La campaña electoral de PSOE y Frente Amplio y la actividad del Gobierno se detiene este miércoles. Los socios de coalición no hacen oficialmente huelga pero sí apoyan con nitidez el paro general convocado por los sindicatos para este 11 de noviembre. Y no se han sumado a él en las últimas horas, sino que lo respaldaron desde que CCOO y UGT cedieron ante el Sindicato de Inquilinas y fijaron una fecha, a escasamente 24 horas del arranque del arranque de la campaña oficial de las generales del 29-N, para protestar a favor del derecho a la vivienda y a unos salarios dignos. La huelga general podía servir como poderoso hito para movilizar a una izquierda muy retraída durante toda esta legislatura y que sin embargo comenzó a activarse a raíz del desahucio de Maricarmen Abascal, la anciana de 87 que fue desalojada violentamente de la casa en la que residía desde hacía más de siete décadas y que a los 15 días falleció en el hospital. La derrota de los decretos leyes de vivienda, las enormes manifestaciones en ciudades de toda España y la acampada en Sol convencieron a Pedro Sánchez de que este podía ser el mejor momento para llamar a las urnas. Pero desde entonces, desde aquel 5 de octubre en que disolvió las Cortes Generales, mucho ha llovido. Quizá demasiado. Hasta un terrible accidente ferroviario en Urda ocurrido hace solo dos semanas y en el que perdieron la vida 69 personas.
Este miércoles, 11-N, el Ejecutivo quiere señalizar su "respeto" a la huelga general. Y lo mostrará vaciando su agenda. Ni el presidente del Gobierno ni sus ministros tienen actos públicos hoy. Tampoco habrá mítines, ni entrevistas, nada puramente de campaña. Los miembros del Gabinete, explican desde la Moncloa, no tienen agenda no solo por convicción, sino "por respeto a los trabajadores" que forman parte de sus respectivos equipos y de los que tendrían que tirar.
La previsión sí es que los ministros tengan labor de despacho. Desde el corazón del Ejecutivo cuentan que todos, los del PSOE y los de Sumar, tienen "libertad para ejercer su derecho de huelga", pero reconocen que "toda la ciudadanía espera" que su Gobierno esté "en su puesto de trabajo". Al pie del cañón. No está programada, a diferencia de lo que ocurría en otros paros generales, una comparecencia del Ejecutivo para dar cuenta del seguimiento de la jornada en distintos sectores, aunque no se descarta.
En Ferraz, tampoco hay agenda para este 11-N. "El PSOE apoya la huelga", sentencian sin rodeos en el cuartel general, "no es una huelga contra nadie, sino a favor de los derechos de todos". En cuanto a las concentraciones convocadas para la tarde —la manifestación central, la que recorrerá Madrid, partirá a las 18 horas desde Atocha, alcanzará la plaza de Cibeles, de ahí subirá hasta Gran Vía y terminará en la plaza de España—, desde la sede federal aseguran que el PSOE "no acudirá como organización, por respeto a la autonomía de quienes las han convocado", y si hay dirigentes que se suman lo harán "a título personal".
El Ejecutivo sabe que esta no es una huelga general como las anteriores. No se dirige contra el Gobierno, o al menos no solo contra él. Los sindicatos insisten en que hay "motivos" de sobra para su convocatoria, que ya llevaban advirtiendo desde hace un año que este escenario podía darse, pero que la "chispa" fue el desahucio de Maricarmen. "Hemos explicado por activa y por pasiva que esta huelga es a la ofensiva —justifican a este diario desde la cúpula de CCOO, que va de la mano de UGT—. El Parlamento es un poder del Estado al que también se le puede interpelar con una movilización, como a las administraciones públicas y como a la patronal. El Congreso tumbó los dos decretos leyes de vivienda y la reducción de la jornada laboral. Antes se hacía huelga contra los gobiernos de turno cuando tenían mayoría absoluta y controlaban el Parlamento. Ahora no estamos en ese escenario".
