A la larga lista de casos que afectan o rodean al Gobierno o al PSOE en los tribunales, se sumaban en los últimos días dos más: la causa abierta por la jueza de la Audiencia Nacional María Tardón por la avalancha migratoria en Ceuta y los autos del Tribunal Supremo en los que acuerda suspender cautelarmente, como reclamaron los partidos ultras Vox y Iustitia Europa, las altas en el censo de votantes de los nacionalizados como españoles en virtud de la llamada ley de nietos. El martes se conocía esta última decisión pero fue ayer jueves cuando el TS notificó las resoluciones y, con ellas, los argumentos para impedir cautelarmente el voto de aquellos españoles hijos o nietos de exiliados por la Guerra Civil o la dictadura. Los magistrados esgrimen la existencia de un "riesgo" de que el incremento "tan notable" de votantes inscritos en el Censo de Españoles Residentes Ausentes (CERA) siga "aumentando en número". Y ese crecimiento, prosiguen, "genera un peligro fundado, real y serio de poder afectar gravemente a la objetividad y transparencia del proceso electoral, causando entonces un daño irreversible" a su "rectitud" y "corrección". Es decir, que "existe ese riesgo de alteración del censo electoral por la vía de un incremento excepcional de la cifra de nuevos inscritos en el CERA, que afecta también a su regularidad jurídica".

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Razones que encolerizaron enseguida al Gobierno y al PSOE. En público y sobre todo en privado ministros y dirigentes mostraron su indignación con la decisión del TS. Por "atroz", por ser una "barbaridad", por privar del derecho de voto a ciudadanos ya con la nacionalidad española, por presumir que los inscritos "van a votar al PSOE". Y también porque en el Ejecutivo y en Ferraz se está asentando una sensación de ahogo, de acogotamiento por la lluvia de resoluciones adversas por parte de los tribunales, una cadencia que no creen casual, y eso explica la convicción de que los jueces "ya ni aparentan imparcialidad".

El Supremo arguye, con el voto particular de una magistrada, que a 1 de julio de 2026 la cifra total de inscritos en el CERA era de 2.736.522 votantes, por los 2.328.260 electores de las generales de 2023. Se trata, por tanto, de un aumento de 408.262 votantes. De ellos, estaban inscritos en Madrid 115.572 más y en Barcelona, 43.439 más. Un "incremento excepcional" de electores registrados que "no se había producido con anterioridad" a la vigencia de la ley de memoria democrática de 2022. Es esta norma la que, en su disposición adicional octava, contempla la concesión de la nacionalidad a los descendientes de exiliados por la guerra o la dictadura —y de ahí su apodo, ley de nietos—.

La ley de memoria democrática (20/2022) entró en vigor el 21 de octubre de 2022 y, siete días más tarde, lo hizo la instrucción de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública. En ella se detallan los requisitos para poder optar a la nacionalidad española para aquellos nacidos fuera de España cuyo padre, madre, abuelo o abuela fueran originariamente españoles y hubieran sufrido el exilio por razones políticas, ideológicas o de creencia o de orientación e identidad sexual.

La instrucción de 25 de octubre de 2022 incluye un inciso que es el que cuestiona ahora el Supremo: que "se presumirá la condición de exiliado respecto de todos los españoles que salieron de España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955". Dicho de otra manera, que podrían solicitar la nacionalidad los descendientes de los exiliados entre esas dos fechas cualquiera que fuera la razón de su marcha de España. El Ministerio de Justicia, del que depende la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, introdujo esa precisión, explican, porque "no resulta nada fácil acreditar la condición de exiliado". "De hecho, es muy difícil acreditarlo sin esa presunción", aducen.

¿Por qué suspende el TS el derecho al voto?

¿Qué decide el Supremo? Estima los recursos de Vox y Iustitia Europea y suspende la inscripción en el CERA de aquellos que hayan sido nacionalizados en función de la ley de nietos. Suspende también el derecho al voto de los que hayan obtenido la nacionalidad y hayan sido ya registrados en el CERA. No regirá esa suspensión para aquellos a los que los encargados de los registros consulares expidan certificación acreditativa de nacidos fuera de España, descendientes de exiliados que hubieran perdido o renunciado a la nacionalidad y a los que no se les aplicó la presunción establecida en la instrucción de 25 de octubre de 2022. Solo estos últimos, por tanto, tendrán intacto su derecho al voto.

El TS señala que, "por la magnitud de las cifras de incremento del CERA ofrecidas", la "afectación al derecho de sufragio y al resultado electoral deseado por los españoles que ya figuran inscritos correctamente en el censo electoral podrían quedar también gravemente comprometidos". Ese "incremento extraordinario" de votantes puede generar, cree, una "circunstancia fundada de incertidumbre sobre el resultado electoral". Los magistrados esgrimen que su decisión, que afecta al derecho de voto de los inscritos en el CERA o de aquellos nacionalizados que iban a ser registrados en él, no es "desproporcionada", puesto que se resguardan los intereses generales y la suspensión solo es "temporal" y queda supeditada al dictado de la sentencia, para la que no hay fecha.

