La Fiscalía y la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, han pedido el archivo de la investigación por malversación por la que este sábado se ha celebrado una vista ante el juez Juan Carlos Peinado. La misma línea han seguido la asesora de Moncloa Cristina Álvarez y el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, que han solicitado el cierre de esta pieza separada en la que se indaga si Gómez usó a su asistente para actividades profesionales privadas.

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Según fuentes presentes en la declaración consultadas por El Independiente, el titular del Juzgado de Instrucción número 41 Peinado no ha hecho ninguna referencia al hecho de que Gómez no haya comparecido, alegando una circular interna de la Fiscalía. Normalmente, explican voces jurídicas, suelen comparecer los acusados que están en prisión, pero si el acusado está en libertad tiene el derecho y no la obligación.

El acto se ha celebrado con cierta normalidad y ha durado una hora y media. Por su parte, las acusaciones populares han reiterado que se realicen algunas diligencias como una nueva declaración como testigo del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, o el ministro de Justicia, Presidencia y Relación con las Cortes, Félix Bolaños.

También han requerido una nueva citación al vicerrector de la Universidad Complutense, Juan Carlos Doadrio, quien ha aportado un centenar de correos que han sido clave. El juez Peinado ha enviado a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil todo este material para realizar un nuevo informe y, además, deberá pronunciarse en los próximos días sobre estas nuevas peticiones de las acusaciones populares.

Por su parte, la Fiscalía ha defendido que no se dan los tipos delictivo de la malversación en este caso y ha insistido en que ni Álvarez ni Francisco Martín (que estaba en el gabinete de Presidencia entre los años 2021 y 2023) son funcionario público y, por tanto, no pueden haber malversado.

Esto choca, según lo que han defendido las acusaciones populares, con la jurisprudencia del Tribunal Supremo que dice que si un personal, aunque no sea funcionario, tiene bajo su poder dinero de las arcas públicas es susceptible de cometer este delito. En cualquier caso, han dicho, esto debería dirimirse en un futuro juicio y, por tanto, no cabe el archivo.

Por su parte, la asesora de Begoña Gómez ha incidido en el último auto de la Audiencia Provincial de Madrid en el que ratificaba su imputación, pero desestimaba que ella pudiera haber malversado. Lo que avalaban era la investigación contra ella sólo por tráfico de influencias. Así las cosas, su defensa ha incidido en este punto y ha dicho que el juez sólo tiene dos opciones: o prevaricar en su decisión o archivar esta pieza separada para Cristina Álvarez.

La defensa de Begoña Gómez ha reconocido, como ya había hecho en ocasiones anteriores, que se pudieron haber cometido favores y ha puesto el ejemplo de que si un asesor acude a "comparar tabaco" esto no es un delito de desvío de caudales.

La Abogacía del Estado, en defensa del delegado del Gobierno, ha incidido en que la citada asesora no dependía de él, sino de otro personal de Presidencia.

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