El presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha defendido este jueves en la sesión de control la gestión del Gobierno valenciano durante sus primeros cinco meses, un periodo en el que, según ha señalado, se ha recuperado la “estabilidad institucional” y se ha impulsado la creación de empleo y la actividad económica en la Comunidad Valenciana.
En respuesta a Vox, Pérez Llorca ha sostenido que su Ejecutivo está cumpliendo compromisos como la simplificación administrativa, la reducción de burocracia y la bajada de impuestos. En este sentido, ha destacado que la Comunidad Valenciana se ha situado como la autonomía con más desgravaciones en el IRPF.
El jefe del Gobierno valenciano ha vinculado esa acción política con la evolución del mercado laboral. Según ha indicado, en el último año se han creado más de 110.300 empleos en la Comunidad Valenciana, “casi el doble que la media nacional”, y el paro se ha reducido por encima del conjunto de España. También ha subrayado que la región es la segunda que más ha reducido el desempleo femenino en el último año y la que más empleo tecnológico ha creado en 2025, con 4.500 nuevas afiliaciones a la Seguridad Social.
"Castigo" del Gobierno central
Pérez Llorca ha contrapuesto estos datos con lo que considera un “castigo” del Gobierno central a la Comunidad Valenciana. Ha citado la infrafinanciación, la falta de un fondo de nivelación transitorio, el retraso en la llegada del Fondo de Liquidez Autonómico extraordinario y los impagos de entregas a cuenta. Según ha afirmado, el Ejecutivo central adeuda este año 426 millones de euros a la Generalitat.
El presidente valenciano también ha acusado al Gobierno de bloquear infraestructuras estratégicas como el Corredor Mediterráneo, la ampliación del aeropuerto de Manises, la segunda pista del aeropuerto de Alicante-Elche y el mantenimiento de la central nuclear de Cofrentes. Asimismo, ha criticado las trabas al trasvase Tajo-Segura, que, según ha señalado, aporta casi 4.000 millones al PIB y sostiene 103.000 empleos.
Críticas por las obras pendientes tras la dana
Pérez Llorca ha reclamado además al Gobierno central que ejecute las infraestructuras hídricas de protección en la zona afectada por la dana, que ha calificado como una “prioridad nacional”. Ha asegurado que la Confederación Hidrográfica del Júcar solo ha ejecutado el 3,9% de las obras pendientes, mientras que la Generalitat “prácticamente ha terminado” las actuaciones de reconstrucción que le correspondían.
En relación con las comisiones de investigación sobre la dana, ha reprochado al PSPV que reclame nuevas comparecencias mientras, según ha dicho, sus representantes no quieren acudir a dar explicaciones. También ha acusado a los socialistas de utilizar estas comisiones como “un arma política”.
Sanidad, educación y huelga docente
En respuesta al PSPV, Pérez Llorca ha defendido que su Gobierno aporta “estabilidad y acuerdos” frente al “caos” del Ejecutivo central. Entre los hitos de gestión, ha citado especialmente la Sanidad: la reducción de las listas de espera quirúrgicas de prioridad 1, que, según ha indicado, han pasado de 61 a 24 días, así como la Estrategia contra el Cáncer y el impulso al centro de protonterapia junto al hospital La Fe.
También ha señalado la inversión de 12 millones de euros para adquirir 679 ecógrafos y otros seis millones en equipamiento de última generación para el diagnóstico del cáncer. En educación, ha destacado que el curso 2025/2026 cuenta con más de 80.000 docentes, 7.000 más que en el último curso del gobierno del Botànic, además de inversiones en obras educativas, gratuidad de la etapa de 0 a 3 años y becas.
Sobre la huelga educativa, el presidente valenciano ha asegurado que la Generalitat está dispuesta a negociar con los docentes, pero ha defendido que debe compatibilizarse el derecho a la huelga con el derecho de los alumnos de segundo de Bachillerato a ser evaluados. “Si chantajean con eso no habrá negociación”, ha advertido. Pérez Llorca ha insistido en que su Ejecutivo quiere mejorar las condiciones del profesorado y reducir la burocracia que atribuye al anterior gobierno autonómico.
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