Entre las muchas puertas plateadas de la segunda planta del edificio de la Audiencia Nacional en Madrid hay una en la que se lee: Juzgado Central de Instrucción número 6. En su interior, Manuel García-Castellón (Valladolid, 1952) pasa muchas mañanas desde 2017 acompañado de una gran fotografía colgada en la pared en la que se ve un faro que resiste el embiste de una gran ola de un mar embravecido. Su extensa carrera como instructor está muy cerca de acabarse, pero aún con la jubilación pisándole los talones, el juez sigue copando titulares sin ninguna intención de dejar de hacerlo.

Mario Conde, Francisco Javier García Gaztelo (alias 'Txapote'), Pablo Iglesias, José Manuel Villarejo, Mª Dolores de Cospedal, Jorge Fernández Díaz, Ignacio Sánchez Galán, Antonio Brufau, Isidro Fainé, Francisco Granados, Esperanza Aguirre, Cristina Cifuentes, Hugo Armando Carvajal, Mijaíl Fridman... y una lista interminable de políticos, etarras, empresarios o policías se han sentado delante de él en todo tipo de investigaciones durante décadas. Su última batalla judicial la está librando para sumar un nuevo nombre a esa lista en el marco de 'Tsunami Democràtic'. Pretende llegar al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y esclarecer si las protestas originadas tras la sentencia del procés supusieron un delito de terrorismo. Pero esto es una amenaza seria a la amnistía.

Distintos miembros del Gobierno y del Congreso de los Diputados se han mostrado muy críticos estos días con su actuación. Algo que, por otro lado no es nuevo, porque el togado ya estuvo en el centro de la polémica cuando trató sin éxito de investigar al entonces vicepresidente del Ejecutivo y líder de Podemos Pablo Iglesias en 2020. Y más recientemente el pasado mes de noviembre cuando elevó una exposición razonada al Tribunal Supremo para que asumieran el asunto de 'Tsunami' e implicaran a Puigdemont allí por su aforamiento.

"Tienen cierta querencia por pronunciarse siempre en una misma dirección y en un momento particularmente oportuno frente a lo que suelen ser los pronunciamientos de otros compañeros dentro del ejercicio del Poder Judicial", expresó ayer la vicepresidenta Teresa Ribera.

García-Castellón que accedió a la carrera judicial en 1977 a veces se tira a la piscina sin mucha agua, expresan algunos que lo conocen. El Supremo no vio nada clara su teoría de que Iglesias se inventara que era víctima de las 'cloacas del Estado', así que le devolvieron las actuaciones al considerar que sus conclusiones eran prematuras y que, además, no contaba con la denuncia de la persona agraviada: Dina Bousselham.

Pero la piscina de 'Tsunami' sí está más llena, comentan fuentes del alto tribunal. Hubo violencia, policías heridos, los manifestantes bloquearon el aeropuerto de El Prat (Barcelona) durante horas, es decir paralizaron una de las infraestructuras que se consideran críticas para la Seguridad del Estado, y el objetivo era subvertir el orden constitucional, según la instrucción de la causa. El Supremo estudia ahora al detalle qué hacer, pero defienden que la investigación no ha sido ninguna locura como algunos quieren dar a entender.

Y eso del momento adecuado que dejó caer Ribera (si bien luego La Moncloa salió a corregir y matizar sus palabras para garantizar que respetan las decisiones de la Justicia y a los Jueces), lo desmienten en la propia Audiencia Nacional. Explican que si García-Castellón ha rubricado esta semana la contestación a un recurso de la Fiscalía "responde a la normalidad" de un trámite. Dice un alto cargo de la sede que "no puede decirse que haya elegido el momento porque el tema estaba pendiente". "Procesalmente es impensable que lo haya pensado. No se puede ver nada extraño aquí", defienden.

'Tsunami' y el peligro de la amnistía

La concatenación de hechos ha provocado críticas. El juez mantiene la causa abierta desde 2019, pero fue el pasado 13 de mayo cuando se alzó el secreto del sumario que se prolongó cuatro años. Entonces, la palabra amnistía no sobrevolaba el debate público porque, de hecho, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ni siquiera había convocado elecciones generales. Fue tras el verano cuando la medida de gracia se introdujo en los pactos entre PSOE y Junts cuando, ahí sí, coincidió el informe final de la Guardia Civil en las pesquisas.

La Benemérita concretaba hechos y nombres y el togado dio un impulso al procedimiento con un escrito detallado sobre a quiénes dirigía la causa (Puigdemont, la líder de ERC, Marta Rovira, y otras 10 personas) y qué delitos pudieron haberse cometido. Algo se quebró ahí entre el fiscal Miguel Ángel Carballo quien no coincidía con las principales tesis y el juez, puesto que a partir de ese momento el Ministerio Público se ha opuesto a todas sus decisiones. No ve terrorismo, ni desórdenes públicos agravados con fines terroristas y cree que todo debe remitirse a un juzgado ordinario en Barcelona.

