Quizá uno de los cerrojos más importantes que pesaban sobre la ley de amnistía se abrió el jueves. En Luxemburgo. La doble sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) otorgaba un poderoso aval a la arriesgada apuesta de Pedro Sánchez por el perdón al procés. Un respaldo no solo jurídico, sino también político, por cuanto que valida que fue aprobada en 2024 para "reducir tensiones institucionales y políticas y facilitar un escenario de reconciliación". Pero ahora, con esas dos resoluciones en la mano, la pregunta central sigue sin respuesta: ¿cuándo? ¿Cuándo se aplicará a los líderes del proceso separatista, a Carles Puigdemont y a Oriol Junqueras? ¿El próximo otoño? ¿O puede demorarse más? El Ejecutivo tiene dudas. Confía en que se acaben desplegando los efectos de la norma pronto, pero asegura que tampoco las tiene todas consigo. Cabe, reconoce, que el Tribunal Supremo maniobre para estirar los tiempos, que algunos de los jueces de la Sala de lo Penal tengan la "tentación" de querer preguntar a los magistrados europeos sobre la cobertura que el texto legal tiene sobre el delito de malversación. Y cabe también que, sin embargo, otros togados del TS reconozcan que eso es una "locura". El camino para el Gobierno, por tanto, no se presenta del todo despejado. No ahora.
La incertidumbre que en las últimas horas manifiestan en la Moncloa respecto al futuro de la aplicación de la ley de amnistía contrasta con las declaraciones rotundas que siguieron a la comunicación de los dos fallos de la Gran Sala del TJUE. El tribunal de Luxemburgo dio respuesta este jueves a las cuestiones prejudiciales planteadas por el Tribunal de Cuentas y la Audiencia Nacional. Al primero le contestó que extinguir la responsabilidad contable de los dirigentes separatistas que fueron procesados o condenados por destinar fondos públicos a la organización del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 es perfectamente compatible con el derecho comunitario. No daña, argumentó, los intereses financieros de la UE, porque esos fondos "no provienen del presupuesto de la Unión ni están destinados a este", y porque aunque una disminución de la renta nacional bruta (RNB) de un Estado miembro (España) por la secesión de una parte de su territorio (Cataluña) pueda suponer una merma de la contribución nacional al presupuesto de la Unión, se trataría del "corolario" del hecho de que Cataluña dejara de estar "sujeta a los Tratados" y también no se beneficiara ya de las medidas de apoyo que contemplan esos Tratados.
El TJUE, en su segunda resolución, respondió a la Audiencia Nacional que la ley de amnistía "no menoscaba" la directiva europea de lucha contra el terrorismo. Dicho de otra manera, el derecho comunitario "no se opone" a una norma que "para reducir tensiones institucionales y políticas y facilitar un escenario de reconciliación, establece la extinción de la responsabilidad penal de cualquier persona que haya cometido, en un periodo delimitado y en el contexto de un proceso de independencia" de una parte del territorio de España, "actos comprendidos en esta directiva que no hayan causado de forma intencionada graves violaciones de derechos humanos".
Hora y media después de conocerse la dos sentencias del TJUE, el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños —quien supervisó de principio a fin la redacción de la ley—, subrayó que el pronunciamiento de Luxemburgo "ha puesto fin al debate". "Dijimos que la ley era constitucional y conforme al derecho europeo, y el Tribunal Constitucional y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea lo han confirmado. Ya no hay duda", enfatizó.
Y aunque la ley de amnistía ya ha desplegado sus efectos sobre "casi 400 personas", desde manifestantes a miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, el Gobierno considera que "solo se habrá cumplido plenamente" la norma, tal y como salió aprobada de las Cortes, cuando "se aplique también a los líderes políticos que impulsaron el proceso independentista". "Esta será la última etapa del proceso de normalización institucional, política y social en Cataluña, y sería positivo para todos que esta etapa se recorriera lo antes posible". Un mensaje similar dejó el president catalán, el socialista Salvador Illa, desde el Palau de la Generalitat: ahora toca una aplicación "diligente e integral" de la ley.
El doble fallo del TJUE es directamente aplicable a los 35 ex altos cargos a los que el Tribunal de Cuentas procesó por su responsabilidad contable en la organización del referéndum del 1-O y también a los miembros de los comités de defensa de la república (CDR) a los que la Audiencia Nacional acusó de delitos de terrorismo. Ahí no caben dudas. Pero el nudo gordiano se sigue situando en el líder de Junts, el expresident Carles Puigdemont, procesado en rebeldía por el Supremo (igual que los huidos Toni Comín o Lluís Puig), y también en el jefe de ERC, Oriol Junqueras, todavía con una inhabilitación pendiente —como ocurre con los exconsellers Jordi Turull, Raül Romeva y Dolors Bassa—. El Tribunal Constitucional, que preside Cándido Conde-Pumpido, ha de resolver los recursos de amparo presentados por ellos contra la denegación de la amnistía.
