Abascal plantea "un cambio radical" tras el 29-N mientras Feijóo se aferra a las líneas rojas de sus pactos regionales

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, estableció tres lineas rojas este martes para la conformación de un hipotético pacto de coalición con Vox después de las elecciones generales del 29 de noviembre. Por un lado, rechaza suprimir o modificar la ley contra la violencia de género, algo que el dirigente popular dice que suscribe. Tampoco hacer lo propio con la ley del aborto, sobre la que incide en el respaldo del Tribunal Constitucional en 2025 tras trece años de reflexión después de recursos de inconstitucionalidad como el del PP de Mariano Rajoy. Aunque sí quiere, como ya anunció hace una semana, "impulsar una reflexión" sobre si las chicas de 16 años pueden o no abortar sin el conocimiento de sus padres. Y, por último, garantiza que habrá competencias de Igualdad dentro de algún ministerio de su gabinete, más reducido que el actual de Pedro Sánchez, de tener la posibilidad de constituirlo. Estos tres asuntos, chocan de bruces con algunos de los objetivos nacionales de Vox de llegar al Ejecutivo.

Feijóo no cierra la puerta a los de Santiago Abascal para una convivencia de cuatro años, pero espera a ver la artimética de las urnas. Se posicionó en estos términos durante una entrevista este martes en La Sexta, evocando con ello al mismo marco de acuerdo firmado en cuatro autonomías por PP y Vox. Unas líneas de acuerdo definidas por él mismo, dijo, en el que si bien se endureció la postura migratoria –algo en lo que ya ha habido cierto giro dentro del PP– con la inclusión de la 'prioridad nacional' basada en el arraigo, o recortes del gasto superfluo y ventajas fiscales en base a la desregularización, le permitió evitar cualquier mención a cuestiones ideológicas, sobre género, Mujer, o derechos de colectivos como el LGTBI, una de las principales luchas de Vox estos años atrás que ahora ocupan un papel secundario tras la inmigración.

Como el propio dirigente reconoció, para la suma de absoluta en Extremadura, Aragón, Castilla y León y Andalucía, al PP apenas le faltaban un par de escaños que Vox aportó a cambio de compartir gobiernos. Eso, al mismo tiempo, permitió pactos de mínimos centrado en temas estructurales, de gestión y fiscalidad principalmente. También de agua, antiokupación, seguridad y el sector primario, entre otros. Ahora la proporcionalidad a nivel nacional es otra, al menos la foto fija que muestra hoy la demoscopia. La última oleada de encuestas, tras el accidente ferroviario en la línea de AVE Madrid-Andalucía determina una bajada de la izquierda, un ligero ascenso del PP que queda entre 135 y 139 diputados, y el mantenimiento de Vox entre 66-68 escaños, con los populares superando el 31% del voto y los de Abascal por encima de los 19 puntos. Una diferencia menor a los resultados autonómicos del último ciclo –más cercanos a los de Aragón y Castilla y León– que requerirían, a priori, de más cesiones a Vox.

De hecho, aunque sin alusión a esos sondeos que Vox cree que sirven para movilizar el voto u orientarlo hacia uno u otro lugar, Abascal aseguró este martes que lo que queda constatado es que hay una consolidación y que discursos como "el miedo" a su formación ya no calan entre la ciudadanía. Apeló a esa trayectoria con los populares en los cuatro feudos, incluido Extremadura y Andalucía. Ahora bien, mientras que Feijóo pone línea rojas al mismo nivel que las dadas en las negociaciones regionales, Vox rechaza entrar en estos debates ahora y espera a ver qué resultado sale de las urnas el próximo 29-N. Su dirigente fue claro horas antes de la intervención de Feijóo, lo que esperan tras los comicios es que en España se den "cambios radicales", lo que abarca múltiples temáticas.

"Yo creo que la mayor parte de la gente quiere cosas drásticas, que no significa que sean ilegales ni inconstitucionales, pero yo creo que el cambio de rumbo que necesita España es radical, porque es desde la raíz". "Los españoles han visto que cuando gobierna Vox no pasa nada grave, que la vida sigue, que Vox respeta las libertades, respeta los derechos", expresó Abascal en una entrevista a primera hora en Telecinco. Hay un veto de ambas formaciones a entrar a valorar las estrategias del contrario.

"Vox ya conoce nuestros límites y nosotros los suyos"

Preguntado por ello, fuentes de Génova reiteran la posición de Feijóo. Mientras que en esos cuatro pactos autonómicos el PP preservó sus tesis en Igualdad y se eludieron puntos de acuerdo sobre esta temática, ahora los populares determinan que no se trata de "eludir temas" sino de priorizar otras cuestiones cruciales. "De poner el foco en los asuntos que hay que desarrollar" tras una hipotética caída de Sánchez del poder. Pero ante la posibilidad de que la aritmética y una mayor dependencia de Vox abra nuevos debates, se alinean con el triple blindaje hecho por Feijóo. "Vox ya conoce nuestros límites y también nosotros los suyos", aseguran. Se da a entender que son conscientes de por qué cauces puede ir una futura negociación para un Gobierno nacional. Para los populares, en todo caso, es prioritario el contenido de su Contrato con España, con 12 ejes esenciales más allá de terceros asuntos: Unidad nacional, regeneración, administración, vivienda, inmigración, pensiones, infraestructuras ferroviarias, hídrica, sanidad, educación, seguridad y economía. Cuestiones para la "recuperación" del país.

