Con el foco internacional en la operación militar israelí en Gaza y Cisjordania, la ONU acusa a Marruecos de llevar a cabo “una campaña a gran escala” contra la población saharaui autóctona en los territorios ocupados del Sáhara Occidental, la excolonia española ocupada por Rabat desde 1975 y el último territorio pendiente de descolonización de África.

En un informe difundido en los últimos días, ocho relatores especiales de la ONU denuncian la campaña de represión, discriminación racial y violencia que Marruecos está llevando a cabo contra defensores de los derechos humanos, periodistas y defensores de la autodeterminación del Sáhara Occidental, con 79 víctimas como casos de referencia.

Destrucción de viviendas y desalojos forzosos

“Según la información recibida, las autoridades marroquíes llevaron a cabo una operación de adquisición de tierras a gran escala a lo largo de la costa del Sáhara Occidental. Esta operación supuso la destrucción de propiedades privadas y desalojos forzosos, principalmente de casas saharauis situadas cerca del mar. Se cree que la operación tiene por objeto despejar la zona para proyectos de energía eólica, hidrógeno verde y turismo”, señala el documento.

Los expertos instan a Marruecos a “proporcionar información sobre las medidas adoptadas para ofrecer una indemnización adecuada o una vivienda alternativa, así como recursos legales, a las personas y familias afectadas por las demoliciones y los desalojos forzosos, y a impedir nuevas demoliciones y desalojos forzosos”. También le recuerdan a la monarquía de Mohamed VI sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos y le instan “a garantizar que el pueblo del Sáhara Occidental pueda ejercer plenamente su derecho a la autodeterminación, de conformidad con el derecho internacional”.

Asimismo, los relatos exigen al régimen alauí el cese inmediato de las demoliciones y expulsiones forzosas que afectan a cientos de familias saharauis en los territorios ocupados del Sáhara Occidental. Las actuaciones, según los expertos, responden a una estrategia sistemática de usurpación de tierras con vistas a desplegar proyectos de energía verde, turismo e infraestructuras, todo ello sin el consentimiento del pueblo saharaui.

El Independiente ya denunció estas prácticas el pasado año. Con bulldozers y sin orden judicial, las operaciones se producían al amanecer, buscando evitar resistencia o atención mediática. “Nos dijeron que saliéramos y que lo que había dentro no importaba”, relató un testigo.

Les prendieron fuego

Según los datos recabados por la ONU, las operaciones se extienden por la costa atlántica del Sáhara Occidental: Lamside, Agte Baba Ali, Boulemaayrdat, Foum El Oued y zonas cercanas a Uad Saquiat al Hamra. Cientos de viviendas han sido destruidas, en ocasiones mediante incendios provocados por las propias fuerzas auxiliares, según testimonios recogidos en el informe.

Uno de los focos más sensibles es Boulemaayrdat, una playa tradicionalmente usada por familias saharauis para sus vacaciones de verano. El uso de estas viviendas era una parte importante de la cultura saharaui, ya que servían como lugar de descanso lejos de la ciudad y de la fuerte presencia policial y militar marroquí en El Aaiún.

Desde noviembre de 2010, tras el desmantelamiento del campamento de Gdeim Izik, las autoridades marroquíes prohíben a los saharauis pasar la noche en estos inmuebles, solo permiten visitas durante el día y exigen que se marchen antes del atardecer. Las autoridades marroquíes comenzaron a quemar estas viviendas en febrero de 2022 y continuaron en febrero de 2024. Entre los testimonios, figura el de El Fakir Bombi: cuando pidió tiempo para desmontar la casa que había construido con esfuerzo, la respuesta fue el fuego. Como él, decenas de propietarios fueron forzados a salir mientras sus pertenencias ardían. “Bombi se apresuró a sacar su coche del garaje y alejarlo del fuego, que rápidamente envolvió la cabaña y destruyó el resto de sus pertenencias”, apunta el informe.

"Favorecer a los colonos marroquíes"

Las ONG que presentaron la denuncia —entre ellas CODESA, ASVDH y el Grupo de Trabajo sobre Derechos Humanos en el Sáhara Occidental Ocupado— señalan que el objetivo último es modificar la demografía del territorio ocupado. “Se busca erradicar cualquier huella saharaui y favorecer la instalación de colonos marroquíes”, denuncian. Las presiones se traducen no solo en desalojos, sino en violencia, intimidación y vigilancia permanente.

Marruecos niega todas las acusaciones. En su réplica a la ONU, el gobierno aseguró que se trata de una campaña de desprestigio impulsada por quienes “politizan los procedimientos especiales de la ONU”. Sin embargo, las cifras hablan de una escalada: los ocho relatores documentan 79 casos de represión directa contra saharauis, y subrayan que “la situación ha empeorado”. En paralelo, multinacionales como Enel, Engie y GE Vernova desarrollan proyectos de energías renovables en las mismas zonas desalojadas, sin haber consultado —ni obtenido el consentimiento— del pueblo saharaui, como exige el derecho internacional y señalaron las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea el pasado octubre tumbando por ilegales los acuerdos pesquero y agrícola.

“La impunidad es total. Marruecos continúa castigando a la población simplemente por ser saharaui, sin que exista protección internacional alguna”, advierten las organiaciones denunciantes. “El informe expone la persecución sistemática y generalizada de activistas y defensores saharauis. Sin embargo, apenas comienza a revelar la implacable represión diaria que sufre el pueblo saharaui en el Sáhara Occidental ocupado”, indican tras denunciar el total apagón informativo que sufre el territorio. “Se ha prohibido el acceso a la ONU al territorio durante casi una década, lo que deja la protección de los derechos humanos inexistente y abandonada”.