La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se reúne este martes para analizar nuevamente el 'lawfare', las comisiones de investigación que se han creado en el Congreso y las palabras de los últimos días de varios ministros y del propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, según han confirmado varias fuentes del órgano a El Independiente. La petición ha partido de los tres vocales del sector conservador --Ángeles Carmona, Carmen Llombart y José Antonio Ballestero-- y está por ver si este nuevo comunicado sale adelante ya que el presidente del CGPJ en funciones, Vicente Guilarte, (que la anterior vez votó a favor) tiene dudas de si un escrito más va a ayudar a destensar el clima que se ha instaurado en la crispación entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial.

Las declaraciones de los representantes políticos de los últimos días, la creación de las comisiones de investigación "en fraude de ley, o el planteamiento de sorprendentes querellas conforman y preparan un inadmisible e injustificado clima de agitación y propaganda contra jueces y magistrados", dice el borrador del escrito al que ha tenido acceso este medio. Los profesionales de la Justicia se han limitado a "aplicar, con las garantías propias de un juicio justo según los más altos estándares del Estado de Derecho, leyes, como el vigente Código Penal", expresan.

Fue un vocal el que propuso en el Pleno de la pasada semana --en el que se trató la idoneidad del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz-- volver a redactar un pronunciamiento tras escuchar, entre otras, las palabras del ministro de Transporte, Óscar Puente, quien dijo que "definitivamente" había existido lawfare porque se han "instrumentalizado instituciones" para "perseguir a adversarios políticos y ocultar pruebas en causas judiciales que afectaban al Partido Popular", así como de que la Mesa del Congreso hubiera dado el 'placet' a la creación de comisiones de investigación sobre la 'Operación Cataluña' o los Atentados del 17-A.

Guilarte accedió a incluirlo en el orden del día de la Comisión Permanente de este martes y, según confirman fuentes internas, será el único punto a debate. Sobre la mesa hay un texto que se han ido intercambiando los vocales estos últimos días y en el que se han agregado distintas manifestaciones de representantes políticos como las del propio Pedro Sánchez en su entrevista en TVE.

Ya el pasado 9 de noviembre manifestaron su "frontal rechazo" al acuerdo rubricado entre PSOE y Junts que planteaba la posibilidad de supervisar la actividad de los jueces a través de comisiones parlamentarias que buscaran "responsabilidades" si habían existido casos de lawfare contra el independentismo. A pesar de que el partido socialista remarcó tras el revuelo generado que, en ningún caso, se trataba de que las Cortes fueran a controlar el Poder Judicial, en el CGPJ desconfían. "Ha llegado, pues, el momento de continuar con la oposición anunciada a la creación de dichas comisiones en el legítimo ejercicio de las competencias atribuidas a este Consejo, creado precisamente por la Constitución Española, superando la etapa dictatorial de unidad de poder y coordinación de funciones", indica el borrador del Poder Judicial.

Los vocales conservadores recuerdan que las comisiones parlamentarias de investigación son una exigencia democrática, pero lo son para "controlar la acción del gobierno" y son "un instrumento de control al servicio de la minoría". Por eso, dicen, "su instrumentalización por la mayoría parlamentaria para controlar al Poder Judicial [...], resulta sectaria, impropia y espuria". Si lo que se pretende es generar responsabilidad política en un juez, no se está abogando por el modelo de juez "constitucional y europeo", explican, que es el "único que puede garantizar un juicio justo".

La idea de este nuevo comunicado es que el Consejo se posicione porque "no hay un día" que desde el Ejecutivo no se produzcan declaraciones que entienden fuera de lugar. Para el sector conservador, que se haya instaurado el relato del lawfare en la sociedad es inexplicable y lo consideran un ataque directo a los jueces. Se trata de incidir en la línea del anterior comunicado, pero añadiendo todo lo que ha ocurrido estas últimas semanas, explican distintas fuentes del órgano.

Las dudas de su aprobación

El anterior texto sobre el lawfare fue aprobado por todos los miembros de la Comisión Permanente, excepto por la progresista Pilar Sepúlveda, incluyendo el voto de las vocales designadas por el PSOE Roser Bach y Mar Cabrejas, así como del propio Guilarte y de los conservadores Ángeles Carmona, Carmen Llombart y José Antonio Ballesteros.

Esta vez hay más dudas sobre si la publicación saldrá adelante porque, de un lado, algunos piensan que ya se han pronunciado lo suficiente y no es momento de echar más leña al fuego y otros creen, además, que seguir azuzando el debate público no ayuda a propiciar la coyuntura para una renovación del CGPJ.

Todas las miradas están puestas, por tanto, en lo que haga el presidente Guilarte que será quien incline la balanza. Lo que es seguro es que los tres conservadores que han propuesto el texto votarán a favor del comunicado. Si el presidente se suma darían las cuentas para sumar una mayoría. En cualquier caso, si los progesistas lograran esquivar el texto, el resto de vocales redactaría un documento en solitario, según indican dichas fuentes.