La Abogada General del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha allanado este jueves el camino para que Encrochat sea una prueba válida en todas las investigaciones por narcotráfico de Europa. Este sistema de mensajería encriptada fue intervenido por la Europol en 2021 y enviado a causas en los distintos Estados miembros, pero en juego está si la intervención de comunicaciones masiva vulnera los derechos fundamentales. La Abogacía del Tribunal que vincula a todos los territorios de la UE ha dicho que no.

Según la decisión, a la que ha tenido acceso El Independiente, la Abogada señala que "habida cuenta de que la intervención de las telecomunicaciones fue autorizada por los tribunales franceses, las autoridades alemanas deben atribuir a dicha actuación procesal el mismo valor que le atribuirían a nivel interno". Se refiere a Alemania porque fue este Estado el que planteo una cuestión prejudicial al TJUE para saber si podía utilizar esa prueba en sus propias investigaciones. El dictamen de esta Abogacía no es vinculante, pero por norma general suele avanzar la posición que vayan a tomar después los jueces europeos. Ahora no hay fecha para la sentencia final, si bien las fuentes jurídicas consultadas señalan que puede tardar meses.

Encrochat era una red de telecomunicaciones encriptadas que ofrecía a sus usuarios un anonimato casi perfecto. Se endosaba a un teléfono móvil concreto que no tenía cámara, micrófono, GPS o puerto USB y los mensajes se eliminaban automáticamente. Una operación conjunta entre Francia y los Países Bajos dio al traste con esta red en la que se calcula que mucho más de la mitad de sus usuarios eran miembros porque se dedicaban a algún tipo de delincuencia. Principalmente, narcotráfico y blanqueo de capitales.

La Europol desarrolló un software troyano que se instaló en los aparatos a través de una actualización simulada y se intervinieron comunicaciones que afectaban a 122 países distintos. Un tribunal penal francés autorizó las órdenes europeas de investigación para que todos los datos fueran trasladados a sus lugares originales.

Pero este reparto de mensajes de Encrochat ha generado mucha controversia en distintos tribunales europeos. De hecho, en España la Audiencia Nacional acaba de aceptar por primera vez que los investigados puedan saber cómo llegaron estos chats a sus causas, cómo trabajó la Fiscalía Antidroga y la Guardia Civil, tal y como avanzó este medio. Fue un tribunal regional alemán el que dio el paso de preguntar a la Justicia Europea que vincula a los Veintisiete si esto era legal.

En las conclusiones que ha presentado este jueves la Abogada General Tamara Capeta se recuerda que la orden europea sólo puede emitirse cuando hay un caso interno en el país miembro similar. Es decir, que se trasladen pruebas de un caso penal a otro. Y para ello puede actuar la Fiscalía: "El Derecho de la Unión no exige que esas órdenes sean emitidas por un juez", dice.

"La admisibilidad de las pruebas recibidas que pudieran violar el Derecho de la Unión no se rige por este Derecho, sino por el Derecho nacional, dentro del respeto de los derechos fundamentales garantizados por el ordenamiento jurídico de la Unión", finaliza.

Estas conclusiones avanzan lo que puede dictar el TJUE que, si bien no resuelve el litigio de cada lugar, logra homogeneizar cómo se van a seguir las líneas de investigación en todos los países de la Unión.