No está de acuerdo con estos razonamientos la magistrada discrepante que firma el voto particular, Alicia Millán. La jueza subraya que el "riesgo" que invoca el auto se construye sobre una "hipótesis futura e incierta", ligada a la incidencia que esas altas en el CERA pudieran tener en elecciones aún no convocadas o en resultados electorales "todavía indeterminados". En cambio, el perjuicio que se deriva de la suspensión acordada por la Sala es "inmediato, efectivo y plenamente identificable, al impedir a los ciudadanos afectados ejercer un derecho político que les corresponde en virtud de una nacionalidad reconocida por los órganos legalmente competentes". Sostiene Millán que la eventual participación en procesos electorales de los afectados cuya inclusión en el CERA se cuestiona "no constituye por sí misma un perjuicio irreparable, sino la consecuencia ordinaria del reconocimiento de la nacionalidad española cuyos efectos subsisten mientras no sean anulados por los cauces legalmente establecidos".

Los argumentos del Supremo se conocieron después de la apertura del Año Judicial al que acudió el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños. Este, en un vídeo colgado en redes sociales, criticó la medida cautelar, pero sobre todo poniendo el foco en PP y Vox, que han competido por apropiarse el triunfo de la paralización de la ley de nietos. El Ejecutivo, alega Bolaños, no quiere "españoles de primera", con derecho al voto, y "españoles de segunda", sin él. "Si eres español, tienes derecho a votar, como es lógico, como dice la Constitución", algo que, recuerda, Alberto Núñez Feijóo, "ha pedido toda la vida", que los nacionalizados españoles tengan derecho al sufragio.

La ultraderecha, indica el ministro, "se alegra mucho siempre" de que se prive de ese derecho, porque "igual quieren que no vote nadie", pero "lo grave para nuestra democracia" es que el PP "haga suyas las tesis de Vox". El Gobierno no considera la medida cautelar "una buena noticia", pero sí "enseña la patita" de la derecha y la ultraderecha, que pretenden "recortar derechos". En este caso, "el más sagrado", poder votar. Frente a PP y Vox, el Ejecutivo defenderá "la democracia", que "todos" los españoles "tengan los mismos derechos".

Un profundo cabreo recorría, bajo las palabras muy medidas de Bolaños, las filas socialistas. "Es una cosa atroz", "es algo asombroso", conviene un ministro, "es como si el Supremo supiera ya a quiénes van a votar estos descendientes de exiliados". Este miembro del Ejecutivo recuerda que ya con Felipe González y después con José María Aznar "se modificaron leyes para conceder más derechos" a los hijos y nietos de españoles exiliados. Y no pasó nunca nada, insiste. Por no hablar, agrega, de que Feijóo defendió hasta hace nada, primero como presidente de la Xunta y luego como líder nacional del PP, el derecho de voto de los descendientes de exiliados. Incluso iba más allá, al pedir que se concediera a los hijos o nietos de los que se marcharon por razones económicas. También lo llevó en sus programas electorales.

El derecho "más inalienable"

La cuestión también indigna a los socialistas porque no hay que ir muy lejos para comprobar cuándo el voto exterior alteró el resultado de unas elecciones: fue en julio de 2023, en las últimas generales. Entonces, gracias al CERA el PP arrebató al PSOE el último escaño por Madrid y pudo sentar a 137 diputados, uno más que en la noche electoral. En aquel momento ya estaba en vigor tanto la ley de memoria democrática como la instrucción de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, firmada por Sofía Puente, fiscal de carrera y hermana del hoy ministro de Transportes, Óscar Puente.

"Es una barbaridad", protestaba a la salida del pleno del Congreso el portavoz parlamentario socialista, Patxi López. Se priva a un ciudadano que obtiene la nacionalidad, reprochó, el derecho "más inalienable", que es el de voto. En la misma línea se expresaba una compañera de la cúpula del partido, muy molesta con la acusación entre líneas que a su juicio lanza el Supremo, la de que los socialistas prácticamente buscan perpetrar un pucherazo: "No se les quita la nacionalidad, ni el pasaporte... ¿y sí el voto? A ver cómo acaba esto, porque se está poniendo en duda el trabajo de funcionarios que trabajan en los consulados... ¡Que no es Pedro Sánchez quien pone el sello y valida! Que nos acusen de intentar alterar el censo es muy fuerte. Es de locos".

