Había informes, notas verbales que llegaron en los días previos a la entrada masiva de más de 70.000 personas por la frontera. Pero "ninguno previó" la "escala" ni la "probabilidad" del asalto que finalmente ocurrió el 30 y 31 de julio. Ninguno. Es la tesis esgrimida por Pedro Sánchez desde el principio y mantenida también este jueves en el Congreso, en un pleno extraordinariamente complicado para el Ejecutivo, para él mismo. Una sesión en la que seguía sobrevolando la pregunta de si Rabat estuvo detrás, de si instigó o consintió el cruce de miles de migrantes. Pero no hay, reiteró, "pruebas" de la autoría marroquí, sigue sin haberlas, pero si se hallaran evidencias "sólidas", el Gobierno actuaría "en consecuencia", y con "contundencia", porque no tiene "miedo a enfrentarse a otros poderes extranjeros". Y reveló que el Ejecutivo había convocado a la embajadora marroquí en Madrid, Karima Benyaich, cargo muy cercano al rey Mohamed VI, el pasado 21 de agosto, tras las "declaraciones inaceptables" de dos ministros del reino alauí sobre Ceuta y Melilla, ciudades que serán españolas, prometió, "hasta el final de los tiempos".
El foco de este jueves, en la comparecencia del presidente en el Congreso, estaba ahí, en el papel de Marruecos en la avalancha migratoria del 30 y 31 de julio. Sobre todo después de que trascendiera el informe policial entregado a la jueza de la Audiencia Nacional María Tardón y que apunta a que gendarmes marroquíes guiaron, uniformados y de paisano, la entrada masiva de más de 70.000 personas. Y que se trató de una acción "planificada", no espontánea y no con una finalidad migratoria, sino con el objetivo de hacer "colapsar" la capacidad de respuesta española.
Sánchez, en su intervención inicial de unos 80 minutos, defendió ante el pleno que el Gobierno no hizo oídos sordos, no hizo dejación de funciones, pero reiteró que nunca fue advertido de la magnitud de lo que se avecinaba. Sí que "tomó varias medidas" tras la sentencia del Tribunal Supremo del 8 de julio que advertía de que no era posible la devolución en caliente de migrantes (si no hay un elemento de contención física), el "único cambio real" que se produjo en el escenario migratorio en ese periodo. Se incorporaron 70 efectivos adicionales, se desplazaron "nuevas embarcaciones" hacia el litoral (una patrullera de alta velocidad), se empezó a trabajar en los elementos de "contención física" en la frontera y en reuniones con las autoridades marroquíes, se ampliaron las plazas de acogida. Pero el Ejecutivo no recibió, insistió, "alertas o avisos extraordinarios" que anticiparan lo que ocurrió después. "Hemos examinado todos los informes, mensajes y notas verbales que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y el Centro Nacional de Inteligencia remitieron a las autoridades políticas y a la Delegación del Gobierno, y puedo asegurar que ninguno iba más allá de la descripción de datos o del aviso rutinario, ninguno previó ni la escala ni la probabilidad de lo que finalmente se produjo".
Así, la agencia europea Frontex no previó nada "ni remotamente parecido", ni es "correcto" que la Policía Nacional advirtiera del "riesgo alto" de entrada masiva en la ciudad autónoma. Y relató que el presidente ceutí, Juan Jesús Vivas, "mantuvo una breve llamada" con su jefe de Gabinete, Diego Rubio, en la que hizo notar que los cruces a nado "habían pasado de 10 a 20 diarios". También el CNI redactó dos informes de situación con los que describió "algo conocido", que "los cruces estaban aumentando". Los servicios de inteligencia dieron una cifra, explicó, 180.000, pero no era la "previsión de cuántos iban" a dar el salto, sino "el número de los integrantes de un grupo de Facebook en el que circulaba esa convocatoria". El presidente recalcó que el repunte de entradas en aquellos días previos por el espigón del Tarajal "no era excepcional", sino un "patrón" frecuente en los veranos por la mejora de las condiciones meteorológicas y la buena mar.
