El titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, ha decidido imputar a Francisco Martín Aguirre, el delegado del Gobierno en Madrid desde 2023, por su papel en la contratación de la asesora de Begoña Gómez cuando era secretario general de Presidencia. Además, el juez ha pedido a la Universidad Complutense de la capital que aclare cómo se produjo la contratación de Blanca de Juan Castro, la coordinadora del máster que co-dirigía la mujer del presidente del Gobierno.

En una nueva documentación incorporada a la causa, y a la que ha tenido acceso El Independiente, Peinado da curso a una querella que había interpuesto Vox en enero contra Martín Aguirre y contra la asesora de Gómez, Cristina Álvarez, que, por otro lado, ya estaba imputada en las diligencias. El magistrado admite ahora parcialmente dicha denuncia y apunta al delegado del Gobierno por un presunto delito de malversación al participar en la contratación de Álvarez desde su anterior condición de secretario General de Presidencia del Gobierno en 2021.

"Sí que procede admitir a trámite la querella respecto del querellado Francisco Martín Aguirre, por su aparente participación en el nombramiento de Cristina Álvarez Rodríguez para el ejercicio de funciones privadas de Begoña Gómez, con cargo a los presupuestos generales del Estado, y por tanto con fondos de naturaleza pública", indica el magistrado. Peinado descarta, sin embargo, que Álvarez o Gómez pudieran incurrir en la malversación.

A ambas dos sí les afea otros delitos porque considera que la asesora de Moncloa participó en las actividades privadas de la esposa del presidente del Gobierno, como era el desarrollo de su máster, sin que esto conste en su labor como trabajadora a cuenta pública, pero no los que pedía el partido político de Santiago Abascal.

Martín Aguirre tendrá que acudir a los juzgados de Plaza de Castilla el próximo miércoles 14 de mayo cuando también están citados varios empresarios por el asunto del software de Begoña Gómez, como Rosauro Varo. En una comparecencia en la sede de la Delegación del Gobierno, ha asegurado que tiene la conciencia "muy tranquila" y ha confiado en que todo quedará "en nada". Asimismo, ha subrayado su "voluntad" de colaborar con la justicia. "Confío plenamente en el sistema judicial y en las instituciones de este país. Estoy convencido de que todo este ruido terminará en nada", ha expresado.

Para aclarar la contratación de Álvarez, quien por cierto ha recurrido su propia imputación a la Audiencia Provincial de Madrid alegando irregularidades, el juez escuchó nada menos que al ministro de Presidencia, Justicia y Relación con las Cortes, Félix Bolaños. El togado se acercó a La Moncloa para tomarle declaración como testigo el miércoles de semana santa, si bien Bolaños le explicó que la contratación de la asesora entraba dentro de la normalidad de cualquier Gobierno, que todas las esposas de presidentes habían tenido más de una ayudante de este tipo y que, además, él no se encargó directamente de su contrato.

Petición a la Complutense

Peinado, asimismo, ha oficiado a la Escuela de gobierno de la universidad para que esclarezca el trabajo de Juan de Castro, coordinadora del máster de la mujer del presidente. "Quién la contrató, dónde tenía físicamente su puesto de trabajo, cuál fue el proceso de selección para su contratación, cuál eran las funciones que tenía encomendadas, qué retribución tenía y con cargo a qué partida presupuestaria", ha requerido a la Complutense.

La coordinadora del máster de Transformación Social Competitiva ya declaró ante el magistrado como testigo el pasado mes de febrero y explicó que fue Begoña Gómez la que le propuso asumir la labor de coordinación. De Juan castro reconoció que llegó a poner en copia a la asesora de Gómez en Moncloa en varios correos electrónicos que había enviado a la esposa del presidente.