La ex directora del CNI, Paz Esteban, tendrá que declarar como imputada por el presunto espionaje al presidente de la Generalitat, Pere Aragonès. Un juzgado de Barcelona ha admitido a trámite la querella presentada por Aragonès en julio de 2022, en base a las informaciones publicadas por el grupo CitizenLab sobre el presunto espionaje a una sesentena de líderes independentistas catalanes con el software espia Pegasus, entre los que se encontraba el presidente catalán.
En un escrito, avanzado por elDiario.es y al que ha tenido acceso El Independiente, el titular del Juzgado de Instrucción número 29 de Barcelona, Santiago García, pide que Esteban comparezca como investigada el próximo 13 de diciembre, así como Aragonès el mismo día en calidad de perjudicado. Resuelve así la petición que había realizado el letrado del president Andreu Van den Eyden para aclarar si detrás del malware que se encontró en el dispositivo del alto cargo hubo responsabilidades políticas que haya que depurar.
La propia Esteban reconoció los seguimientos a 18 dirigentes independentistas, entre ellos Aragonès, en el marco de la Comisión de secretos oficiales del Congreso de los Diputados, pero aseguró que las intrusiones se realizaron amparadas por la autorización del Tribunal Supremo, en el marco de las investigaciones sobre el referéndum del 1-O y las movilizaciones posteriores a la sentencia del procés, organizadas por la entidad Tsunami Democràtic y los CDR, que fueron incluidos por los servicios de inteligencia en el listado de organizaciones terroristas.
Tras la crisis que se desató cuando este espionaje se hizo público el pasado año entre el Gobierno y sus socios, el Ejecutivo decidió que Esteban fuera la cabeza con la que había que saldar el escándalo y la cesó de sus funciones, entre el malestar de los funcionarios del cuerpo que no entendieron, según distintas fuentes de Interior, por qué se daba la impresión de que se había actuado mal.
El juez catalán reclama información a la empresa propietaria de Pegasus, la israelí NSO Group, si bien hay que recordar que esto ya lo hizo el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama sin éxito alguno, puesto que el país nunca contestó. También pide información al CNI, contemplando la necesidad de que se desclasifiquen documentación reservada de los servicios de inteligencia, así como información sobre el CNI a la Comisión Delegada de Asuntos de Inteligencia del Gobierno, al Tribunal de Cuentas y a la Intervención General del Estado. Según el magistrado la "intromisión no autorizada en equipo informáticos" a través de este software espía puede encajar en un delito de revelación de secretos y en otro contra los derechos fundamentales.
Igualmente, el togado solicita información al magistrado del Supremo responsable del control del CNI, el actual presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativa, Pablo Lucas.
La infección al teléfono de Aragonès se produjo en enero de 2020, como data en la investigación de la universidad de Canadá que hizo un grupo de trabajo para este asunto. El president ha celebrado en su cuenta de X o Twitter este impulso en las pesquisas: "La admisión a trámite de la querella es un paso importante para aclarar toda la verdad. Queremos saber quién ordenó espiar el independentismo".
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