El fiscal Álvaro Redondo creyó este fin de semana que alguien había entrado en su ordenador y se había apropiado de sus comunicaciones internas. El funcionario que lleva más de 20 años en el Tribunal Supremo ha salido a la palestra en contra de su voluntad, por haber rubricado un informe que no ve ni terrorismo ni la implicación de Carles Puigdemont en la causa de 'Tsunami Democràtic'. Tras la polémica, el fiscal --que se ha declarado públicamente en contra de la amnistía-- se ha esforzado por defender a su superior, Álvaro García Ortiz, porque niega haber recibido ningún tipo de presión para adoptar este criterio.

"Es un tipo competente, estudioso y rápido trabajando", dice una persona que trabaja con él en la Fiscalía de lo Penal del Supremo. Redondo accedió en 2005 al órgano, después de una carrera en la que pasó por el Minsiterio Público de San Sebastián o por ser el decano de Cataluña. En el comunicado que quiso hacer público este lunes puso en valor su trayectoria frente a las críticas: "Tengo 68 años, 46 de los cuales he estado al servicio del Derecho: siete años como magistrado, carrera en la que continúo en excedencia, y los demás como fiscal".

Original de Uruguay, Redondo se trasladó a España con 20 años y a partir de entonces comenzó a trabajar. Forma parte de la Asociación de Fiscales (AF), mayoritaria en la carrera, y muy beligerante con la política del actual fiscal general del Estado. Él se autodefine como conservador. Quienes lo conocen, también.

Así lo muestra sin rodeos en los artículos que escribe para el diario 'La Razón' donde no una, sino hasta en cuatro ocasiones se ha pronunciado en contra de la amnistía. "Amnistía y Constitución", "La amnistía en la doctrina del Tribunal Constitucional", "Una nueva ley de amnistía es inconstitucional" y "La amnistía inviable: el auto del Tribunal Constitucional 32/1981" son los títulos bajo los que deja claro que "respetando la posición política que cada sector de opinión prefiera asumir, desde el punto de vista jurídico, no cabe duda de la inviabilidad constitucional de una ley de amnistía".

En esas opiniones ha dejado claro también que no es necesaria una ley de Memoria Democrática, porque la "memoria colectiva no es competencia de las autoridades, ni siquiera de las que actúan por mandato democrático" (artículo de 2018) o que no comulga con la ley del aborto porque el ser humano "decide a su arbitrio cuándo, cómo y dónde procede interrumpir su vida" (artículo de 2012).

En agosto de 2020, cuando Juan Carlos I cogía un avión rumbo a Abu Dabi acosado por las investigaciones en la Fiscalía sobre su patrimonio, Redondo salió en defensa de la Corona: "Nuestro Rey emérito ha estado presente en momentos importantes de los cuales no podemos desligar su figura".

Algunos compañeros de despacho lo definen como un "jurista brillante" y aseguran que saca todo el trabajo que puede con diligencia y corrección. Por eso, aunque reconocen que es raro el intercambio de ideas sobre el terrorismo (primero a favor y luego en contra), no ponen en duda que, como él dice, haya virado a motu proprio tras un "profundo y exhaustivo estudio" del sumario de 'Tsunami Democràtic'. Si no fuera así, dicen, qué sentido tendría hacer esa defensa férrea de la actuación de García Ortiz.

Un intercambio con Fidel Cadena

Después de que el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón solicitara al Supremo que asumiera las pesquisas el pasado mes de noviembre, el caso recayó por reparto en Redondo para que se pronunciara sobre si Carles Puigdemont tenía vinculación con la plataforma que organizó las protestas independentistas violentas tras la sentencia del procés y, debido a su aforamiento, la causa debía viajar al alto tribunal. En realidad, el reparto tocó a otra fiscal, pero al estar de baja, el asunto quedó en manos de Redondo.

Distintas fuentes fiscales explican que la confusión de estos días reside, principalmente, en la parte de la investigación que se refiere al bloqueo del aeropuerto de El Prat (Barcelona) el 14 de octubre de 2019. En un primer repaso de las pesquisas, Redondo entendió que los controladores aéreos habían sido retenidos en la torre de control ese día por los manifestantes y en esa detención ilegal veía el encaje del delito de terrorismo.

Ese "documento de trabajo, sin carácter de documento procesal", como él lo definió, se lo envió a su superior, el fiscal de Sala jefe de lo Penal Fidel Cadena para compartir impresiones. Las fuentes consultadas señalan que tras analizar mejor los informes de la Guardia Civil y los Mossos de ese día entendieron que, en realidad, los controladores sí podían salir, no estaban retenidos, sino que el turno que llegaba no podía pasar debido a los cortes de carreteras. Con esos mimbres, se desmontaba el terrorismo bajo su criterio y así lo plasmó en el borrador de la ponencia.

De todo esto García Ortiz fue ajeno, según distintas fuentes, y el único día que supo del tema fue el martes 30 de enero cuando Redondo acudió a una audiencia con él en la que le adelantó "someramente" su criterio. "El fiscal general se dio por enterado verbalmente, sin darme ninguna instrucción, y no consideró necesario recibir, como le ofrecí, y era totalmente procedente, siquiera una copia de dicho borrador", especificó en su comunicación ayer.

Ahora, la junta de fiscales de lo Penal del Supremo tendrá que decidir qué criterio acoge por mayoría. Redondo dice que su actuación "es y ha sido siempre la más estricta aplicación de la ley" "sin aceptar presión alguna de nadie". Hace diez años ya dejó claro en una entrevista que él no era carne de chantajes. "Que me llamara el presidente del gobierno de España para darme indicaciones de lo que tengo que hacer es absolutamente impensable”, expresó como una premonición.