Solo 901 nacionalizados por la 'ley de nietos' han acreditado ser descendientes de exiliados y podrán votar el 29-N

El Gobierno ha entregado este miércoles al Tribunal Supremo, dentro del plazo establecido, la lista con los nombres y apellidos de las 163.355 personas nacionalizadas por la conocida como ley de nietos. De ellas, solo 901 podrán votar en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre al haber acreditado ser hijos o nietos de exiliados, según fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo reclamó el pasado viernes a los ministros de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, y de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, la relación nominal de las personas afectadas inscritas en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA). El tribunal fijó como plazo límite las 15.00 horas de este miércoles y advirtió de posibles multas o de la deducción de testimonio en caso de incumplimiento.

Fuentes de Justicia han confirmado que la documentación se ha remitido a tiempo y han precisado que el listado incluye 163.355 personas, frente a las 163.020 notificadas anteriormente sin identificar. Desde el Gobierno advierten de que buena parte de ellas previsiblemente verán suspendido su derecho al voto, aunque los datos facilitados por Exteriores apuntan a que la medida afecta a casi la totalidad de los nacionalizados incluidos en el procedimiento.

La excepción contemplada por el Supremo permite votar a quienes acrediten ser hijos o nietos de exiliados. Según las fuentes de Exteriores citadas por EFE, los consulados han expedido 901 certificados que acreditan esta condición.

El Gobierno pide que el listado sea reservado

La Abogacía del Estado ha solicitado a la Sala que declare reservado el listado por contener datos personales, con el objetivo de evitar un uso malicioso o ilegítimo de la información por parte de quienes intervienen en el procedimiento. Las fuentes gubernamentales han señalado expresamente a las partes que consideran de ideología ultraderechista.

El Ejecutivo sostiene que ha trabajado desde el inicio para recopilar la información solicitada por el tribunal. El Ministerio de Asuntos Exteriores ha coordinado la revisión de los expedientes en las distintas oficinas consulares y ha autorizado la contratación de las asistencias técnicas necesarias para completar el trabajo en el plazo fijado. El primer telegrama con instrucciones a los consulados se envió el 15 de septiembre, después de que el ministerio recibiera la notificación el día anterior.

Por su parte, el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes remitió el pasado 15 de octubre a la Oficina del Censo Electoral un listado de 76.600 personas que figuran en el Registro Civil digital (DICIREG) como nacionalizadas por la ley de nietos. Era la única información de estas características que constaba en ese departamento. La Oficina del Censo envió esa relación al Supremo el 21 de octubre.

El Gobierno calcula un impacto electoral inferior al 0,06%

Pese a la cifra de personas incluidas en el listado, el Ejecutivo estima que su impacto potencial en las elecciones será limitado. Aplicando los niveles habituales de participación exterior, calcula que, si las 163.355 personas estuvieran inscritas en el CERA, representarían menos de 14.000 votos repartidos entre las 52 circunscripciones electorales.

Esta cifra equivaldría a menos del 0,06% de los votos emitidos en las elecciones generales de 2023. El Gobierno añade que la incidencia real sería aún menor, ya que el listado incluye a personas que no forman parte del censo electoral de residentes ausentes, como menores de edad o personas fallecidas.

El Supremo debe resolver si amplía la suspensión del voto

Una vez completado este trámite, el Tribunal Supremo tiene pendiente pronunciarse sobre nuevas solicitudes de medidas cautelarísimas presentadas por Iustitia Europa, que reclama extender la suspensión del derecho al voto a los hijos e hijas de personas que obtuvieron previamente la nacionalidad a través de la ley de nietos.

La formación también pide que la medida se aplique a quienes fueron incorporados inicialmente al CERA, pero después trasladaron su residencia a España, causaron baja como residentes en el extranjero y pasaron al censo electoral nacional.

Además, el alto tribunal debe resolver las alegaciones presentadas por los nacionalizados que se han personado en el procedimiento y que reclaman un pronunciamiento sobre la suspensión del voto antes de las elecciones del 29 de noviembre.