El jefe del Ejecutivo hizo un aparte con el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF), la unidad que firma el informe entregado a la jueza Tardón. Precisó que elabora notas informativas que hace circular entre sus miembros y un informe semanal todos los jueves que eleva al Ministerio del Interior. En una nota del 28 de julio, dijo, hizo constar que no era "preocupante" el movimiento en redes y que las buenas condiciones marítimas hacían pensar en un "incremento paulatino de los intentos de acceso por los espigones", y el 29 de julio habló del "riesgo potencial de entradas irregulares en Ceuta y Melilla" con ocasión del Día del Trono (ese 30 de julio) y en las festividades posteriores. "El Gobierno no tiene nada que ocultar en este asunto. Tanto es así", adelantó, que "he dado orden para publicar un dosier con todos los informes", para que los medios y la ciudadanía puedan consultarlos.
"Hablemos con franqueza: una cosa es detectar que los cruces a nado estaban creciendo, que hay que extremar la cautela", algo que se hizo, defendió, pero "otra muy distinta es anticipar que iban a llegar 70.000 personas". "Eso no lo hizo ningún ningún informe, al menos ninguno que llegase a las manos del Gobierno", recalcó, y eso es "contar la verdad", reconocer que lo ocurrido fue "excepcional". Porque entre el 10 y el 25 de julio se registraron de media 37 entradas diarias, una cifra "ligeramente superior a la habitual" y a partir del 25 el flujo fue aumentando hasta alcanzar las 194 en la noche del 29 de julio.
Sánchez, hasta ahí, respondía a la pregunta de si la avalancha migratoria pudo haberse evitado. Luego pasó a contestar al quién. Y, a diferencia de otras ocasiones, sí intentó equilibrar algo más con Marruecos. Primero, porque afirmó que se hace "cargo" de que ha perdido la batalla con la opinión pública, porque desde el primer día en tertulias y en redes sociales se responsabilizó a Rabat, también porque dos ministros del Gobierno alauí —el de Justicia, Abdellatif Ouahbi, y el de Asuntos Islámicos, Ahmed Toufiq— hicieron "declaraciones inaceptables" sobre Ceuta y Melilla, reivindicando su marroquinidad o aludiendo a su liberación. Declaraciones que el Ejecutivo ha rechazado "tajantemente", subrayó, para desvelar a continuación que precisamente por ellas se convocó a la embajadora en Madrid el 21 de agosto.
Pero hay que huir de "explicaciones simples", advirtió el presidente, porque este no ha sido un "evento lineal", ya que tiene "muchas causas, varios actores y factores que se retroalimentaron entre sí, probablemente de forma no coordinada, ya veremos si planificada y por consiguiente imprevisible para todos, incluso para ellos". Sánchez apuntó que las evidencias recabadas hasta ahora señalan que el "detonante" fue la sentencia del Supremo, "tergiversada en redes sociales" hasta convertirse en pasto de bulos (que era una frontera abierta y que nadie que entrara a nado sería devuelto). Y aunque se han detectado "indicadores suaves" de coordinación de estos mensajes, ninguno ha podido determinar, dijo, si detrás hubo perfiles asociados a movimientos de protesta marroquíes o a los Estados de Marruecos, Rusia o Israel, algo que los servicios de inteligencia españoles descartan por ahora. Lo que sí hubo a partir del mediodía del 30 de julio, describió, fueron "numerosas campañas de desinformación que amplificaron la crisis con imágenes falsas" y testimonios tergiversados y a las que se sumaron referentes de la "ultraderecha internacional" y "española". Añadió que a esos factores había que sumar otro obvio: la desigualdad en la frontera y el deseo de emigrar de muchos ciudadanos.
