni nuevo, que crea que hay buena fe en este Gobierno" para pasar a calificar de "irresponsable" que decisiones de este impacto no vengan precedidas de "un debate sosegado en el Parlamento".

El Supremo abre la puerta a llevar la regularización masiva al TJUE por si colisiona con la norma comunitaria

Y en ese juego de similitudes pasó a arremeter contra el proceso de regularización masiva. La primera cifra de 500.000 inmigrantes sin papeles se ha convertido al final en 1,2 millones, lo que les permite volver a cebar la tesis de una maniobra para engordar a futuro el censo electoral. Dado que el grueso de los solicitantes es de origen hispanoamericano, con dos años de residencia pueden pedir la nacionalidad española. En este punto los populares se han anotado un tanto.

El Tribunal Supremo ha abierto la puerta a llevarlo a la Justicia europea tras los recursos presentados por las Comunidades Autónomas de Aragón y de Valencia. El TS cree que puede haber motivos para elevarlo al TJUE por entender que colisiona con la política europea de migración y asilo, y quizá pida la suspensión del trámite administrativo a la espera de lo que diga Luxemburgo. Para el PP nada de esto es motivo de broma. "La ciudadanía y la nacionalidad, son la expresión más honda de la relación entre un ciudadano y un Estado", sentenció Feijóo, quien insiste en que no hay país que resista un crecimiento de ente 7 y 8 millones de habitantes en poco más de un lustro.