La desclasificación y publicación de los informes de inteligencia sobre la crisis de Ceuta ha generado mayores críticas de los socios hacia el Gobierno y su gestión de este asunto. Pero directamente, partidos como ERC hablaron de dimisiones –Podemos lo apoya internamente– dentro del Ejecutivo. Durante el pleno parlamentario de este jueves, el diputado republicano Francesc-Marc Álvaro se refirió al delegado del Gobierno de Ceuta, Miguel Ángel Pérez, también líder de los socialistas de la ciudad autónoma. Reprochó que este fuese incapaz de poder explicar la llamada con el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) que aconteció tras los mensajes vía WhatsApp recogidos por esa desclasificación hecha por Moncloa solo con una mención, sin transcripción. Para él, en otros países del entorno, "este señor supongo que habría dimitido". A Pérez se le alertó de que había "un llamamiento en RRSS para el asalto por valla y mar mañana a las 20h", en la víspera del primer día de crisis, el 29 de julio.
Fue a más Álvaro al considerar inexplicable que "ningún miembro del Gabinete haya dimitido". Como viene insistiendo ERC, el Gobierno "no ha estado a la altura" y creen que el mantenimiento de esa actitud, de insistir que se actuó correctamente y con todos los medios disponibles, condenará al PSOE en las urnas. Desde Compromís, Àgueda Micó se apuntó a la exigencia de responsabilidades: "Empecemos con el delegado del Gobierno de Ceuta". Sí se cuestiona entre Compromís y el resto de socios que quizá el CNI no utilizó "los protocolos" correctos, más allá de limitarse a comunicaciones por la aplicación de mensajería.
En esa posición intermedia están otros socios como EH Bildu, que sin embargo ve coherente la posición del Gobierno sobre que los avisos no pueden considerarse oficiales por no proceder de canales más adecuados si la situación era crítica. El PNV, en todo caso, es quien mejor representa ese punto intermedio. Ve "falta de tensión" en las alertas del CNI, pero al mismo tiempo, "laxitud de su recepción" en cuanto al Gobierno. Desde la tribuna del Congreso, durante el debate sobre la ley de nacionalidad para los saharauis, el jeltzale Mikel Legarda criticaba la "inacción" del Ejecutivo de Sánchez. Como viene recalcándose desde agosto, los vascos ven una actitud suave y "timorata" respecto a Marruecos. Si bien se matiza sobre el CNI, no creen que la desclasificación deje en buen lugar al Gobierno hasta el punto de que Sánchez y los suyos sigan diciendo que todo se hizo correctamente.
Las críticas a esa gestión llegaron igualmente desde Junts, que siguió poniendo en cuestión la posición del Gobierno respecto a Marruecos. Para el PP, en todo caso, independientemente del formato por el que se alertó al Gobierno, cree que la propia desclasificación les deja en evidencia. "No se actuó. Nos da igual el motivo, si es por Marruecos o por irresponsabilidad, deben dimitir", aseguran fuentes populares.
El Gobierno sigue refiriéndose a alertas informales
Desde el Ejecutivo se quita presión asegurando que el CNI "no emitió ninguna alerta formal y se limitó a trasladar esa información por mensaje y breve llamada telefónica" al Gabinete de la Delegación del Gobierno en Ceuta. Se cuestiona que no hubo un traslado de información más amplio elevado a superiores en la cadena de mando. Los avisos, aseguran, eran rutinarios, como los que venían dándose durante las semanas previas, algo que no convence ni a socios ni a oposición.
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, insiste en su versión sobre esa ausencia de alertas de peso y, con ello, desligándose de la versión de Margarita Robles, de Defensa, que deja al Gobierno tocado internamente. "Todos tenemos que sacar lecciones y aprender", indicó este jueves Marlaska, recalcando la "magnitud" del suceso.
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