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La decisión de Campo de apartarse de la amnistía compromete a Conde-Pumpido y a Díez

El Rey Felipe VI recibe al presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido Tourón, para la entrega de la Memoria Anual del Tribunal

El Rey Felipe VI recibe al presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido Tourón, para la entrega de la Memoria Anual del Tribunal

El melón que acaba de abrir el exministro de Justicia Juan Carlos Campo en el Tribunal Constitucional no va a ser fácil de cerrar. El ahora magistrado ha comunicado al presidente su intención de abstenerse en un recurso que había presentado un particular sobre la admisión parlamentaria de la Ley Orgánica de Amnistía. Este recurso, según explican fuentes del órgano, "no tiene recorrido", pero marca el camino que el exministro quiere transitar cuando lleguen las cuestiones y recursos de inconstitucionalidad a la medida de gracia que perdonará todos los delitos del procés y pone en un compromiso a otros magistrados como Laura Díez o el presidente Cándido Conde-Pumpido.

Qué magistrado formará parte del pleno del tribunal que examinará la polémica ley es totalmente clave para decantar la sentencia. La correlación de fuerzas existente ahora en el órgano ha beneficiado siempre al Gobierno que ha logrado luz verde a todo tipo de leyes de calado a partir de la segunda mitad de la legislatura de Pedro Sánchez, una vez logró que el peso del Constitucional fuera progresista. Siete a cuatro es la combinación decisiva. Siete a cuatro ha sido la suma esencial para avalar leyes como la del aborto (que llevaba estancada una década), la de eutanasia, la de educación conocida como 'ley Celáa' o el impuesto a las grandes fortunas.

Siete progresistas --Mª Luisa Segoviano, Ramón Sáez, Mª Luisa Balaguer, Inmaculada Montalbán, además de Díez, Campo y Conde-Pumpido-- que siempre han votado a favor de las políticas estrella del Ejecutivo y cuatro conservadores --Ricardo Enríquez, Enrique Arnaldo, Concepción Espejel y César Tolosa-- que, por norma general, se han opuesto. Este era el cálculo que en círculos judiciales se daba por seguro para bendecir la amnistía que borrará todos los delitos del 1-0 y del 9N en Cataluña, pero el paso al lado de Campo abre un camino inexplorado.

Fuentes del alto tribunal creen que todavía es pronto para saber cómo van a comportarse sus compañeros frente a las recusaciones, pero asumen que el PP analizará con lupa cada palabra de los magistrados para extraer del pleno a cuentos progresistas que puedan.

El exministro comunicó a Conde-Pumpido su decisión de abstenerse en un recurso del que están pendientes de subsanar errores y del que habrá que ver si pasa el primer filtro del tribunal. Si no lo hace no habrá que tramitar la recusación (por el momento), y si lo hace será el pleno el que deba decidir si se aprueba que Campo pueda apartarse.

Su situación es bastante "flagrante" para la mayoría. Ya no sólo por sus declaraciones públicas en entrevistas de televisión cuando en 2021 se aprobaron los indultos ("la amnistía no cabe porque la amnistía es el olvido", dijo en La Sexta), sino porque su firma aparece en los informes de la medida de gracia en los que se lee que una amnistía es "claramente inconstitucional". El texto rubricado por el exministro de Justicia en junio de ese año reza explícitamente: "A diferencia de la amnistía, claramente inconstitucional, que se reclama desde algunos sectores independentistas, el indulto no hace desaparecer el delito". Así las cosas, pocos dudaban que la actual pareja de la expresidenta del Congreso de los Diputados, la socialista Mertixell Batet, debía dar un paso a un lado.

La duda se extiende sobre todo en lo que vayan a hacer otros. Por ejemplo, Díez que llegó al edificio de Domenico Scarlatti en Madrid directamente desde el Ministerio de la Presidencia de Félix Bolaños. Es decir, se trata de una persona cercana a quien actualmente dirige también la cartera de Justicia. Allí fue directora general de Asuntos Constitucionales y Coordinación Jurídica del Gobierno, pero además la catedrática de la Universidad de Barcelona fue asesora del Govern catalán para la reforma del Estatut entre 2002 y 2004. Distintas fuentes consideran que su pasado en instituciones catalanas (trabajó también como adjunta al Defensor del Pueblo) pueden ser flanco de recusaciones.