La previsión es que el tribunal de garantías, de mayoría progresista, comienza a resolver las impugnaciones a la vuelta del verano. Quizá no a primeros de septiembre, porque el ponente en el que ha recaído el primer recurso, el presentado por Turull, número dos de Junts, es el conservador José María Macías, por lo que su esperado rechazo a la aplicación de la norma supondrá un cambio de ponente, con el consabido retraso. El TC deberá fijar la doctrina tanto para los procesados en rebeldía como para los condenados por malversación (Junqueras, Turull, Romeva y Bassa). Y su decisión seguramente favorable a los dirigentes del procés debería llevar al Supremo a proceder a la amnistía y al levantamiento de las órdenes de detención de los fugados.
¿Afecta directamente la decisión del TJUE al TS?
Pero el Gobierno no tiene ya tan claro que ese recorrido sea tan lineal y que el camino concluya en el otoño, en la rampa de salida de las próximas elecciones generales y cuando en el Congreso hayan llegado —o estén a punto de hacerlo— los Presupuestos Generales del Estado, para cuya aprobación es necesario el concurso de Junts. Cree el Ejecutivo, como también auguran algunos dirigentes socialistas consultados, que el Supremo puede poner palos en las ruedas.
En la Moncloa recuerdan, de hecho, que el TS podía al menos haber levantado ya la orden de detención de los huidos "dado que la ley de amnistía está validada por el TC y por el TJUE". "Pero ellos están emitiendo que no van a mover ni un dedo hasta que no lo mueva el Constitucional, porque la sentencia de Luxemburgo sobre la malversación, en respuesta al Tribunal de Cuentas, no les afecta directamente. Es cierto que no les afecta directamente, porque han retorcido la ley hasta el máximo para decir que no cabe la amnistía en los casos de malversación, pero sí podían levantar las órdenes de detención, que eso sí que le corresponde al Supremo", explica a El Independiente un miembro de la máxima confianza del presidente Sánchez.
El alto tribunal, sin embargo, no lo hará. El mismo jueves ya adelantaron fuentes del órgano que las órdenes de detención se mantendrán porque el artículo 1 de la ley establece que la amnistía no puede aplicarse a los delitos de malversación que se hubieran cometido con el propósito de "enriquecimiento" o "beneficio personal de carácter patrimonial". El TS sí consideró que Puigdemont incurrió en ese delito. La razón es que los dirigentes del procés obtuvieron un beneficio patrimonial al no costear con su bolsillo los gastos del 1-O, de modo que malversaron fondos públicos —es su tesis— para sufragar el referéndum. Fue la decisión que adoptó en julio de 2024, con el voto discrepante de la magistrada de sensibilidad progresista Ana Ferrer (que apoyó plantear una prejudicial al TJUE). Desde entonces, el Supremo no se ha movido. Es decir, que para él sigue todavía vivo el motivo por el que denegó el perdón a los procesados y condenados.
Si el TC, como se espera, da la razón a los dirigentes independentistas, ¿qué hará entonces el Supremo? Ahí persiste la duda también para el Gobierno. El alto tribunal no elevó al TJUE una cuestión prejudicial antes de decidir cómo tenía que aplicar la medida de gracia. Después de que hable el Constitucional, los magistrados del TS podrían planteárselo. "Es verdad que el TJUE les cierra esa puerta un poquito —razonan desde el círculo más cercano a Sánchez—. Y que han visto que la Justicia europea les ha dicho que en cuestiones prejudiciales no tienen mucho más que decir. Entonces, en el Supremo se juegan que el TJUE inadmita más prejudiciales y que se lleven un buen varapalo más allá del que se llevaron el jueves. No sabemos por tanto qué van a hacer en el TS. Seguro que algunos jueces tienen la tentación de querer ir al TJUE, pero habrá otros que consideren que es una locura".
Otro dirigente socialista muy próximo al núcleo duro del presidente comparte esa misma hipótesis: "Descartada la inconstitucionalidad y la incompatibilidad con el derecho de la UE de la amnistía, queda por despejar el problema de su aplicabilidad al delito de malversación. El TS hizo en este punto una interpretación derogatoria de la ley, pendiente de revisión constitucional en vía de amparo. Y una vez se estime el amparo por el TC, que creo que es lo que sucederá mientras se mantenga la actual mayoría [progresista], siguiendo el voto particular que presentó la magistrada discrepante [Ana Ferrer] de la Sala de lo Penal, no creo que esta se atreva a plantear una cuestión prejudicial contra la sentencia del TC. Pero imposible no es. Eso sí, no creo que el TJUE siquiera la admitiera a trámite. Lo lógico es que no la hubiera, pero es verdad que en el Supremo están muy burros. Han perdido cualquier resto de pudor profesional. Están en cruzada [contra el Gobierno]".
