Fue una sesión bronca, entre insultos, llamadas al orden y abandonos del hemiciclo. Sucedió el 4 de abril del año pasado cuando en el Parlamento Vasco se debatía y votaba la llamada Ley de Abusos Policiales que reconoce a víctimas de excesos policiales cometidos entre 1978 y 1999. En el estrado de invitados, representantes sindicales de la Guardia Civil y la Policía Nacional, fundamentalmente del sindicato Jusapol. La chispa la encendió el portavoz de EH Bildu, Julen Arzuaga, nada más comenzar su intervención desde la tribuna de oradores y lo hizo, no dirigiéndose al Gobierno o la oposición sino a los invitados de la Cámara. Les mostró su "desprecio más rotundo" por representar lo que describió como un "lobby infecto, asqueroso, para que no se reconozca a las víctimas que ellos mismo han generado".

Ante estas palabras la reacción airada de una parte del Parlamento -el PP abandonó la Cámara- y de los representantes sindicales de Policía y Guardia Civil no frenó a Arzuaga: "Están buscando total impunidad, encubrimiento para el terrorismo y las gravísimas vulneraciones de derechos humanos que ellos mismos han perpetrado", continuó. Su intervención contra los representantes de Jusapol se completó acusándoles de "nazis" que no quieren su particular "juicio de Nürenmberg" o los "genocidas que protestas porque haya una corte Internacional de Justicia". Para entonces, en el palco de invitados, los representantes sindicales daban ya la espalda a Arzuaga y algunos le mostraban los dedos índice y el pulgar extendidos recreando la J de su sindicato.

Fue precisamente este gesto el que EH Bildu aprovechó para acusarles de estar amenzando a Arzuaga simulando una pistola. También de haberle amenazado e insultado de modo grave. Ahora un juez ha concluido que no fue así, que los denunciados por Arzuaga deben ser absueltos al no haberse acreditado que incurrieron ni en un delito de amenazas ni de injurias y tampoco en "gestos insultantes". Arzuaga, acompañado de la abogada Jone Goirizelaia, interpuso la denuncia en la Audiencia Provincial de Álava hace ahora un año, el 2 de mayo de 2019.

Desde EH Bildu acusaron a Jusapol de haber amenazado gravemente a su portavoz y avanzaron que acudirían a la Justicia. Arzuaga argumentó que los representantes sindicales presentes en la Cámara profirieron «frases y gestos despectivos» hacia él y que una vez finalizado el debate intervinieron en una rueda de prensa donde se le habría imputado «un delito de integración en ETA». A ello sumó el impulso a una campaña en redes sociales de «amenazas graves e insultos» contra él y que llevaron a la Mesa del Parlamento a realizar una declaración pública de apoyo.

Ahora la sentencia absolutoria, anunciada por el sindicatos policial, revela que no incurrieron en los delitos por los que fueron denunciados. En una nota, Jusapol se felicito por la resolución judicial y recordó que quien profirió graves insultos contra ellos fue el representante de la coalición abertzale. "Frente a la intolerancia de los de siempre, que impiden la convivencia en tolerancia, respeto, pluralidad y libertad", aseguraba en una nota, "seguiremos plantando cara en defensa del honor y la libertad de expresión": "Queda mucho camino por hacer, pero en este camino no nos van a callar".

Tres denuncias contra Arzuaga

El portavoz de EH Bildu en el Parlamento Vasco está a la espera de la resolución de las denuncias que contra él se interpusieron por sus palabras desde la tribuna de la Cámara de Vitoria. La primera de ellas la presentó la plataforma Dignidad y Justicia y horas después fueron el Sindicato Profesional de Policías (SPP) y el Sindicato Unificado de Policía (SUP) quienes formalizaron sendas denuncias ante la Fiscalía, por un presunto delito de injurias contra los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, y un acto de conciliación ante la Audiencia de Álava.

La conciliación presentada por el SUP ante los juzgados de Vitoria se basa en un posible delito de injurias y calumnias y en el que se reclama a Arzuaga que pida perdón públicamente y abone la cantidad de 3.000 euros en concepto de “daños morales” en el plazo de una semana. Una cantidad que de abonarse se destinaría a la Fundación de Huérfanos de la Policía.

Por su parte, el SPP presenta una denuncia ante la Fiscalía General del Estado por un posible delito de injurias. El SPP, sindicato mayoritario entre los mandos dela Policía Nacional, reclama la adopción de medidas “ante las graves ofensas cometidas” hacia los agentes policiales, guardias civiles “y víctimas del terrorismo y toda la sociedad en general”. Acusa al Gobierno de “inactividad” ante una ley, la referida a los abusos policiales y que fue aprobada el viernes en el Parlamento Vasco “que humilla a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado”. Acusan al Ejecutivo de Pedro Sánchez de “mirar hacia otro lado”. En una nota, el SPP señalaba que las descalificaciones de Arzuaga suponen un insulto que “no tienen cabida ni excusa en el debate político”.