Pedraz deja en suspenso la imputación del PSOE hasta avanzar en la investigación de las 'cloacas'

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha decidido no imputar por ahora al PSOE como persona jurídica en el denominado 'caso Leire'. En un auto, al que ha tenido acceso El Independiente, el instructor sostiene que con las actuaciones llevadas a cabo hasta el momento no se acredita un "principio de prueba" que permita la imputación del partido, y aplaza la decisión para cuando se hayan practicado varias diligencias pendientes. Entre ellas, la declaración del ex 'número tres' de los socialistas, Santos Cerdán, tal y como ha avanzado el diario ABC.

Pedraz sigue así el criterio de la Fiscalía Anticorrupción, que consideró "prematuro" dar ese paso pese a apreciar indicios de presuntos delitos de cohecho y tráfico de influencias, como ya informó este periódico. La investigación trata de esclarecer las actuaciones de la supuesta trama encabezada por Cerdán y coordinada la exmilitante socialista Leire Díez para torpedear las causas judiciales que afectasen al PSOE y al entorno del Gobierno.

De este modo, tanto la Fiscalía como el magistrado dejan en suspenso, por ahora, a la petición del Partido Popular (PP) —que encabeza la acusación popular— de investigar la posible responsabilidad de la formación socialista por cohecho, malversación, tráfico de influencias, blanqueo de capitales y financiación ilegal de partidos. La decisión no supone que Pedraz descarte imputar a la formación más adelante, sino que considera necesario aclarar primero cómo se gestionaron los pagos a Díez y qué mecanismos de control existían dentro del partido.

El juez exige indicios propios sobre el partido

En su auto, Pedraz recuerda que ya ha señalado en otras resoluciones que el grupo "liderado por Santos Cerdán y coordinado por Leire Díez", con la colaboración de la gerente del PSOE, habría llevado a cabo actuaciones delictivas con un mismo objetivo: proteger los intereses de la formación. Sin embargo, el instructor advierte de que ese relato no basta por sí solo para atribuir responsabilidad penal al partido como persona jurídica.

La legislación permite exigir responsabilidad penal a una organización por determinados delitos cometidos en su nombre o por su cuenta y en su beneficio directo o indirecto, siempre que concurran los requisitos legales. Entre ellos, que la conducta sea realizada por personas con capacidad de decisión o representación y que se constate un defecto en los mecanismos de organización, control y supervisión, destinados a prevenir delitos. No basta, por tanto, con acreditar que uno de sus dirigentes o empleados pudo cometer una conducta delictiva, sino que también es necesario examinar también el funcionamiento de la propia organización.

Todo ello durante el arranque de la campaña electoral, después de que el presidente del Gobierno anunciara el lunes que los españoles acudirán a las urnas el próximo 29 de noviembre. Sin embargo, tal y como informó este periódico, la convocatoria para los comicios no implica la paralización de las actuaciones judiciales. Fuentes jurídicas consultadas por este medio explican que el procedimiento seguirá su curso durante la campaña y que el juez podrá continuar acordando declaraciones y nuevas diligencias. Otra cuestión son aquellas actuaciones que, sin ser urgentes, puedan tener un impacto político especialmente directo.

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