¿Y hasta qué punto Marruecos pudo participar? Sánchez esgrimió que como presidente debe gestionar esta crisis con "rigor y con prudencia", "defendiendo el interés general, tomando evidencias no sobre sospechas y sin contrastar, ni sobre prejuicios, ni sobre intereses partidistas, porque hay pasos que, cuando se dan, ya no pueden deshacerse". Una advertencia de que una acusación sin pruebas a Rabat podría tener consecuencias irreversibles.
Porque, hasta ahora, reiteró, nada apunta al reino alauí: "A día de hoy, nadie ha aportado pruebas al Gobierno que permitan concluir que la entrada masiva a Ceuta fuera diseñada o ejecutada por las autoridades marroquíes". Contó que el desempeño de Rabat tuvo tres momentos distintos: uno previo, en el que los operativos "funcionaron con normalidad y sin incidentes", otro en las 10 horas centrales del 30 de julio en las que permitió el cruce de la frontera y un último posterior en el que sí controló de forma "eficaz" el paso a Ceuta. Y ahí encajó Sánchez un nuevo aviso a Marruecos: "Deberá dirimirse si hubo incapacidad o inacción" en esas horas críticas del 30 de julio, es algo que "deberá aclararse". Es, de hecho, lo que está judicializado, recordó.
El presidente subrayó que hasta ahora sí puede "garantizar" que "ni el CNI, ni la Policía, ni el servicio diplomático, ni la Comisión Europea ni ningún organismo internacional han entregado al Ejecutivo evidencias sólidas de que Marruecos planificara o ejecutara el episodio, ninguna". El Gobierno, no obstante, sigue investigando, y "compartirá" aquello que descubra "con total transparencia" y, "si existieran esas pruebas sólidas", actuará "en consecuencia" y "con toda la contundencia". "Si algo ha demostrado este Gobierno es no tener miedo a enfrentarse a otros poderes extranjeros" cuando una situación así lo ha exigido, pero actuará "cargado de hechos probados, contrastados". Otro aviso a Rabat.
E introdujo otro más minutos más tarde: se revisarán los mecanismos de coordinación de alerta con Marruecos, para obtener "garantías adicionales" de que lo ocurrido no vuelva a producirse. España tiene que seguir "cooperando" con Rabat, mantener las relaciones de "buena vecindad", en aras del "interés general" y también de Ceuta y Melilla, indicó, pero ahora esa cooperación "tiene que ser diferente". No precisó cómo se debería reorientar esa interlocución bilateral. El pasado lunes, en la SER, Sánchez anunció que el Rey visitará las dos ciudades autónomas, pero no precisó más. Este jueves dio un paso más allá: esa visita llegará "en las próximas semanas", y en ella el monarca transmitirá el "compromiso absoluto del Estado" con los dos enclaves. Será el primer desplazamiento de Felipe VI a las dos ciudades, casi 20 años después de que lo hicieran sus padres, y ya entonces Rabat respondió con una airada protesta y llamando a consultas a su embajador en Madrid.
El líder socialista puso el acento en la españolidad de Ceuta y Melilla, en que esa situación no cambiará. Arrancó su discurso recordando que "desde hace siglos" ambas ciudades "son españolas", fueron confirmadas como tales por el tratado de Wad-Ras de 1860 y lo seguirán siendo "hasta el final de los tiempos".
Además del quién y del por qué ocurrió, al Gobierno le han llovido los reproches por su tardía gestión de la crisis. Sánchez defendió lo hecho, empezando por la respuesta humanitaria a lo largo del 30 de julio, porque ante la riada humana los agentes desplegados en la frontera "eligieron defender la vida humana", en lugar de usar la fuerza, lo que habría provocado "una tragedia mayor aún". "Hicieron lo correcto, lo más inteligente y lo más valiente. Ante la amenaza, supieron responder con humanidad. Creo que todos los españoles estamos muy orgullosos de esa decisión".
(Noticia en ampliación)
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