Todos los centros educativos catalanes tendrán que aprobar en los próximos dos meses sus proyectos lingüísticos, que serán revisados por el Departamento de Educación de la Generalitat para que entren en vigor con el nuevo curso escolar. Así lo ha acordado este martes el Govern en funciones de Pere Aragonès, con el decreto de desarrollo de la Ley de educación de Cataluña, en el que se recuerda que "el catalán será la lengua vehicular habitual".

"Disponer de una herramienta como esta fortalece el modelo escuela catalana" ha argumentado la portavoz del Govern, Patricia Plaja, al explicar la medida. Con el decreto, "el Govern dispondrá de un instrumento jurídico para validar los proyectos lingüísticos de los centros" ha añadido. El decreto, aprobado este martes por el Consell Executiu, presupone que el Departament que ahora dirige Anna Simó, aprobará los proyectos lingüísticos de todos los centros catalanes antes de pasar el testigo al próximo ejecutivo autonómico, que en ningún caso presidirá Esquerra.

Plaja reconocía tras la reunión del Govern que el ejecutivo en funciones tiene potestades limitadas, pero ha defendido que puede adoptar "medidas urgentes" y que este decreto, en concreto, ya había completado su tramitación administrativa antes de celebrarse las elecciones. El Decreto de régimen lingüístico del sistema educativo de Cataluña "no se tiene que convalidar", ha apuntado además. "Hay que proteger el catalán" ha argumentado la portavoz, y el Govern "sigue teniendo potestad reglamentaria".

Paraguas contra el 25%

El decreto desarrolla normativamente la Ley sobre el aprendizaje de las lenguas oficiales y el Decreto ley de elaboración de los proyectos lingüísticos de los centros. Dos normas aprobadas en 2022 tras alcanzar un pacto entre ERC, PSC, Junts y Comunes sobre el uso de catalán y castellano en los colegios catalanes.

Esquerra presentó esta legislación como el paraguas del Govern contra las sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que exigían el uso del castellano en, al menos, un 25% de las horas lectivas, mientras el PSC defiende que han servido para acreditar el carácter del castellano como lengua vehicular de la enseñanza en Cataluña. El TSJC, sin embargo, ha recurrido estas normas antes al Tribunal Constitucional, por considerar que ambos textos "determinan la imposibilidad legal de ejecutar la sentencia" del 25% "suscitándose dudas de inconstitucionalidad respecto de los citados textos con fuerza de ley".

El decreto recoge que el catalán es lengua vehicular habitual en los centros -junto al aranés en los centros del Valle de Arán- y debe ser también la lengua vehicular en las actividades complementarias, extra escolares, y comunicaciones internas y externas con los miembros de comunidad educativa, ha explicado Plaja. "Y prevé que se adopten medidas para conseguir este objetivo".

En el texto se precisa cómo elaborar, evaluar y revisar los proyectos lingüísticos de los centros, en los que se especifica la lengua vehicular de cada asignatura, así como las aulas de refuerzo lingüístico para el alumnado extranjero. Advierte además que los proyectos lingüísticos "no se pueden cambiar con el curso iniciado y estarán listos para próximo curso". Lo que significa que no habrá cambios respecto a los definido por el Govern en funciones por lo menos hasta el curso 2025-26.