Vivas acudirá al Poder Judicial ante la "pasividad" del Gobierno tras la crisis en Ceuta

El presidente de Ceuta, Juan Vivas, ha anunciado este lunes que acudirá al Poder Judicial para trasladar a sus máximos responsables la gravedad de la situación que atraviesa la ciudad autónoma. Esta decisión responde según ha informado a la "pasividad" del Gobierno central frente a la crisis migratoria desencadenada tras la entrada masiva de personas los pasados días 30 y 31 de julio. Tras la reunión del Ejecutivo ceutí, Vivas ha confirmado que solicitará de manera inmediata reuniones con la presidenta del Tribunal Supremo, María Isabel Perelló, y con el presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, con la firme intención de transmitirles que Ceuta "está en peligro".

El líder autonómico ha querido desvincular este movimiento de cualquier intento de injerencia en la separación de poderes, aclarando que su propósito no es interferir en la independencia judicial, sino hacer llegar de primera mano la realidad que asola a la ciudad. Según Vivas, la situación continúa estando "lejos de la normalidad". Además, ha criticado que todavía desconoce cuántas de las cerca de 80.000 personas que accedieron de forma irregular permanecen en el territorio ceutí, así como la cifra exacta de expedientes de devolución o expulsión que se han iniciado formalmente hasta la fecha.

Vivas ha denunciado la "falta de respuesta adecuada" por parte de la Administración central frente a lo que califica como un ataque a la integridad territorial de España. En su intervención, el presidente ceutí ha recordado que el propio Pedro Sánchez catalogó en su momento a Ceuta como un territorio en situación de "alto riesgo". En esta línea, ha acusado al Ejecutivo central de intentar "maquillar la realidad" a principios de agosto al sostener públicamente que el orden se había restablecido en apenas 48 horas y que solo permanecían 2.500 de los miles de migrantes que cruzaron la frontera.

Para el mandatario, la solución pasa inevitablemente por la aplicación estricta de la ley mediante las repatriaciones. "La normalidad solamente puede lograrse mediante el regreso a Marruecos, de todos los que, de manera ilegal, perturbaron el orden y entraron en nuestra ciudad". Vivas ha lamentado asimismo la incertidumbre institucional, señalando que el Gobierno local sigue sin conocer qué medidas concretas se adoptarán para "blindar" la frontera o para reactivar económica y anímicamente a la población local tras el impacto de la crisis.

El presidente de Ceuta ha argumentado que el Estado español dispone de la capacidad y los medios suficientes para tramitar las devoluciones de los adultos conforme a la legalidad en un plazo de 30 días. Para ilustrarlo, ha presentado una propuesta de contingencia según la cual medio centenar de funcionarios dedicados en exclusiva a tramitar estos expedientes podrían resolver unos quince casos diarios cada uno, logrando gestionar unos 15.000 al mes. "Esto no es misión imposible. Esto más bien parece falta de voluntad", ha aseverado, sugiriendo que la inacción estatal responde a la "ineptitud", a la "irresponsabilidad" de no valorar la vulneración de la integridad territorial o al mero deseo de "no molestar" a Marruecos para mantener "unas pseudo buenas relaciones".

Ante lo que describe como un "hipotético plan" de Marruecos orientado a "golpear sucesivamente a Ceuta hasta la caída definitiva de Ceuta", Vivas ha exigido que el Estado actúe con "firmeza y contundencia". El dirigente ha instado tanto a Madrid como a Rabat a acometer un cambio profundo de actitud, confiando en que el país vecino colabore "de manera sincera" en el retorno de adultos y menores. Finalmente, ha sentenciado que, a pesar de la profunda sensación de abandono, Ceuta "no se va a rendir" y elevará su voz no solo ante la justicia, sino ante las Cortes Generales, las comunidades autónomas y los principales agentes socioeconómicos del país.