El régimen de Nicolás Maduro ha suspendido las actividades de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU en Venezuela. Ha dado 72 horas a sus funcionarios para dejar el país por haberse "inmiscuido en asuntos internos". La ONU ha cuestionado el papel de la justicia por la desaparición de la activista hispano-venezolana Rocío San Miguel.

"Está muy activa cuestionando el accionar del Estado y esto en ningún Estado es tolerable", ha dicho el ministro venezolano de Exteriores, Yván Gil, quien ha acusado a los funcionarios de la ONU de ser "una caja de resonancia de la oposición de extrema derecha venezolana" y de proteger a quienes han intentado "subvertir el orden constitucional y crear violencia en Venezuela".

El canciller venezolano se refiere al caso de Rocío San Miguel, la abogada hispano-venezolana que preside la ONG Control Ciudadano, una ONG creada en 2005 que se dedica a supervisar asuntos de seguridad, defensa y Fuerzas Armadas. Rocío San Miguel, desaparecida porque no se permite acceso a la familia ni abogados y no se sabe dónde está encarcelada, ha sido acusada de traición a la patria y terrorismo. Fue arrestada el 9 de febrero en el aeropuerto de Maiquetía cuando se disponía a salir de Venezuela junto a su hija Miranda Díaz San Miguel, de 24 años.

La medida se ha anunciado después de que la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para Derechos Humanos denunciara el martes 13 de febrero la desaparición forzada de la activista Rocío San Miguel. No ha podido ejercer su derecho a la defensa.

"Los funcionarios que están ahora tienen 72 horas para abandonar Caracas. Revisaremos los mecanismos de cooperación", ha dicho el ministro venezolano de Exteriores. La Unión Europea condenó el arresto, al igual que ONG como Human Rights Watch y numerosas organizaciones venezolanas han denunciado que el régimen haya actuado contra una de las defensoras de derechos humanos más conocidas del país.

Prohiben el acceso a las cárceles

El relator especial de la ONU, Michael Fakhri, ha informado de que el gobierno venezolano le negó el acceso a los centros de detención. "Estaban cambiando constantemente mi agenda y muchas veces no sabíamos a dónde íbamos a ir", ha dicho Fakhri, al fin de una visita de dos semanas a Venezuela.

En septiembre de 2019 la Oficina firmó un acuerdo de cooperación técnica que permitió la instalación de funcionarios de la ONU en el país. Antes de dejar el cargo, la ex presidente chilena dijo que había progresos en derechos humanos, aunque apuntó que quedaba "mucho por hacer". El Foro Penal denuncia que en Venezuela hay 261 presos políticos, entre ellos 18 mujeres, cuatro de ellas tienen pasaporte español.

La embajada de España en Venezuela sigue el caso de Rocío San Miguel. "Está realizando gestiones con las autoridades desde que tuvo conocimiento del mismo para determinar su paradero, prestar asistencia consular y garantizar que se respeten sus derechos", dijeron a El Independiente fuentes diplomáticas. Sin embargo, el ministro español de Exteriores, José Manuel Albares, no se ha pronunciado sobre esta detención, como tampoco lo ha hecho el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez.

El eurodiputado del PPE Leopoldo López Gil envió una carta al Alto Representante de la UE para Política Exterior y de Seguridad, Josep Borrell, para que adoptara "acciones urgentes" ante la detención de cuatro mujeres con pasaporte español.

En enero de 2023, el sucesor de Bachelet, Volker Türk visitó Venezuela en enero de 2023. Entonces se acordó que la oficina seguiría operando dos años más. Türk pidió a los dirigentes venezolanos que liberaran a los detenidos arbitrariamente y que persiguieran las torturas.

En octubre del año pasado el régimen de Maduro amenazó con romper con la ONU después de que el Consejo de Derechos Humanos de la ONU extendió un año más el trabajo de la Misión Independiente de Verificación de Hechos sobre Venezuela. Para el Palacio de Miraflores la decisión fue "un acto hostil e injerencista", según informa Efecto Cocuyo.

En una exhibición de populismo surrealista, el ministro ha recalcado el hecho de que la Oficina de la ONU exacerbara sus ataques contra Venezuela "cuando el mundo contempla la barbarie genocida en Palestina", como si la ONU no se hubiera implicado en la guerra de Israel contra Hamás, a riesgo de críticas feroces del gobierno del primer ministro, Benjamin Netanyahu.

Con esta persecución contra activistas y disidentes, el régimen de Maduro está forzando la cuerda al límite. Había recibido un balón de oxígeno de la Administración Trump gracias a la labor del responsable de América Latina, Juan González, que quiso creer en que los dirigentes chavistas realmente iban a negociar. La inhabilitación de la opositora María Corina Machado, que cuenta con un apoyo popular cercano al 70% frente al 10% de Maduro, hará imposible que las elecciones presidenciales, previstas para este año, se celebren con unas mínimas condiciones democráticas.