Los calendarios se han solapado esta última semana cuando en el Congreso se debatían las enmiendas a la ley de amnistía. García-Castellón llevaba poco más de un mes apartado de la instrucción (los escritos los estaba firmando la titular del Juzgado de Instrucción número 3, María Tardón, en su lugar) y fue tras el archivo de este asunto cuando volvió a ponerse manos a la obra. Su respuesta a la Fiscalía, en un tono muy duro (dice que el fiscal "debe reflexionar" el hecho de que insista en su recurso al "órgano que tiene por misión promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, sobre  la contundencia, cantidad y nitidez de los indicios que permiten sostener la calificación inicial por delito de terrorismo”) cuando se volvió a levantar la polvareda.

Ocurre que el terrorismo es el alfiler que puede pinchar el globo de la amnistía en Europa. En el último informe de los letrados del Congreso lo dejan claro, la Justicia de la UE "no sólo requiere la tipificación de los delitos de terrorismo [...], sino que los Estados miembros adopten las medidas necesarias para que se castigue la complicidad, la inducción y la tentativa". En otras palabras, introducir en el perdón delitos de terrorismo sin sentencia firme (para poder amnistiar 'Tsunami') es el talón de Aquiles en la arquitectura de la medida de cara a los recursos en Europa. Y el único a tiro de flecha es García-Castellón.

De moto y montaña

Las críticas al juez se han extendido por distintos espectros políticos. El portavoz de ERC en la cámara baja, Gabriel Rufián, directamente le atribuyó haber salvado a Cospedal de la 'Kitchen', haber sacado a Esperanza Aguirre de 'Púnica', a Ignacio González de la cárcel; de haber archivado el asunto del rey Juan Carlos I, de no saber quién era M.Rajoy en los papeles de Bárcenas; de haber abierto 20 causas contra Podemos y de imputar "por terrorismo a Marta Rovira por una manifestación".

Dejando a un lado que las pesquisas contra la fortuna oculta del monarca español las archivó la Fiscalía y que el instructor nunca llevó la causa de los papeles de Bárcenas ni de la 'Gürtel', lo cierto es que García-Castellón es considerado juez conservador por las decisiones que ha tomado a lo largo de su carrera. Llegó por primera vez en 1993 a la Audiencia Nacional para sustituir a Baltasar Garzón cuando éste se incorporó en las listas del PSOE. Allí le tocó instruir el 'caso Banesto' donde ordenó el ingreso en prisión del banquero Mario Conde, las pesquisas contra el traficante de armas sirio Monzer Al Kassar o la instrucción del asesinato de Miguel Ángel Blanco.

Durante los gobiernos del PP fue designado juez de enlace en Francia y después en Italia (2000-2017), donde desarrolló su pasión por las novelas y la música clásica. A su vuelta en la Audiencia Nacional metió mano en la financiación del partido político en causas como 'Púnica' o 'Lezo'. Tuvo investigados hasta cuatro expresidentes del gobierno madrileño Esperanza Aguirre, Alberto Ruiz-Gallardón, Cristina Cifuentes e Ignacio González.

Todos ellos fueron finalmente exonerados por el juez García-Castellón y sólo el último está procesado. Pero, la realidad es que fue la propia Fiscalía Anticorrupción la que solicitó el archivo de la causa para Aguirre, por ejemplo. Y cierto es también que el PSOE lo recurrió y la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional confirmó esta actuación.

Algunas fuentes jurídicas se lamentan de que todos los dedos señalen al instructor cuando todas las causas mediáticas tienen acusaciones populares que han recurrido una y otra vez sus decisiones. Unas han sido corregidas y otras han sido avaladas, como el archivo del 'caso Kitchen' para María Dolores de Cospedal, la exsecretaria general del PP. A pesar de que la agenda del comisario Villarejo estaba plagada de anotaciones sobre ella y de que varios encausados la sitúan como una de las organizadoras de la trama parapolicial, el magistrado no vio indicios suficientes para llevarla a juicio y la Sala de lo Penal (es decir, tres abogados más que jerárquicamente están por encima) lo apoyó.

"Yo siempre he sido juez de instrucción, vocación de la que nunca me he movido, y que me ha dado la gran satisfacción de ayudar a los demás", dijo en una de las pocas entrevistas que ha dado. Le quedan unos meses para terminar su vocación, hasta octubre. Después, se dedicará a otros quehaceres como la moto o la montaña.