En Ferraz sienten que la congelación cautelar de la ley de nietos es una gota más en un vaso que se está colmando. "Otra más", resopla una integrante de la dirección, "pues nada, que se presenten los jueces a las elecciones. Esto es como lo del voto de Junts, que ya está descontado que votará siempre con PP y Vox. Que la Transición no se hizo bien en la Justicia es un hecho".

La sospecha de falta de neutralidad de miembros de la judicatura está muy presente en el PSOE. Cada vez más. Ya el lunes por la noche el ministro Puente dudó de la "imparcialidad" de la jueza María Tardón, en su caso por su breve paso por la política, como concejala del PP en el Ayuntamiento de Madrid entre 1999 y 2003. Una valoración que la Moncloa respaldó. Sánchez, el miércoles en TVE, no llegó tan lejos aunque advirtió que es un "hecho objetivo" que Tardón fue edil independiente por el PP con el alcalde José María Álvarez del Manzano.

Este jueves, Puente volvía a poner el dedo en la llaga, yendo un paso más allá que sus compañeros de Gabinete. Recordaba que el ponente de los autos de medidas cautelares —el de respuesta positiva al recurso de Vox y el de contestación a Iustitia Europa— es Antonio Narváez, que participó en una reunión de varios fiscales con Feijóo antes de las últimas generales. Narváez, en aquella cita, deseó un Gobierno del PP y expresó su sospecha sobre los procesos electorales en los que interviene la empresa Indra. "Luego quieren que creamos que analizan y juzgan los asuntos desde la más absoluta imparcialidad y sin sesgo alguno", ironizó el ministro en X. "Es que es una vergüenza. La imparcialidad ya no quieren ni aparentarla", añade un miembro de la cúpula del PSOE que reconoce que en el partido, ante el agolpamiento de causas adversas, se sienten "totalmente acorralados".

Esta dirigente se pregunta qué ocurrirá si finalmente "tribunales superiores" determinan que esta suspensión "no se podía adoptar". "Las elecciones que se hayan celebrado hasta entonces, ¿estarán todas adulteradas? ¿Quién reparará el daño?". La misma advertencia hace una exintegrante del Ejecutivo de Sánchez, jurista de profesión: "Esto es un atropello a los derechos fundamentales y ya están tardando los afectados en irse al Constitucional". Su juicio no puede ser más duro respecto a las decisiones de los tribunales y, en concreto, del Supremo: "Son unos golpistas y punto. Yo no tengo duda".

Rapapolvo de Perelló

Este jueves de apertura del Año Judicial resultaba muy cuesta arriba, pues, para el Gobierno. En el propio acto, ante el Rey y ante el propio Bolaños (y con Feijóo entre los invitados), la presidenta del Consejo General del Poder Judicial y del Supremo, Isabel Perelló, lanzó un severo reproche al Gobierno: lamentó las "acusaciones expresas generalizadas de que jueces y tribunales adoptan determinadas decisiones por razones políticas y no por las razones jurídicas que expresan sus resoluciones". Para Perelló, esa es "una imputación de extraordinaria gravedad que puede llegar a comportar la atribución de una conducta delictiva" y que "compromete el Estado de derecho".

El día se remató con la notificación de los autos sobre la ley de nietos. A ellos replicó públicamente el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres. El Gobierno, señaló, comparte "plenamente" el voto particular de la magistrada Millán porque cree que las cautelares "comportan una limitación temporal de un derecho fundamental" y porque el interés general "exige también asegurar que quienes han visto reconocida su condición de españoles conforme a los procedimientos legalmente previstos puedan ejercer los derechos inherentes a dicha condición".

Según los datos facilitados por las oficinas consulares hasta el 31 de marzo de 2026 se habían registrado 2,4 millones peticiones de citas para presentar la solicitud de nacionalidad. De ese total, ya se habían presentado 1,2 millones de peticiones en las oficinas consulares. Había 544.722 aprobadas. E inscritos en el registro, 306.000. La decisión del Supremo, apuntó Torres, afecta en consecuencia a "un elevado número de españoles". El ministro urge a los magistrados, como ayer hizo Sánchez, a "resolver la situación lo antes posible, porque sería inconcebible que en 2027, año de elecciones [autonómicas y municipales y también generales], existan unos españoles con menos derechos que otros".

Torres mandó un mensaje "sencillo" a "quienes lanzan bulos e infundios sobre este proceso, totalmente legal y de justicia, porque son hijos y nietos de exiliados por la guerra y por razones económicas": "Nadie puede presuponer la intención de voto de los españoles. ¿Quién sabe a quién van a votar? Nadie puede negar un derecho tan fundamental en democracia como es el voto". Y prometió, como Bolaños, defender "un derecho que tienen todos los españoles. Sin distinción".

La gran duda ahora es cuándo resolverá el Supremo. Y si llegará a tiempo. Antes de los procesos electorales de 2027.