Un descreimiento más acusado
La lectura de que el Supremo puede torpedear la aplicación de la amnistía, aún con el aval del TJUE ya explícito y con el probable amparo del Constitucional en el otoño, es compartida por otros responsables socialistas. "Los jueces interpretarán lo peor para el Gobierno", manifiesta con rotundidad un jefe de un aparato autonómico muy destacado.
—Yo creo que el TS no comparte mayoritariamente esta decisión del TJUE y quizá intente hacer imperar su criterio para no aplicarla —expresa un líder territorial no siempre alineado con Ferraz—. Una democracia que perdona, que concilia y reconcilia, es una democracia mejor. No comparto nada con Puigdemont y creo que fue un gravísimo desafío al Estado lo que protagonizó, pero por encima de él está la ciudadanía catalana y la necesidad de normalizar la situación que se dio en 2017. Y se ha conseguido... en parte. El TS debe aplicar la amnistía por el interés general del país, algo que ya pide hasta la derecha española. El Gobierno ha obtenido un espaldarazo enorme de la Justicia europea y del TC [cuando declaró constitucional la amnistía en 2025]. Pero, en el Supremo... claro que nos pueden putear.
El propio ministro de Transportes, Óscar Puente, bordeaba esa duda este viernes en una entrevista en Las mañanas, en Radio Nacional de España: "Es obligatorio ser crítico" con algunos magistrados, aseguró, "porque no responden a una dinámica puramente jurídica, sino que responden a una intencionalidad política". Y es que en el Gobierno y en el PSOE está aquilatándose la convicción de que existe una "cacería" contra ellos, y lo demostrarían la condena al hermano de Sánchez como cooperador necesario de un delito de prevaricación (nueve años de inhabilitación) o el envío a juicio por jurado popular por los delitos de malversación y tráfico de influencias de la mujer del presidente.
Puente, en RNE, acusó a "una parte del Poder Judidical" de no respetar "la legitimidad del Poder Legislativo" y su capacidad para "decidir cómo regular la vida del país". "Esto lo hemos visto en la sentencia del hermano de Pedro Sánchez, en la que un tribunal se pronuncia sobre la idoneidad o no de proveer una plaza determinada en la administración", alegó, informa Europa Press. El ministro defendió que "la mejor manera de resolver" la situación judicial que vive el país es con las urnas. Esto es, "trasladar un mensaje en las próximas elecciones contundente" de que "en España manda quien los ciudadanos deciden". "Un resultado contundente yo creo que hará reflexionar a muchos y probablemente tendrán que plantearse que si quieren gobernar este país lo que tendrán que hacer es presentar un buen proyecto", señaló, anticipando una de las probables líneas de campaña de los socialistas. El titular de Transportes es una de las voces autorizadas tanto del Ejecutivo como de Ferraz. Nunca habla a humo de pajas.
El ministro se permitió incluso desafiar a Puigdemont al advertirle de que, si fuera él, regresaría ya. "Yo me plantaba hoy en España sin ninguna duda", apuntó, justificando que sería un gesto de liderazgo político y además coherente con la decisión del TJUE y del TC. "Lo tiene a huevo" para volver, aunque sea detenido y llevado a prisión en un primer momento. "Si yo no puedo circular libremente por un país que ha decidido libremente que yo sea libre, pues chico, vamos a ponernos todos colorados de una vez, dicen que más vale un minuto colorado que toda la vida amarillo, yo lo haría", retó. Las palabras de Puente irritaron profundamente a Junts, en una nueva muestra de distanciamiento entre ambas formaciones (y que ya duele menos al Gobierno según se acercan las generales). "Cuánta miseria y frivolidad", respondió molesto Turull en X.
"Completamente de acuerdo" con Puente, le arropó en TVE la ministra portavoz, Elma Saiz. Quien no compartió su reflexión fue el titular de Cultura, Ernest Urtasun, miembro de Sumar: en quien hay que "poner la presión", sostuvo, es en el TC y en el Supremo, para que apliquen la sentencia de Luxemburgo "lo antes posible" y "en su integridad". Según Urtasun, el TS "podría aplicar ya la ley de amnistía mañana" y permitir que regresen a España Puigdemont y el resto de dirigentes independentistas.
El poso, el hilo conductor, es el recelo a una parte de la Justicia. Aunque la derivada política, en el caso de la amnistía, también es muy relevante. Porque en el Ejecutivo daban por sentado que el TJUE avalaría la norma, y que este era un paso más que "ayuda a cumplir" los compromisos con Junts, dado que la medida de gracia abrió esta legislatura y era condición sine qua non para los posconvergentes. Pero en la Moncloa, igual que en Ferraz, son muy conscientes de que, incluso vuelto Puigdemont, si es que el Supremo levanta el pie, pocas cosas pueden cambiar. Es decir, que quizá ni siquiera en ese escenario se recompongan los puentes con la formación del expresident. "Ellos han sido muy contundentes hasta ahora —admiten en el corazón del Gobierno—. Y ellos mismos ya han dicho que no cambiará nada".
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