El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha recibido ya la petición del Senado para informar sobre la amnistía y en los próximos días tendrán que tomar dos decisiones importantes: quién o quiénes serán los ponentes del informe técnico sobre la ley y cuándo habrá que emitirlo si antes de que el Congreso pase la pelota a la cámara alta o después. Las fuentes consultadas en el órgano señalan que el asunto se abordará en la comisión permanente de este miércoles.

El escrito, al que ha tenido acceso El Independiente, fue firmado por el presidente del Senado, Pedro Rollán, el 5 de diciembre (martes) de la pasada semana y entró en el CGPJ a media mañana del jueves 7 de diciembre, en vísperas de festivo. "La Mesa del Senado [...] ha acordado solicitar, a instancias del Grupo Parlamentario Popular y del senador Gordillo Moreno y la senadora Gómez Enríquez [Vox], del Grupo Parlamentario Mixto, informe al Consejo General del Poder Judicial sobre la proposición de Ley de amnistía", reza el documento.

El PP apoya su petición en un artículo (el 561) de la Ley Orgánica del Poder Judicial que dice que se someterán a informe del Consejo los anteproyectos de ley. Aunque en este caso se trata de una proposición de ley que, por el tipo de trámite, no requeriría de este informe, ese artículo extiende la posibilidad a "cualquier otra cuestión que el Gobierno, las Cortes Generales o, en su caso, las Asambleas legislativas de las Comunidades Autónomas estimen oportuna". Y es ahí a lo que se agarra el partido que dirige Alberto Núñez-Feijóo.

En el CGPJ hay absoluto consenso en el sector conservador sobre que se tienen que pronunciar si una cámara se los pide, como avanzó la vocal Carmen Llombart en una entrevista en este medio. Pero incluso algunas fuentes consultadas del lado progresista expresan que habiéndolo pedido el Senado "debemos hacerlo".

Además, en la sentencia del Tribunal Constitucional precisamente del pasado 2 de octubre sobre la reforma que no permite al CGPJ hacer nombramientos, los magistrados se manifestaron sobre esta cuestión. Vox alegaba que una reforma de esa ley medular para el Poder Judicial no debería haberse hecho eludiendo los informes del gobierno de los jueces y del Consejo fiscal. Aunque los togados no le dan la razón, sí que dejan por escrito que nada hubiera impedido a los políticos pedir igualmente un informe. "No obstante, nada se opone a que la Cámara pudiera considerar oportuno pedir informe al Consejo General del Poder Judicial sobre cualquier cuestión o asunto de su incumbencia institucional", revelan los togados.

Ponentes y tiempos

Superado ese debate, el presidente interino del CGPJ se enfrenta a dos escollos. Por un lado, designar al ponente de este informe. No se trata, como en anteriores veces, de un pronunciamiento breve en el que exista una condena expresa al lawfare o a la medida de gracia de forma genérica sino que esta vez se va a analizar punto por punto y de forma jurídica qué consecuencias puede tener esta ley en su aplicación en los tribunales. Como lo que se ha hecho con tantas otras normas, por ejemplo, la ley del 'solo sí es sí' que tras su paso por el órgano se emitió un dictamen advirtiendo de que se iban a producir rebajas de condenas. Las fuentes consultadas revelan que se necesitarán expertos en Derecho Constitucional, Penal e incluso Administrativo. "Tiene que ser un informe de conocimientos jurídicos muy amplios", esgrimen.

Cuando el Congreso requiere informe al Consejo depende de la complejidad de la ley se puede elegir a uno o a varios vocales por lo que es previsible que en este caso y ante la profundidad de lo que se va a analizar el Poder Judicial opte por la segunda opción. Además suelen ser perfiles de ambas sensibilidades, si bien en este caso las fuentes preguntadas vaticinan un debate muy complicado en el que ponerse de acuerdo será misión "casi" imposible. Por eso, avanzan que pueda emitirse un informe en un sentido y votos particulares en otro distinto.

El segundo de los nudos que se abordará en la comisión permanente es saber cuándo emitir este documento. La ley prevé que el Poder Judicial tenga 30 días para contestar aunque "excepcionalmente" puede obtener una prórroga. La duda está en si ese tiempo ha comenzado ya a contar o cabe esperar a que el Congreso apruebe la ley para saber en qué términos quedará redactada y poder enjuiciar sus consecuencias en base a texto firme. Las fuentes consultadas por este extremo difieren.

Algunos creen que la ley no va a cambiar sustancialmente y recuerdan que en otros informes se pronunciaron antes de los cambios sin que nada ocurriese. Otros, en cambio, creen que si el informe lo ha pedido el Senado habrá que esperar a que la norma llegue allí para manifestarse. Por un asunto de "lealtad institucional", esgrimen, lo lógico es dar su opinión a quien la ha pedido para que les sea útil.

En cualquier caso, se adivina un informe duro a juzgar por los últimos comunicados que la mayoría conservadora del órgano (ocho vocales de los 16) ha aprobado mostrando su "intensa preocupación y desolación por lo que la proyectada ley de amnistía supone de degradación cuando no de abolición, del Estado de derecho en España".

Por su parte, la Fiscalía General del Estado ha recibido una petición similar de la cámara alta para que informe el Consejo Fiscal, algo que se va a analizar según explican que fuentes fiscales.