El juez Calama niega que las joyas de Zapatero fueran patrimonio público y descarta imputarle por malversación

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha rechazado imputar un delito de malversación al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero por los tres juegos de joyas que asegura que le regaló personalmente el rey de Arabia Saudí en 2007. En un auto al que ha tenido acceso El Independiente, el instructor del 'caso Plus Ultra' descarta la petición realizada por la Fiscalía Anticorrupción y concluye que no puede considerarse que las alhajas formasen parte del patrimonio público.

Anticorrupción solicitó el 21 de octubre que la investigación paralela al 'caso Plus Ultra' que se sigue en la Audiencia Nacional por las joyas halladas en el despacho del expresidente se dirigiera también por presunta malversación de caudales públicos, además de los supuestos delitos fiscales y de contrabando que ya constaban. La Fiscalía sostenía que los tres juegos de joyería —con rubíes, esmeraldas y zafiros—, que Zapatero atribuye a un regalo "estrictamente personal" del rey Abdalá, debieron incorporarse al patrimonio del Estado por las circunstancias en que los recibió y su "muy significativo valor".

En su escrito, consultado por este periódico, la fiscal Elena Lorente subrayaba que el propio expresidente había reconocido que recibió las piezas mientras ejercía la Presidencia del Gobierno y que, al abandonar el cargo, no las entregó a la Administración, como sí hizo con otros regalos. Para comprobar qué obsequios institucionales se habían incorporado al patrimonio público durante sus dos legislaturas, el Ministerio Público pidió al juez que reclamase a la Dirección General de Patrimonio del Estado las correspondientes actas de recepción.

"Aún admitiendo que la apropiación de las joyas pudiera suscitar reproches de naturaleza ética o política, no cabe afirmar que constituyeran patrimonio público a efectos del delito de malversación", explica ahora Calama en su resolución. El juez añade que la mera circunstancia de que Zapatero las recibiera en virtud de su cargo no basta para considerarlas bienes del Estado, ya que en 2007 no existía ninguna norma que estableciera su incorporación automática al patrimonio público. "Por ello, falta uno de los elementos esenciales de la malversación".

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