La seguridad nacional no es una partida de mus. Y eso es lo que parece, a la luz de una declaración oficial del CNI a El Mundo. Llevamos asistiendo a una guerra interna dentro de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado desde hace años, de la que vamos teniendo noticia cuando uno de los bandos decide propinar un golpe al otro (un envite, para seguir la lógica del citado responsable de los servicios secretos). Lo terrible es que no estamos ante ningún juego. En medio de esa trifulca hay asuntos tan graves como la llamada Operación Cataluña, acusaciones de manipulación de pruebas, utilización de fondos reservados con fines inconfesables, etc.

Aunque la guerra tiene muchos frentes, y distintos grupos en liza, la partida se juega entre dos bloques: uno, encabezado por el comisario José Manuel Villarejo (jubilado desde el pasado verano); otro, el propio CNI (y su director, el general Félix Sanz Roldán). A simple vista, la disputa parecería desequilibrada. Un comisario contra unos servicios secretos que, a pesar de una historia llena de sombras, cuenta con magníficos profesionales y enormes medios a su disposición.

Pero las cosas no son tan sencillas como aparentan. Villarejo es algo más que un comisario. De hecho, cuando trascendió que era dueño de numerosas empresas y que tenía un saneado patrimonio, el entonces ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, salió en su defensa, esgrimiendo sus numerosos «servicios al Estado».

El contrincante, por tanto, no era tan sólo un funcionario experimentado en todo tipo de operaciones más o menos espectaculares, sino que tenía cobertura política al más alto nivel. Villarejo, en efecto, participó de manera destacada en la Operación Cataluña, en la que, además de algunos agentes y, al menos, una empresa (Método 3), estaban involucrados altos mandos policiales como el anterior Director Adjunto Operativo, Eugenio Pino, o el responsable de Asuntos Internos de la Policía, Marcelino Martín Blas.

O el CNI ha cometido un error de comunicación, o bien Villarejo tiene aún cartas como para echar un órdago

La trifulca comienza por un asunto en apariencia trivial (la operación contra la mafia china liderada por Gao Ping). En la investigación salen implicados un hijo del propio Villarejo y un amigo suyo, el comisario Carlos Salamanca. Villarejo ve detrás de esa operación la mano del CNI, tal vez incómodo ante el protagonismo que estaba cobrando en relación con Cataluña, asunto especialmente sensible y en el que los servicios de inteligencia tienen su propia agenda, como ahora se ha podido comprobar en el caso del juez Santiago Vidal.

Villarejo y Pino están convencidos de que Martín Blas trabaja para el CNI y la prueba de ello, según su criterio, fue la intervención de Asuntos Internos en la rocambolesca detención del Pequeño Nicolás, un tema que preocupaba a los servicios secretos por la locuacidad del joven, quien llegó a afirmar que colaboraba con el Centro.

Esa guerra sin cuartel ha tenido un nuevo episodio: la salida del Gobierno de Fernández Díaz, como consecuencia de la filtración de una conversación suya, grabada en su despacho, con el ex director de la Oficina Antifraude de Cataluña, Daniel de Alfonso.

El ministro ya no está, Martín Blas dimitió como consecuencia de un patinazo y de su mala relación con su jefe directo, Pino, quien, a su vez, ya no ocupa el puesto clave de DAO. Hasta Villarejo ya ha dejado de trabajar para Interior.

Parece, pues, que hay un claro vencedor en esta guerra. Por ello, llama aún más la atención que el CNI entre al trapo por unas notas incorporadas a un sumario y de credibilidad dudosa. Por tanto, o ha cometido un error de comunicación, o Villarejo cuenta aún con cartas suficientes como para echar ese órdago.

Lo que está claro es que las peleas internas lideradas por grupos de poder deben concluir de una vez. Las raíces llevan mucho tiempo envenenadas y ha llegado la hora de extirparlas.