Las autoridades marroquíes han vuelto este martes a expulsar a nacionales españoles de los territorios ocupados del Sáhara Occidental, en línea con la alrededor de veintena de deportaciones que se han producido en lo que va de 2025.
Las fuerzas policiales marroquíes han impedido la entrada por tierra a El Aaiún, la capital del Sáhara ocupado, a los Leonor Suárez y Óscar Allende, director del medio digital cántabro El Faradio, y al activista Raúl Conde, miembro de la organización Cantabria por el Sáhara. Los tres fueron interceptados y retenidos en un control policial en El Aaiún, ha confirmado a El Independiente Equipe Media, la plataforma integrada por periodistas saharauis de los territorios ocupados que trata de romper el apagón informativo en la ex colonia española, ocupada por Rabat desde 1975.
Los tres procedían de Agadir, en territorio marroquí. Fueron interceptados en un control antes de su llegada a El Aaiún. Se les había previamente impedido pernoctar en un alojamiento para el que tenían reserva. Según la citada fuente, se hallaban "realizando labores de observación e información sobre la situación del pueblo saharaui". "Los involucrados se encontraban en coordinación con Equipe Media para trabajar conjuntamente", agregan.
"El acto ilegal subraya la continua represión marroquí contra la libertad de prensa y los defensores de los derechos humanos en el territorio ocupado", denuncia desde Equipe Media. "Tras su detención, las autoridades marroquíes los declararon 'personas no gratas' sin ofrecer ninguna justificación formal. Posteriormente, fueron obligados a abandonar el territorio en su coche y escoltados por cuatro vehículos de la policía secreta marroquí hasta la ciudad de Agadir, en Marruecos", detallan.
Los expulsados ha manifestado que "esta detención y expulsión evidencia el hostigamiento que sufren no solo los activistas saharauis, sino también quienes tratan de apoyarlos". "Estas acciones reflejan que Marruecos no respeta los derechos humanos más básicos, y resulta preocupante que siga siendo un socio preferente de países democráticos como España", indica.
En los últimos años, Marruecos ha expulsado a 330 observadores y activistas expulsados del Sáhara Occidental por las autoridades marroquíes.
Expulsiones al alza
El número de españoles expulsados o a los que se ha denegado el acceso al territorio se ha disparado en los últimos meses. A principios de marzo las autoridades marroquíes expulsaron al secretario de Relaciones Internacionales de la Confederación General del Trabajo (CGT), David Blanco, un día después de aterrizar en el aeropuerto de Dajla, la otrora Villacisneros. Semanas después, fue el turno de una delegación de juristas españoles.
En febrero las autoridades marroquíes retuvieron y finalmente expulsaron a una delegación de tres eurodiputados, entre los que figuraba la española Isa Serra de Podemos. En lo que va de 2025 cerca de una veintena de españoles han sido expulsados del Sáhara Occidental, la antigua colonia española ocupada desde 1976 por Marruecos y considerada por la ONU el último territorio por descolonizar de África.
Los primeros en ser deportados fueron José Carmona, periodista de Público y los activistas de la Coordinadora de Asociaciones de Amistado con el Sáhara, Antonio Martínez y Sergio García, que lograron acceder a Dajla ocupada en la recién inaugurada ruta de Ryanair que conecta Madrid con la ciudad saharaui. Un día después de su llegada, fueron arrestados y expulsados vía la ciudad marroquí de Agadir.
A finales de enero las autoridades marroquíes impidieron el acceso a El Aaiún, la capital del Sáhara ocupado, a los parlamentario vascos Mikel Arruabarrena (PNV), Amancay Villalba (EH Bildu) y Jon Hernández (Sumar). A principios de febrero al periodista de El Independiente Francisco Carrión le fue denegado el acceso en Dajla. Semana y media después fueron expulsados el periodista Asier Aldea y el youtuber Rama Jutglar tras aterrizar en Dajla y viajar en autobús a El Aaiún.
El ministerio de Asuntos Exteriores español ha rechazado informar a este diario, a pesar de las reiteradas peticiones de información, si se ha transmitido una queja formal a Marruecos por esta sucesión de deportaciones.
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