Pumpido se abstuvo en el 'procés'

Por su parte, Conde-Pumpido tendrá que enfrentarse a iguales peticiones, aunque fuentes de su entorno aseguran que él considera que no tiene por qué retirarse del pleno.

En su caso el asunto es bien distinto. Bajo otra presidencia del tribunal anterior, el magistrado fue recusado precisamente por el expresident catalán Carles Puigdemont sobre una serie de asuntos del procés. En un primero momento, Conde-Pumpido ejerció la coordinación de todas las sentencias que llegaban al órgano y estuvo presente en casi un centenar de recursos. La idea era entonces buscar consensos entre todos y tratar de mostrar una visión unánime ante la avalancha de recursos que iban a llegar sobre el proceso de independencia de Cataluña después de 2017.

Conde-Pumpido hizo la labor de ser ese pegamento hasta que fue recusado en 2021 y fue él mismo el que decidió dar un paso al lado para garantizar la imparcialidad de todos los fallos que, bien sabían, acabaría revisando el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH).

La defensa de Puigdemont justificó la recusación en base a una conferencia que el magistrado había ofrecido años atrás y en la que había manifestado su "preocupación" por "la pretensión de subvertir el Estado social y democrático de derecho utilizando fraudulentamente la propia bandera de la democracia". Así que el ahora presidente decidió apartarse de todos los recursos que faltaban por resolver. Ahora, los recurrentes podrán plantear que si se abstuvo en aquella ocasión para garantizar la neutralidad del órgano por qué no volver a hacerlo ahora.

Las declaraciones de la progresista Mª Luisa Balaguer en una reciente entrevista en RNE fueron igualmente objeto de polémica porque, si bien no manifestó expresamente ninguna opinión a favor o en contra de la amnistía, sí contestó al entrevistador que no sabía si esa medida de gracia cabía en la Carta Magna porque "dependerá del preámbulo". Algunos consideraron que el no rechazarlo de plano ya anticipaba una postura y auguraron recusaciones contra ella una vez llegado el momento.

Un magistrado pendiente del Senado

Por el camino, el Partido Popular puede jugar la batalla en el Senado. Desde que en julio de 2022 el magistrado Alfredo Montoya dimitiera por motivos de salud, su silla ha quedado vacante. La cobertura corresponde al PP y el nombramiento debería hacerse en el Senado, pero el Gobierno se ha negado a la negociación mientras el partido de Alberto Núñez Feijóo no negocie sobre el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

El Tribunal lleva ya más de un año funcionando con 11 de los 12 togados que debería tener. Si los populares lograran introducir esta parte de su cuota la mayoría progresista seguiría teniendo dos votos de ventaja, pero con las recusaciones en marcha podría tratarse de un puesto clave.

En cualquier caso, cada una de las recusaciones tendrán que ser vistas y votadas en el pleno, lo que esboza un horizonte complicado con una guerra de recusaciones para la amnistía.

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5 Comentarios

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Comentarios cerrados para este artículo.

  1. Querido Guillermo
    Un magistrado sea conservador o progresista no tiene porque abstenerse de casa deliberación por ser de esa tendencia
    La abstención o recusación viene cuando ese magistrado ha estado en orbita o peor aun Dentro de un gobierno de una tendencia.
    Si hay de esos magistrados en el Tc conservadores que se se abstengan por supuesto.
    Si no no.

  2. Los conservadores del Constitucional no se abstienen nunca (antes prefieren saltarse la Constitucion y pisotear la democracia anulando preventivamente al poser legislativo) ni para deliberar sobre sus propios intereses.

  3. A ver, es que el PP hacía la mismo, designó magistrados de su entorno. No vaya a ser el PSOE menos por favor.

    En vez de intentar consolidar una separación de poderes digamos digna de ser nombrada como tal, se copian los errores y malos modos del adversario.

    pues nada, sigamos así.

    Como ha habido magistrados «fachas» ahora tiene que haber magistrados «progres». . que eso de un magistrado independiente mejor para otras democracias menos consolidadas….

    y así todo…

  4. Sí los más listos de la clase en temas de Derecho, no juzgan ni sentencian por su inteligencia natural, estudio, saber y demás, si no por su ideología política, al ser seres humanos. Propongo que sean relevados y sustituidos por una IA. Su sentencia me dará más confianza

  5. ¿Dónde está la independencia de los poderes legislativo y judicial? Que se desdiga un político no es lo mismo que se desdiga el máximo órgano para regular la constitución.