María Jesús Montero, vicesecretaria general del PSOE y líder de los socialistas andaluces, sintetizó quizá de manera demasiado explícita cómo concebía su partido este paro general hace algo más de un mes: se trata, dijo, de una huelga "contra la oposición". Una afirmación que ella misma moduló ayer martes en rueda de prensa desde Sevilla, cuando recalcó que esta "no es una huelga contra nadie", sino "en defensa de los derechos de los trabajadores".
En ese sentido se pronunció tras la reunión del Consejo de Ministros la portavoz del Gobierno, Elma Saiz: "Esta es una huelga que se concibe como lo que es, es una huelga a favor de los derechos de todos. Y lo que sí que pido es respeto, respeto para los sindicatos. Este país, de la mano del diálogo social, de la mano de sindicatos y patronal, de la mano de la concertación social, ha experimentado importantísimos avances, se han llevado a cabo importantísimas reformas, como la reforma laboral, como la reforma de las pensiones, que se están traduciendo en la mejora de la vida de la ciudadanía. Así que exijo respeto a los sindicatos cuando estamos escuchando a diferentes representantes que insultan a los sindicatos y respeto a un derecho constitucional, que es el derecho a la huelga recogido y protegido como derecho fundamental en nuestra Constitución".
La ministra portavoz respondía, sin citarla, a la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, que en Espejo público (Antena 3) pidió al candidato de su partido, Alberto Núñez Feijóo, que acabe con toda la "basura sindical", y definió a las centrales como "mafia". También el secretario general del PP, Miguel Tellado, bromeó con que Sánchez tiene dos ministros más de los que se sientan en el Gabinete, que son los líderes de UGT y CCOO. "Pensábamos que Sánchez tenía 22 ministros [en realidad son ya 21 tras la dimisión de Óscar Puente], pero resulta que tenía 24, que el 23 se llama Pepe Álvarez y el 24 Unai Sordo", aseguró en un desayuno informativo en Toledo. Para Santiago Abascal, este paro es un "insulto a los españoles después de ocho años de gobierno" y los sindicatos actúan "únicamente al servicio del Gobierno". El líder de Vox deseó que la convocatoria tenga "muy poco respaldo", porque se trata de una "huelga política que no debería ser legal".
Preguntada Saiz si ella misma o el titular de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 y portavoz de la candidatura de Frente Amplio, Pablo Bustinduy, a su lado en la rueda de prensa, harían huelga, la ministra subrayó que "lo relevante" es la posibilidad de ejercer el derecho de huelga, no si hacerla o no. El responsable del socio minoritario de la coalición hizo "un llamamiento a la movilización de los trabajadores y las trabajadoras de este país para que secunden la huelga general", porque "todos los derechos que tiene la clase trabajadora en este país se han conquistado luchando y haciendo huelgas". "Este trabajo [de ministro] no se acaba nunca, no para nunca, pero yo voy a hacer todo lo posible para contribuir a que la huelga sea un éxito", agregó Bustinduy.
El propio presidente del Gobierno, en un vídeo publicado el lunes por la mañana en redes sociales, animaba a los ciudadanos a secundar el paro general. Recordaba que los derechos laborales y sociales y las libertades "nunca han caído del cielo", han sido "conquistas colectivas" que se pueden "perder en un instante" si PP y Vox ganan el 29-N. Ahí estaba la trabazón entre la huelga y los comicios. Porque los hay que "presumen de tijeras y motosierras, prometen recortes, privatizaciones y sacrificios". "Hachazos para todos, pelotazos para unos pocos, pero ya sabemos quién paga la cuenta: los trabajadores, los autónomos y quienes pasan meses en una lista de esperar para operarse y quienes viven con miedo a no llegar a tener una pensión digna". El vídeo recuerda además que todos los avances han sido posibles gracias a la movilización de los trabajadores que "salieron a la calle e hicieron huelgas".
El Gobierno, por tanto, da cobijo al paro general de este 11-N, el primero que se convoca en España desde 2012, cuando era Mariano Rajoy quien estaba en la Moncloa y quien aprobó una salvaje reforma laboral que recortó buena parte de los derecho
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