Peces y crustáceos hallados muertos en el Mar Menor.

Peces y crustáceos hallados muertos en el Mar Menor. EFE / WWF

Medio Ambiente

'Caso Topillo': la batalla legal de Fiscalía y ecologistas contra la impunidad en el Mar Menor

El Ministerio Público denunció en 2017 los vertidos de salmuera al Mar Menor. A esa acusación se han sumado Ecologistas en Acción, ANSE y Greenpeace

El Mar Menor ha vuelto a ser noticia por un desastre ambiental. Ya llegó a las portadas en 2016 cuando sus aguas se volvieron verdes y en 2019 cundo tras amarecieron miles me peces muertos por la pérdida de oxígeno del agua. Ahora han sido hasta 8 toneladas de peces muertos los que han aparecido en todas las playas de la laguna salada más grande de Europa.

La fuente de los males de la laguna, tanto en 2016 como ahora, es la agricultura. La llegada a la laguna salada de agua procedente de los regadíos cargada de nitratos. Pero en el Campo de Cartagena hasta que intervino la Guardia Civil era una práctica común entre muchos agricultores extraer agua del acuífero sobre el que reposa la comarca. La extracción de agua ilegal del acuífero iba acompañada de desaladoras, también ilegales, que separaban la sal del agua antes de regar, pero la salmuera resultante -que es muy contaminante- se vertía de manera descontrolada. La salmuera y los nitratos llegaban a la laguna por las las ramblas como la del Albujón y por el propio acuífero que se filtraba a la laguna.

En el año 2017, el entonces fiscal de Murcia de Medio Ambiente y Urbanismo, José Luis Díaz Manzanera, denunció en origen los vertidos de salmuera al Mar Menor. Así nacía el caso Topillo, cuya fase de instrucción se extenderá al menos hasta el 27 de enero de 2022, después de que el titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Murcia, Ángel Garrote, dictase en julio una prórroga de seis meses. En este procedimiento penal, Ecologistas en Acción, la Asociación de Naturalistas del Sureste (ANSE) y Greenpeace se han personado como acusación popular.

«Se trata de un problema muy complejo, de una envergadura enorme y con demasiados actores implicados», expresa para El Independiente Pedro García, director de ANSE, con quien coincide el abogado de Ecologistas en Acción, Ginés Ruiz: «Es un problema complicado de solucionar por la vía penal. Una instrucción de este tipo es eterna». Por el momento, el caso lleva en esa fase cuatro años. Las ONG ecologistas denunciaron ante el tribunal murciano una situación sobre la que llevaban quejándose décadas.

En la Región de Murcia, este tipo de contaminación se produce en el valle del Guadalentín, en la Vega Media del Segura y en la comarca del Campo de Cartagena, que coinciden con las zonas en las que más regadío hay y donde además «el regadío en los últimos años ha pasado de tierras de secano y pequeños regadíos tradicionales ligados a acequias y a sistemas hidráulicos sostenible al regadío industrial», que va unido a un mayor uso de productos químicos para combatir plagas y enfermedades, indican fuentes de Ecologistas en Acción para este periódico. 

Durante estos últimos 30 años se ha contaminado y casi destruido el Mar Menor y su entorno. La comarca del Campo de Cartagena ha funcionado, según aseguran desde Ecologistas en Acción, como un «fondo de saco» y con el modelo agroindustrial ha degenerado en la desaparición de la biodiversidad de la zona. En las 120.000 hectáreas que forman el territorio, «está todo cultivado, urbanizado, construido y alterado», señalan, para luego avisar de que, si siguen sin tomarse medidas, «podemos llegar a ver la putrefacción total de la laguna». El Mar Menor está «cada día más lleno de fertilizantes y el sustrato se ha vuelto fangoso», transformando el ecosistema en «una laguna pestilente a la que uno no se puede arrimar» como ya ha ocurrido en la de Salton Sea, la mayor de California (Estados Unidos).

