El Gobierno de Pedro Sánchez aprobó en diciembre de 2021 la Estrategia de Seguridad Nacional (ESN) en la que se definen los ejes prioritarios sobre los que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado debe trabajar. Entre ellos se expone la importancia de la protección de los aeropuertos como punto de conexión con el exterior y los evalúan, precisamente, como un "riesgo o amenaza" de las organizaciones terroristas. El juez que dirige la causa de 'Tsunami Democrátic' considera que los altercados sucedidos en Cataluña tras la sentencia del procés --que llegaron a paralizar el aeropuerto del Prat (Barcelona)-- no suponen simple delito de desórdenes públicos, sino que los incardina en terrorismo. La Fiscalía se opone y mientras el PSOE negocia una amnistía para toda la causa independentista.

"Los aeropuertos son una de las infraestructuras más sensibles de un Estado y que requieren la mayor protección", expone un alto cargo policial. El 14 de octubre de 2019 'Tsunami Democràtic' convocó por sus cuentas de Twitter y Telegram a miles de personas para que acudieran al aeródromo: "Ha llegado el momento de hacer oír nuestra voz al mundo! Objetivo: detener la actividad del Aeropuerto de Barcelona. Nos lo intentarán impedir y sólo con la fuerza de la gente lo conseguiremos".

Y lo consiguieron. La investigación judicial cuantifica el perjuicio del bloqueo del Prat en 1.7 millones de euros, 125 personas fueron atendidas por el Servicio de Emergencia Médica y otros 47 Policías resultaron heridos, según el sumario de la causa.

“Resulta necesario en este punto destacar la importancia estratégica. La elección del aeropuerto de Barcelona no fue circunstancial. Se trata de una instalación que, conforme a la Dirección General de la Aviación Civil, es el segundo aeropuerto con más tráfico aéreo de España, concentrando el 20% de los movimientos aéreos del país”, señala el magistrado de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón.

Para lograr el objetivo, falsificaron tarjetas de embarque de avión que fueron repartidas en los perfiles oficiales de las distintas redes sociales. En uno de los mensajes que la Guardia Civil ha analizado (sin determinar su autor) se leen las directrices para ejecutar esta acción: "Es una ruta circular que toca las arterias principales para llegar al aeropuerto. Se trata de colapsar con coche, es decir, hacer la ruta todo lo lento que se pueda sin despertar sospechas".

La Estrategia de Seguridad Nacional rubricada por Sánchez detalla la importancia de escudar la "vulnerabilidad aeroespacial": "El sector aeronáutico es de alta importancia estratégica. Cualquier disrupción que afecte a las aeronaves, los aeropuertos o las instalaciones en tierra, en especial un ataque terrorista, tendría un impacto de magnitud y trascendencia económica considerables". Y explica, asimismo, cómo la proliferación de drones y uso ilícito de otros vehículos puede paralizar el aeropuerto siendo "potenciales armas para sabotajes o acciones terroristas".

Pero no es la única. También la Ley por la que se establecen medidas para la protección de infraestructuras críticas [8/2011] disecciona que son aquellas indispensables para el funcionamiento de un país y que "su perturbación o destrucción tendría un grave impacto sobre los servicios esenciales". La resolución del juez va por esta vía y añade, además, que la afectación de estos servicios puede involucrar a más Estados miembros con lo que las consecuencias serían aún peores.

En esta línea se produjo otro incidente el 11 de noviembre de 2019. 'Tsunami Democràtic' emitió otro comunicado en el que convocaba a sus simpatizantes a concentrarse en el punto fronterizo de la autopista AP-7 en La Junquera (Girona), y a cuyo llamamiento se adhirieron diversos CDR. La acción consistía en cortar esa carretera en su kilómetro cero en ambos sentidos, tanto el lado francés como el español.

"La investigación ha permitido igualmente comprobar una voluntad claramente encaminada a dañar los intereses económicos del Estado, por cuanto no solo se instó a cortar el paso fronterizo de La Junquera sino el de Irún, demostrándose que el objetivo de la acción subversiva era el aislamiento del Estado español en Europa", esgrime el togado. Según la causa, el interés pasaba por bloquear las exportaciones e importaciones por esta vía y "por consiguiente", revela García Castellón, "la desestabilización de las estructuras económicas españolas, con impacto internacional".

Se apoya en esta afirmación valiéndose de algunos de los mensajes que fueron incautados de esos días en los que 'Tsunami' hace un llamamiento "a la movilización para pedir a la comunidad internacional que haga entender a España que el único camino es sentarse a hablar sobre autodeterminación, derechos fundamentales y libertades de presos, exiliados y represaliados".

Es por todo ello que ni el magistrado, a juzgar por sus escritos, ni distintas fuentes policiales consultadas creen que la reacción en la calle a la sentencia del 'procés' del Tribunal Supremo fueran desórdenes públicos como esgrime la Fiscalía. Creen estas fuentes que las acciones fueron más allá y que no se basaron en la quema de contenedores y el vandalismo, hablan de coordinación y de jerarquía en una estructura. Así lo deja por escrito la Guardia Civil.

“Las investigaciones practicadas permiten inferir indiciariamente que Tsunami Democrátic fue una organización estructurada, jerarquizada y con vocación de permanencia, dirigida por varias personas con roles diversos que extendían su ámbito de actuación en parcelas determinadas y con otras personas a su cargo, cuya finalidad esencial era subvertir el orden constitucional, desestabilizar económica y políticamente el Estado, y alterar gravemente el orden público mediante la movilización social masiva”, sentenció el juez. La Fiscalía, sin embargo, no está de acuerdo en este punto y ultima su recurso. Será por tanto la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional la que tenga la última decisión.