La activista hispano-venezolana Rocío del Carmen San Miguel Sola (Caracas, 1966) es la última ciudadana desaparecida "técnicamente" por el régimen de Nicolás Maduro desde el viernes 9 de febrero. San Miguel, de padre santanderino, es presidenta de Control Ciudadano, una ONG creada en 2005 que se dedica a supervisar asuntos de seguridad, defensa y Fuerzas Armadas. Fue arrestada el viernes cuando pretendía salir del país desde el aeropuerto de Maiquetía.

En la madrugada del martes 13 de febrero ha comparecido ante el tribunal, según el testimonio del fiscal general, Tarek William Saab. Sin embargo, no se sabe dónde está recluida ni ha podido ponerse en contacto con su familia. A cuatro de sus parientes, entre ellos su hija de 24 años, Miranda Díaz San Miguel, les han aplicado medidas cautelares. Estas cuatro personas, entre ellas dos hermanos de Rocío San Miguel, su hija Miranda y su padre, Víctor Díaz Paruta,, salieron de la cárcel este martes, pero con la prohibición de salir del país y hablar con los medios de comunicación.

Acusada de traición a la patria

En su cuenta de X (antes Twitter) el fiscal Tarek William Saab informa de que se ha solicitado medida de privación judicial preventiva de libertad contra Rocío del Carmen San Miguel Sosa por "traición a la patria, conspiración, terrorismo y asociación". También por revelación de secretos políticos y militares contra Alejandro José Gonzáles De Canales Plaza, ex pareja de Rocío San Miguel. Los cuatro familiares de San Miguel tendrán que presentarse de forma periódica ante el tribunal.

"El fiscal la ha presentado a escondidas ante el tribunal sin facilitar la más mínima información sobre su paradero. No tiene comunicación con el exterior. No es excepcional; el Estado oculta así a quienes persigue. Relacionan a San Miguel con un caso de magnicidio", afirma Alfredo Romero, confundador de Foro Penal Venezolano. Esta ONG lleva años denunciado cómo rige el sistema de puerta rotatoria en las cárceles: entran por un lado y salen por otro pero vuelven a entrar.

Según los datos de esta ONG, a fecha de 5 de febrero había en Venezuela 261 presos políticos. De ellos, 146 son militares. Tan solo 18 son mujeres; cuatro de ellas tienen pasaporte español. Las presas de Maduro son María Auxiliadora Delgado Tabosky, encarcelada desde hace cinco años; Ángela Expósito, condenada por el atentado con drones contra Maduro, en 2018, y Karen Hernández, acusada de tomar parte en la Operación Gedeón.

Protegida por la CIDH desde 2012

La abogada Rocío del Carmen San Miguel Sola lleva años en el punto de mira del régimen de Maduro. De hecho, en enero de 2012 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le otorgó medidas cautelares de protección. San Miguel empezó en el sector público en el año 2000: primero en Infraestructuras y luego se adentró en el mundo de la defensa y seguridad nacional. Debido a su postura crítica, se vio forzada a dejar el sector público y así fundó Control Ciudadano en 2005.

Esta ONG vigila el cumplimiento de compromisos internacionales como el Estatuto de Roma. Fue también asesora de la subcomisión de derechos humanos y derecho internacional humanitario de la Asamblea Nacional.

Continuamente ha sido difamada de forma pública debido a su tarea al frente de Control Ciudadano. Ha sido acusada de espía y de participar en una conspiración golpista. Ya ocurrió en 2014 y ahora el régimen insiste en la misma estrategia.

El régimen pretende armar un caso contra San Miguel a quien relacionan con la trama llamada Brazalete Blanco, un plan para atacar una base militar en Táchira, en la frontera colombiana, y posteriormente asesinar a Maduro. Solo en 2023 el régimen aseguró que había neutralizado cinco conspiraciones en las que involucró a militares, periodistas y activistas. Es una forma de desembarazarse de personas incómodas. Así fue el caso de la activista Tamara Sujú, a quien hace tres semanas el fiscal general relacionó con una conspiración golpista.

La embajada española sigue el caso

Según fuentes de la oposición en el exilio, esta desaparición lleva la situación al límite. "Es una persona muy relevante. El régimen juega duro. En las negociaciones ejerce como mediador Noruega y Maduro fuerza la máquina. Es escandaloso que el gobierno de Pedro Sánchez no se haya pronunciado aún", dice un disidente.

Fuentes diplomáticas españolas aseguran que la embajada de España en Venezuela está siguiendo el caso. "Está realizando gestiones con las autoridades desde que tuvo conocimiento del mismo para determinar su paradero, prestar asistencia consular, y garantizar que se respeten sus derechos", puntualiza desde el Ministerio de Asuntos Exteriores.

El eurodiputado hispano venezolano Leopoldo López Gil, padre del disidente Leopoldo López, ha planteado la siguiente pregunta al Alto Representante para la Política Exterior y de Seguridad, Josep Borrell: "¿Qué acciones de mediación está llevando a cabo con las autoridades venezolanas para conocer el paradero de estos ciudadanos y su puesta en libertad con la mayor brevedad posible?". Poco antes, la portavoz del Alto Representante pedía la liberación inmediata de la activista hispano-venezolana.

Una serie de organizaciones y personas relevantes de la sociedad civil venezolana han hecho público un comunicado para exigir "la inmediata liberación de la defensora de derechos humanos Rocío San Miguel". A la par, piden a las Naciones Unidas y a todo el sistema internacional de Derechos Humanos, como la relatora, que se pronuncien a favor de la libertad de la activistas. Y exhortan "a los gobiernos democráticos y organizaciones cívicas del mundo a denunciar esta inaceptable y grave conducta". Según el texto, "la práctica de la desaparición constituye una forma de desprotección ante la ley, que genera repercusiones individuales y sociales gravísimas, considerándose tratos crueles, inhumanos y degradantes"

Según los firmantes, entre los que se encuentran Alerta Venezuela, Alianza Venezuela por la Salud, Ciudadanía Diversa o el Instituto CASLA, "la detención de Rocío San Miguel se enmarca dentro de las políticas del gobierno venezolano de criminalización y persecución de la labor y promoción y defensa de los derechos humanos y de cierre del espacio cívico en Venezuela". Es decir, el régimen trata a los activistas por los derechos humanos como "enemigos internos", al igual que lo hace Putin en la Federación Rusa.

El régimen se mueve cada vez más a la desesperada, como se vio cuando el Tribunal Supremo inhabilitó el pasado 27 de enero a la opositora María Corina Machado, vencedora inapelable en las primarias con un 92% del voto. Según una encuesta de noviembre pasado, el 70% de los venezolanos se inclinan por María Corina en las presidenciales, mientras que Maduro solo cosecharía un 9% de apoyos. Esta baja popularidad explica que el régimen haya dado de lado los avances de la mesa de negociaciones. Maduro no se puede permitir perder, de modo que difícilmente competirá en justa lid.