El caso Topillo se ha centrado especialmente en las desalobradoras ilegales «para acotarlo» y, aún con todo, sigue siendo «un proceso elefantiásico», indica Ruiz. La Guardia Civil ha llevado a cabo en la zona tres importantes operaciones encaminadas a detectar posibles causas de las afecciones medioambientales del Mar Menor: Chandos, que concluyó en 2019 con 63 investigados y con 38 plantas desalobradoras y 35 pozos irregulares localizadas; Chantres, en 2020, con 23 investigados y con el desmantelamiento de 38 desaladoras y 35 pozos; y la reciente Chancuatro, de marzo de este año, que culminó con 68 investigados y con el descubrimiento de 60 desalobradoras y 42 pozos. Para comprobar los posibles delitos cometidos en esta última operación, se ha abierto una pieza separada.

«La vía penal no es la solución»

A pesar de que Ecologistas en Acción y ANSE valoran positivamente la actuación judicial, Ginés Ruiz considera que la vía penal «no es la solución al problema» que vive el Mar Menor. «Da la sensación de que hay gente esperando a que el proceso penal solucione esta situación, pero solo sancionará» a los culpables del desastre, o a parte de ellos. Este letrado evidencia que no se han aplicado medidas cautelares para tratar de revertir un asunto antes de que llegue la condena, previsiblemente «dentro de dos o tres años».

Para entonces, la vía penal tendrá un «papel de intimidación, sobre todo si hay condenas, pero mientras aquello sigue igual», por lo que pide que se implementen «medidas sobre el terreno» a través «vía administrativa», como permite la Ley de Responsabilidad Ambiental «que tiene paralizada la comunidad autónoma», gobernada desde 1995 por el Partido Popular.

Los factores de la pérdida de biodiversidad en el Mar Menor

Los factores principales del desastre provocado en el entorno natural del Mar Menor y su cuenca apuntan, según el director de ANSE, a la «avaricia económica por producir cada vez más», pero también a la «connivencia de las administraciones» que han seguido permitiendo que se contaminase el agua, a pesar de haberse visto obligadas a reconocer que en el Campo de Cartagena había una concentración de nitratos tras una queja interpuesta por esta asociación a la Unión Europea por la situación que ya entonces vivía la laguna.

Asimismo, recalca que «hay una cierta responsabilidad del conjunto del sector, que ha querido mirar para otro lado y ha apostado incluso por defender» los regadíos que han provocado que la salmuera y los nitratos llegasen al mar. «Si las grandes comunidades de regantes no hubieran acompañado en esa ilegalidad no se habría llegado a esta situación». Desde su punto de vista, se han cometido «delitos» y «una serie de irregularidades administrativas que se tendrían que condenar».

El artículo 325 del Código Penal tipifica como delito la realización directa o indirecta de vertidos en el suelo, el subsuelo o las aguas terrestres, subterráneas o marítimas. En el caso de que el juez considere estas acciones han perjudicado gravemente el equilibrio del sistema natural del Mar Menor, se impondrá una pena de prisión de dos a cinco años, multa de ocho a veinticuatro meses e inhabilitación especial para profesión u oficio por tiempo de uno a tres años a los culpables. Sin embargo, si se les atribuyese un delito leve por la presunta comisión de prevaricación e infracciones contra el medio ambiente, como el que plantea en el juzgado en el auto al que ha tenido acceso El Independiente, las penas bajan a de seis meses a dos años de prisión, una multa de diez a catorce meses e inhabilitación especial para profesión u oficio por tiempo de uno a dos años.

Hace dos semanas visitamos el Mar Menor y conocimos sobre el terreno la situación y todos los actores consultados anunciaban la catástrofe que se se confirmó al día siguiente de la publicación de nuestro artículo.

Vídeo de El Independiente grabado la semana anterior a la aparición de los peces muertos en la playa.

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