Por su parte, fuentes de la dirección nacional de Vox evitan entrar en esa discursión en estos momentos. Aunque son claros en sus principales objetivos electorales durante y después de la campaña: "Prioridad nacional, desregularización y remigración". Ejes de campaña que pueden ser más cómodos en una futura negociación para una investidura y una coalición, tener un encaje similar al autonómico vigente. Los de Abascal rechazan por ahora entrar en qué configuración desean hasta que haya sentencia de las urnas, no se fían aún de una derrota de Sánchez.

No tratar la fórmula de gobierno es algo que ya caracterizó las semanas entre elecciones desde Extremadura hasta Castilla y León, al menos, aunque para Vox será muy complicado decidirse a dar un gobierno en solitario al PP, por la oportunidad de poder y un mayor condicionamiento desde dentro. Desechan igualmente entrar en cualquier marco de debate que no sea el suyo: "Nosotros a lo nuestro, que es lo que le importa a los españoles".

Un debate 'aplazado' en los pactos que puede dinamitar tras las generales

Hay un cambio de planteamiento de negociación en Vox en este último ciclo de autonómicas respecto al de 2023. Ahora lo prioritario es sumar focos de poder y dar viabilidad a "la alternativa" a la izquierda, especialmente en un momento de deterioro progresivo del músculo territorial de los socialistas y de desgaste de Sánchez en Moncloa. Con un escenario que supere ya eso, y con la opción de entrar al ámbito de máximo poder estatal, esa prioridad puede cambiar para Vox, con presiones tanto para la firma de un acuerdo que contemple cuestiones que en los territorios han quedado al margen. Otras cuestiones sobre la mesa para Feijóo son asuntos como la ley de eutanasia, que rechazan frontalmente los ultraconservadores y que el PP se quiere limitar a reformar para endurecer criterios.

En alguna entrevista reciente, preelectoral, Abascal por ejemplo ha descartado la aplicación de máximas del partido en los últimos años, desde la recentralización del Estado y recuperación de competencias autonómicas, así com una reforma constitucional. Situó como prioridades los cambios en políticas fiscales, regulatorias y migratorias. Pero en los descartes no hay nada asociado a esas políticas más ideológicas.

De momento, esos tres ejes remarcados por Bambú, 'prioridad nacional', desregularización y remigración han desplazado a un plano secundario exigencias a mandatarios autonómicos como María Guardiola en 2023, caso de adoptar términos como 'violencia intrafamiliar' sobre violencia de género, revisar las políticas públicas de igualdad y las ayudas a entidades feministas, introducir medidas relacionadas con la interrupción del embarazo, como el protocolo del latido fetal que generó notable tensión en 2023 en Castilla y León, la modificación de las leyes autonómicas LGTBI –algo que se hace a Gobiernos como el de Isabel Díaz Ayuso– o el pin parental educativo. En todo caso, que ahora Vox omita entrar en otras cuestiones que no sean prioridad nacional, desregularización o remigración, pero también vivienda y servicios públicos. De hecho, comparado con otros periodos anteriores, apenas ha habido alusiones a esos asuntos en el debate público más reciente.

En el Congreso, hubo un ligero enfrentamiento entre PP y Vox en septiembre durante el debate sobre la ley de violencia vicaria, cuando la diputada popular Marta González marcó distancias con Vox y aseguró que la posición de su partido sobre la violencia contra las mujeres "no tiene nada que ver" con la de los de Abascal, a los que acusó de negar la realidad de la violencia machista. En contraste, en Castilla y León, ambos partidos mantienen una posición común: el 7 de octubre votaron conjuntamente contra la tramitación de una proposición del PSOE para actualizar la ley autonómica contra la violencia de género, aprobada en 2010 y adaptarla al Pacto de Estado. El PP, en todo caso, defendió la necesidad de consenso con otras fuerzas, mientras Vox calificó la iniciativa de "desvaríos ideológicos en forma de leyes".

Sin entrar contundentemente en debates como el aborto o la diversidad sexual, el propio Abascal, no obstante, este martes puso sobre la diana la vertiente económica de "las políticas de género" así como verdes y climáticas, augurando que en los próximos meses con ellos en el Gobierno habrá un "recorte drástico" al "gasto ideológico" y a las ayudas a entidades políticas y asociaciones de cualquier tipo. De forma más amplia, a los sindicatos y a la financiación de partidos políticos. De hecho, Abascal avisó a los sindicatos sin no cancelan la huelga general "tomaremos nota" de cara al próximo ciclo.