El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha aceptado poner un juez de apoyo para trabajar en el Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional, cuyo titular José Luis Calama se ha hecho cargo en los últimos tiempos de buena parte de las investigaciones más mediáticas. En el juzgado se llevan asuntos como la derivada del 'caso Mediador', el hackeo a la Administración por el joven conocido como Alcasec, el tema de Pegasus o los sobres bomba que se enviaron a ministros, embajadas y al presidente del Gobierno, entre otras. El elegido en comisión de servicios ha sido Javier Ángel Fernández-Gallardo, antiguo letrado del órgano.

En el acuerdo de la comisión permanente (el núcleo duro del CGPJ) al que ha accedido El Independiente, el Poder Judicial explica que la medida de refuerzo durará seis meses. Según fuentes jurídicas consultadas, Fernández-Gallardo accedió a la condición de juez el pasado mes de febrero presentándose a través del cuarto turno, es decir, una forma de entrar en la carrera a través de otra rama del Derecho sin hacer las oposiciones a juez. Desde entonces trabajaba en el Juzgado de lo Penal número 2 de Guadalajara, si bien anteriormente estuvo años como letrado del órgano de Calama.

Desde que Calama se incorporó a la Audiencia Nacional en diciembre de 2018 cuando Fernando Andreu se trasladó a la Sala de lo Penal del mismo edificio trabajaba en solitario. Llegó del juzgado de instrucción 15 de Madrid y rápidamente cogió las riendas de su nuevo despacho en el que había ya enormes causas abiertas como el 'caso Popular'. En el último año, el magistrado ha tenido un imán para las investigaciones con más repercusión en prensa y algunas fuentes policiales expresan que sienten comodidad trabajando con él porque lleva las pesquisas hasta el final.

Así, ha resuelto temas mediáticos como la detención del joven José Luis Huertas, alias 'Alcasec' acusado de hackear administraciones públicas para crear una base de datos ilegal; o el arresto de Pompeyo González, un jubilado que remitió cartas con explosivos caseros a Sánchez y Robles así como a la embajada de Ucrania y de Estados Unidos en Madrid a finales del pasado año. También ha finalizado la investigación sobre la presunta criptoestafa conocida como 'Arbistar' que suma 100 millones de euros robados y más de 30.000 afectados por todo el mundo.

Ejerce también de juez de garantías en algunas de las pesquisas que dirige la Fiscalía Europea como el presunto fraude de IVA de más de 25 millones contra los intereses financieros de la Unión; o la derivada del 'caso Mediador' por la que ayer mismo acordó la libertad provisional del general de la Guardia Civil Francisco Espinosa Navas.

Otros flecos que tiene todavía sobre la mesa sin solución atañen, por ejemplo, al espionaje con Pegasus que infectó los teléfonos móviles de los ministros de Defensa e Interior, Margarita Robles y Fernando Grande-Marlaska, y el del presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez. La causa lleva más de un año abierta y ha tomado declaración a sendos ministros y a la exdirectora del CNI Paz Esteban, pero la falta de colaboración de Israel (país sede de la empresa que vende este 'malware' espía) lastra las conclusiones. Lo mismo sucede con el asunto del Banco Popular una macrocausa, a punto de concluir, que indaga en las presuntas irregularidades contables de la entidad en 2016 y en las filtraciones a la prensa un año después que provocaron su resolución a mediados de 2017. Según la autorización del CGPJ es precisamente a ese caso al que viene a ayudar el nuevo juez Fernández-Gallardo para que "realice exclusivamente labores de colaboración, asistencia o asesoramiento en relación a las DIP 42/2017 ['caso Popular']", reza el documento. Fuentes consultadas indican, eso sí, que la nueva incorporación se encuentra a la espera de que se provea su plaza en Guadalajara.